La decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de modificar el circuito que utilizaban las empresas para operar con cheques electrónicos a través del mercado de capitales generó una rápida reacción entre las pequeñas y medianas empresas. La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó formalmente este miércoles la suspensión de la medida y referentes empresarios alertaron por su efecto sobre el capital de trabajo y los estrechos márgenes de rentabilidad.
El cuestionamiento surgió a partir de la Resolución General N° 1166/2026, que modificó una operatoria que permitía a las empresas depositar eCheqs directamente en una cuenta comitente a través de un agente de liquidación y compensación (Alyc), invertir esos fondos y utilizarlos posteriormente para realizar pagos.
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El mecanismo comenzó a funcionar cuatro meses atrás y, según explicaron los empresarios consultados, se convirtió en una herramienta para administrar el capital de trabajo en un escenario de dificultades para acceder al crédito. Al evitar que los fondos pasaran necesariamente por una cuenta bancaria, las operaciones no quedaban alcanzadas por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque.
El tributo aplica una alícuota de 0,6% sobre los créditos y otro 0,6% sobre los débitos, por lo que el ahorro podía alcanzar 1,2% del monto operado. Con la nueva disposición, los ingresos y egresos de las cuentas comitentes deben realizarse mediante transferencias bancarias.
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La reacción de la industria se formalizó a través del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la UIA, que envió hoy una nota al presidente de la CNV, Roberto Silva, para plantear “la preocupación del sector industrial por los efectos de la Resolución General N° 1166/2026 sobre los circuitos de cobro y pago de las empresas”.
La entidad remarcó que la decisión llegó en un contexto de “estancamiento de la actividad productiva, caída del empleo, acceso al financiamiento caro y acotado para las empresas y desafíos de competitividad a nivel internacional”. “Sus consecuencias exceden el alcance de los objetivos planteados por la normativa incrementando el costo del capital de trabajo y, en consecuencia, deteriorando la competitividad de las compañías”, sostuvo la UIA en la carta.
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Por lo tanto, la central fabril solicitó “suspender la medida” y señaló que continuará trabajando en espacios de diálogo con autoridades nacionales y subnacionales para reducir los impuestos que afectan la competitividad de las empresas frente a la apertura del mercado.
Eduardo Maradona, presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Santa Fe y miembro del Movimiento Nacional Pyme (Monapy), que reúne a más de 50.000 Pymes, explicó cómo funcionaba la herramienta.
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“Nosotros podíamos depositar cheques y eCheq en Bolsa de Valores a través de un bróker de la Bolsa. Eso iba a un fondo de la Bolsa que generaba un rendimiento, y cuando cuando necesitabas el dinero, ellos te lo devolvían o te daban el cheque. Te evitabas pagar el impuesto”, explicó. Para Maradona, esa posibilidad representó una herramienta de trabajo y financiamiento. “Te ahorrás el cheque, el 1,2%”, señaló.
El empresario sostuvo que ese porcentaje adquiere mayor importancia por la caída de la rentabilidad. “Antes ajustábamos por inflación, ahora no lo podemos hacer. Aunque no vendieras, los errores te los corregía la inflación. Hoy los precios, al tener cierta estabilidad, hacen que estés muy justo”, afirmó. A ese escenario, sumó el incremento de tasas municipales, impuestos provinciales y servicios. Según señaló, los costos de agua, electricidad y gas subieron cerca de 700% y pasaron a tener una incidencia mucho mayor sobre las empresas.
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“La rentabilidad cayó mucho”, aseguró. Y agregó sobre la modificación de la CNV: “Esto hace que te quede menos, cuando habíamos logrado tener un punto de rentabilidad”. Maradona también apuntó a las dificultades para conseguir financiamiento. Según afirmó, las pymes aportan el 45% del PBI pero reciben sólo el 2% del financiamiento y muchas tampoco califican para obtener crédito, mientras las tasas continúan en niveles elevados.
A su turno, Salvador Femenia, vocero de CAME, puso el foco en el costo fiscal y en la mayor carga administrativa que, según señaló, generará la nueva operatoria. El dirigente remarcó especialmente la incidencia del 1,2% sobre empresas con márgenes reducidos. “El perjuicio más grande es el tema de carga fiscal. 1,2% dentro de todos los costos que hay y márgenes pequeños que le quedaron a cualquier comerciante y empresa industrial es mucho. Mueve la aguja porque los márgenes son muy chicos”, afirmó.
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Femenia también señaló que las pequeñas compañías tienen menos posibilidades de trasladar esos mayores costos a sus precios. “El pequeño industrial o comerciante que no tiene posición dominante en el mercado no puede trasladar los costos”, explicó. Según describió, las empresas están “muy justas” y cuentan con un margen bruto reducido para absorber toda su estructura de gastos. También señaló que comercios e industrias con una extensa trayectoria atraviesan dificultades y que algunas firmas debieron reducir sus planteles.
“Comercios o industrias que tuvieron mucho recorrido hoy la están pasando mal. Se tuvieron que desprender de gente que costó mucho tiempo y para la Pyme desprenderse de una persona es complicado”, afirmó.
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La controversia por la resolución de la CNV coincidió con otros planteos que la UIA realizó por la situación de las pequeñas y medianas empresas.
Durante la reunión mensual de su Junta Directiva de este martes, representantes de diferentes sectores y regiones expresaron preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída del empleo y los costos que restan competitividad. La producción industrial registró en julio una caída interanual de 4,9% y 12 de los 16 sectores que integran el Índice de Producción Industrial retrocedieron frente al mismo mes del año anterior.
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Al término del encuentro, la entidad informó que remitió a la Subsecretaría PyME un documento con propuestas para aliviar la situación, entre ellas la suspensión de embargos durante 180 días, la reducción de la tasa de financiación de ARCA para Pymes, el diferimiento de vencimientos de IVA para actividades estacionales y la postergación de contribuciones patronales para economías regionales.
El financiamiento ocupó un lugar central en esos reclamos. Según la UIA, la presión tributaria sobre la intermediación financiera eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo: una TNA de referencia de 35% pasa a un costo financiero total de 41,4%. La entidad señaló además que el crédito bancario representa sólo 12% del PBI en la Argentina, frente a un promedio regional cercano al 60%.