La Autoridad Nacional de Aduanas entregó 3.787 pacas de cigarrillos al Ministerio Público, tras dos diligencias de retención realizadas por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera.
La mercancía, valorada en $2.840.250,00, quedó bajo control de las autoridades judiciales para avanzar con los procedimientos establecidos.
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Parte de los productos fue destruida mediante trituración, con la participación del Ministerio Público y el Ministerio de Salud.
La actuación de Aduanas reúne operativos contra el comercio ilícito, la pesca ilegal y posibles infracciones a los derechos de propiedad intelectual en distintos puntos de Panamá.
En los operativos los inspectores retuvieron productos marinos sin permisos, cigarrillos de presunta procedencia ilegal y perfumes de diversas marcas para que cada caso continúe por la vía administrativa o judicial correspondiente.
En detalle, la primera entrega incluyó 2.146 pacas de cigarrillos que estaban almacenadas en dos contenedores bajo custodia de la Autoridad Nacional de Aduanas.
El Ministerio Público retiró esa carga para continuar con el trámite judicial y ordenar su posterior destrucción, según las disposiciones aplicables.
El segundo expediente abarcó 1.641 pacas incautadas durante la Operación Río, desarrollada por unidades de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera.
Durante ese procedimiento, los inspectores interceptaron un furgón que transportaba cigarrillos de presunta procedencia ilegal. La carga tenía como destino un establecimiento Duty Free ubicado en la provincia de Chiriquí.
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Las autoridades trituraron la totalidad de la mercancía involucrada en esa actuación, conforme a las órdenes judiciales y a la coordinación entre las instituciones participantes.
En otro operativo, en el Puesto de Control de Guabalá, los inspectores revisaron un vehículo que trasladaba grandes tinas hieleras que en su interior contenían camarones y cambute sin documentación.
El conductor no presentó los permisos regulatorios exigidos para respaldar el transporte de la carga. Por ese motivo, los funcionarios retuvieron los camarones y el cambute, también conocido como caracol marino.
La mercancía quedó a disposición de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Esa entidad debe determinar las actuaciones posteriores relacionadas con los productos retenidos.
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Los camarones se encontraban dentro del período de veda comprendido entre el 1 de septiembre y el 11 de octubre, de acuerdo con la información disponible sobre el operativo.
La restricción impide la captura y comercialización de ese recurso durante esas fechas. Las autoridades buscan proteger las especies y verificar el origen legal de los productos pesqueros que circulan en el país.
El caracol marino de la familia Strombidae está sujeto a una veda que se mantiene desde hace diez años consecutivos en todo el territorio nacional.
La medida prohíbe la captura, extracción y venta del cambute. Los comercios, plantas procesadoras y productores que posean inventario deben contar con las autorizaciones requeridas.
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Entre los documentos exigidos figura el certificado de inspección ocular emitido por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Ese requisito permite acreditar la situación de los productos almacenados antes de la restricción.
Los controles sobre la carga marina apuntan a reforzar los mecanismos de trazabilidad. Las autoridades buscan identificar el recorrido de los recursos pesqueros y cerrar brechas que faciliten la pesca ilegal.
En otra acción de fiscalización, los funcionarios de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera retuvieron 31 bultos con perfumes de distintas marcas.
La diligencia se realizó en un local ubicado en Colón 2000, ante la presunción de un posible delito contra los derechos de propiedad intelectual.
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Los inspectores trasladaron los productos a la Oficina de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Zona Norte, en la provincia de Colón.
La carga permanecerá bajo resguardo mientras avanzan los trámites y procedimientos que correspondan. Las autoridades deberán establecer si la mercancía cumple con la normativa vigente.