El despacho Mendieta y Asociados, que representa al contralmirante Fernando Farías Laguna, reveló la tarde de este 19 de agosto a Infobae México que la deportación de su cliente a territorio nacional está confirmada.
El exmando de la Secretaría de Marina (Semar), acusado de encabezar junto con su hermano la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos” en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico, será trasladado en las próximas horas a bordo de un avión bajo custodia de la Interpol, según la misma fuente.
Según la defensa legal del hombre detenido el pasado 23 de abril de 2026 en Argentina, hasta el momento no ha despegado la aeronave que lo trasladará.
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La información disponible hasta el momento es escasa: diversos medios de comunicación han reportado detalles del operativo con base en fuentes federales, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hayan emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó desde la mañana del pasado 18 de agosto.
Reportes del medio N+ con base en fuentes federales dijeron que autoridades mexicanas ya se encontraban en Buenos Aires para recibir a Farías Laguna y trasladarlo ante el juez federal que lo requiere por el delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. El mismo medio compartió fotografías en las cuales se observa un jet de la Semar sobre una pista, acompañadas con marcas de agua propias de una cámara corporal, las cuales revelan que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
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El destino final de Fernando Farías sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ya se encuentra recluido su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Ambos son señalados como sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien representó a la institución naval en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El periodista Arturo Ángel había adelantado en su cuenta de X (antes Twitter) que la entrega estaría a cargo de la Interpol Argentina y que la comparecencia ante el juez de control del Altiplano ocurriría el jueves 20 o el viernes 21 de agosto a más tardar.
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Reportes extraoficiales citados por El Universal señalaron que el gobierno de Estados Unidos habría presionado a las autoridades argentinas para que accedieran al proceso de deportación. Según esas mismas fuentes, Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales de Fernando Farías Laguna.
La gestión se habría realizado en presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien se encuentra en Buenos Aires para participar en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por la DEA.
Este mismo 19 de agosto la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, compartió una publicación en la que reveló que existió una reunión con Harfuch. “Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado”, dijo Monteoliva en redes sociales.
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Infobae México consultó al despacho Mendieta y Asociados sobre la presunta intervención de Estados Unidos en la deportación de su cliente. La defensa respondió que no cuenta con información al respecto.
El pasado 18 de agosto, el equipo legal de Fernando Farías emitió una tarjeta informativa en la que desmintió que la extradición hubiera sido concedida y precisó que el juicio de extradición estaba programado para el 27 de agosto en Argentina. La precisión respondió a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo ese mismo día en conferencia matutina, donde señaló que “todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, sin precisar fecha.
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El comunicado del despacho Mendieta y Asociados subrayó que extradición, deportación y expulsión son procedimientos jurídicos distintos.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada, y se rige en México por la Ley de Extradición Internacional con intervención de la SRE, la FGR y el Poder Judicial; puede tomar meses o años.
La deportación, en cambio, es definida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como un acto administrativo mediante el cual un país expulsa a un extranjero de su territorio por violaciones a la ley migratoria, y puede ejecutarse de forma más expedita.
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Fernando Farías Laguna enfrentaba precisamente un proceso paralelo de expulsión derivado de haber ingresado a Argentina con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos.