La Junta de Andalucía estudia recurrir al Tribunal Constitucional el reparto de 180 millones de euros en ayudas estatales para las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. Los servicios jurídicos autonómicos analizan, según ha adelantado la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, si el decreto que regula estas subvenciones incurre en alguna causa de inconstitucionalidad.
“Fue una sorpresa” que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara la semana pasada una norma que duplica los fondos inicialmente previstos, de 90 a 180 millones de euros, y los reservara a cinco comunidades autónomas, ha señalado Díaz durante los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, celebrados en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla. Estas ayudas irán destinadas a Catalunya, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias.
La consejera ha cuestionado que el acceso a estos recursos dependa de que los gobiernos autonómicos hayan declarado zonas tensionadas, una figura prevista en la legislación estatal, pero cuya aplicación es voluntaria. A su juicio, el Ejecutivo de Sánchez favorece a las comunidades que han optado por esta herramienta y deja fuera a otras que también afrontan dificultades para garantizar el acceso a la vivienda.
“Es el dinero de todos. ¿Por qué no se aplica al resto?”, ha planteado Díaz, que considera que el reparto responde a un “sesgo político claro”. La Junta ya había presentado alegaciones contra la propuesta inicial, dotada con 90 millones de euros.
Catalunya concentra la mayor parte de las ayudas
El Real Decreto 851/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 22 de octubre, distribuye los 180 millones entre Catalunya, que recibirá 119,47 millones de euros; el País Vasco, con 31,01 millones; Navarra, que se beneficiará de 13,38 millones; Galicia, con 10,22 millones; y Asturias, que percibirá 5,92 millones.
El reparto reserva así cerca de dos tercios de los fondos a Catalunya. Las cantidades se calculan teniendo en cuenta la población residente en las zonas declaradas tensionadas y el porcentaje de hogares que destinan más del 40% de sus ingresos netos al pago del alquiler de su vivienda habitual.
Las subvenciones permitirán financiar actuaciones destinadas a ampliar el parque de vivienda asequible, como la promoción y rehabilitación de inmuebles, la adquisición de suelo residencial y la urbanización de terrenos. También contemplan la compra de viviendas para incorporarlas al parque de alquiler social o asequible y la cobertura de determinados impagos de rentas de arrendamiento.
Díaz ha cuestionado que estas actuaciones no puedan recibir financiación a través de la misma línea estatal en comunidades que no han declarado zonas tensionadas. La consejera ha defendido que la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación y la urbanización son medidas necesarias con independencia de que un territorio aplique o no esa figura.
Andalucía apuesta por las áreas prioritarias de vivienda
Andalucía no ha declarado zonas de mercado residencial tensionado y, por tanto, no figura entre las comunidades beneficiarias de estas subvenciones. La Junta rechaza esta herramienta y defiende una política centrada en ampliar la oferta de vivienda.
La Ley 5/2025, de 16 de diciembre, de Vivienda de Andalucía, recoge en su artículo 21 la figura de las áreas prioritarias de vivienda. Esta permite a la Administración autonómica concentrar actuaciones y programas públicos en ámbitos donde existan necesidades de vivienda y dificultades de acceso. Su delimitación requiere el correspondiente procedimiento administrativo, por lo que la existencia de esta figura legal no significa que todas esas áreas estén ya declaradas.
Se trata de un instrumento distinto de las zonas de mercado residencial tensionado reguladas por la Ley estatal 12/2023, por el derecho a la vivienda. Esta última permite declarar un ámbito tensionado cuando concurren determinados indicadores de dificultad para acceder a una vivienda a precios razonables y se cumplen los requisitos legales, entre ellos la elaboración de un plan específico de medidas correctoras.
“Hacemos política en positivo”, ha defendido Díaz. La consejera sostiene que la respuesta al problema de la vivienda pasa por movilizar recursos y aumentar la oferta, en lugar de aplicar restricciones al mercado del alquiler.
En su intervención, también ha cuestionado los efectos de la regulación en Catalunya. Según ha afirmado, los anuncios de viviendas en alquiler reciben ahora cinco o seis veces más solicitudes que antes, frente a las diez que, según su relato, llegaban anteriormente. La consejera ha utilizado esta comparación para defender la posición de la Junta, aunque no constituye por sí sola una medición oficial de los efectos de la declaración de zonas tensionadas.
Otros recursos
El posible recurso contra el reparto de los 180 millones se sumaría a la decisión de Andalucía de acudir al Tribunal Constitucional contra dos decretos estatales en materia de vivienda que fueron rechazados en la Diputación Permanente del Congreso.
La Junta mantiene así su oposición a varias de las medidas impulsadas por el Gobierno central. Por el momento, Díaz ha confirmado que los servicios jurídicos estudian si el decreto de las subvenciones puede vulnerar la Constitución, pero no ha anunciado la presentación efectiva de un recurso contra esta norma.
Córdoba, 1984. Periodista. He desarrollado mi carrera en distintos medios de información editados en Sevilla, siempre buscando historias que reflejen la realidad en la que vivimos