La organización Reporteros Son Fronteras (RSF) documentó 169 periodistas asesinados en México durante los últimos 20 años y sostuvo que el 99 % de esos crímenes permaneció sin esclarecerse por completo, un escenario que atribuyó a fallas judiciales, ausencia de protección y redes de complicidad con el crimen organizado. La cifra equivalió a un promedio de ocho homicidios de profesionales de la información por año.
Durante la presentación de un monitoreo sobre los asesinatos, Reporteros Sin Fronteras pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum adoptar “con carácter de urgencia” todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas. La organización consideró que los homicidios ocurrieron en un contexto de impunidad prácticamente absoluta.
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El informe precisó que menos de 1 % de los casos llegó a esclarecerse por completo. En 20 años, 168 asesinatos no permitieron identificar al autor intelectual ni determinar el móvil del crimen, de acuerdo con el registro presentado por la organización.
RSF señaló que los cárteles y otros grupos del crimen organizado figuraron como los principales responsables de la mayoría de los asesinatos. Añadió que atribuirles los hechos sin destinar recursos para detenerlos ni desarticular las redes que los protegían también comprometió la responsabilidad del Estado mexicano.
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Artur Romeu, director de RSF para América Latina, afirmó que desde hace dos décadas los periodistas mexicanos fueron considerados una amenaza por “un entramado de gobernanza criminal”. El organismo describió esta violencia como la serie más prolongada de asesinatos contra profesionales de la información en un país en paz durante el siglo XXI.
“Hablar de los periodistas asesinados en México es hablar de casos de tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en plena calle junto a mensajes de advertencia”, expresó Romeu en el comunicado. La declaración retrató patrones de violencia extrema en los crímenes incluidos en el monitoreo.
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El director regional también vinculó los asesinatos con el funcionamiento del sistema de justicia. “Es hablar también de un sistema judicial que, en el mejor de los casos, es ineficaz y, en el peor, corrupto, y que llega incluso a dirigir acusaciones contra los propios periodistas”, sostuvo.
La organización indicó que en varios expedientes los cárteles aparecieron señalados como responsables e incluso reivindicaron los homicidios. En otros casos existieron indicios de una posible participación de estas estructuras criminales, sin que las investigaciones lograran establecer todas las responsabilidades.
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RSF retomó el trabajo de Propuesta Cívica, una organización mexicana defensora de la libertad de expresión que brindó apoyo a las familias de periodistas asesinados y que colaboró con el organismo internacional en México. La agrupación documentó irregularidades durante las primeras etapas de las indagatorias, cuando se definieron las posibilidades de esclarecer los crímenes.
Entre los problemas detectados estuvieron la pérdida o conservación inadecuada de pruebas, líneas de investigación incompletas, falta de análisis del contexto, coordinación deficiente entre autoridades y ausencia de voluntad política en numerosos casos. Estas fallas ocurrieron antes de que las investigaciones pudieran establecer el móvil o identificar a todos los responsables.
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El reporte reconoció que México contó desde 2006 con una unidad especializada para investigar delitos cometidos contra periodistas. Su mandato se amplió en 2010, cuando dio origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, conocida como Feadle.
También existió desde 2012 un mecanismo federal de protección destinado a reforzar la seguridad de periodistas. Al 31 de agosto de 2026, 701 periodistas se encontraban incorporados a ese esquema, según datos del Gobierno mexicano.
RSF señaló que las condenas por asesinatos de periodistas aumentaron desde la creación de la Feadle. Entre 2006 y 2016 se dictaron cinco sentencias, mientras que durante la década siguiente se registraron al menos 33 condenas.
El avance en las sentencias no modificó el alto nivel de impunidad descrito en el monitoreo. En total, 21 casos fueron esclarecidos de manera parcial. (Con información de EFE)