El presidente Abelardo de la Espriella anunció un acuerdo con los principales empresarios y grupos financieros del país para reducir del 14% al 8% efectivo anual (E. A.) las tasas de los créditos de vivienda destinados a familias afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026. La medida solo se aplicará en las regiones impactadas por el sismo, entre las que están Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó.
El anuncio se hizo luego de una reunión del mandatario en la sede de la Presidencia en Barranquilla, con la presencia de figuras clave del sector financiero, como Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Dicho acuerdo incluye la participación de los bancos de Grupo Aval, Davivienda, GNB Sudameris y Bancolombia, que ofrecerán la tasa especial del 8% anual a los damnificados que soliciten créditos de vivienda.
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La condición es que esta tasa se mantenga durante toda la vida del préstamo, con el objetivo de aliviar la carga financiera de las familias y facilitar la reconstrucción en las zonas afectadas.
Un día después del anuncio, la decisión recibió respaldo de expertos y gremios del sector. El CEO de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo, calificó la medida como “una muy buena noticia”. Dijo a Portafolio que una tasa del 8% “es un alivio financiero muy importante para los hogares damnificados” y un impulso adicional para la construcción, un sector que atraviesa una coyuntura crítica.
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Mejía advirtió que el reto es que la reducción “pueda extenderse de manera sostenible al resto del país”. Para lograrlo, dijo al medio, será fundamental “seguir reduciendo la inflación y el riesgo fiscal”.
Por su parte, por medio de X, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) también respaldó el anuncio. El gremio afirmó que “es mucho más que una tasa: es una herramienta concreta para que miles de familias puedan recuperar su vivienda y empezar a reconstruir sus vidas”.
Añadió que espera que este “gesto de solidaridad” inspire nuevos compromisos. También sostuvo que “la reconstrucción no termina cuando pasa la emergencia: las familias seguirán necesitando nuestro respaldo durante todo el camino. Ahora, el desafío es articular rápidamente crédito, subsidios, seguros y garantías, para que cada hogar tenga una alternativa de solución de acuerdo con sus necesidades y capacidad de pago”.
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Con anterioridad, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera Castaño, dijo que la medida “convierte el crédito en una herramienta fundamental para la reconstrucción”. Según explicó, una tasa del 8% efectivo anual durante toda la vida del crédito “reduce de manera significativa el esfuerzo financiero que tendrán que hacer muchas familias para recuperar su vivienda”.
Sobre lo que cambia para las familias el nuevo tipo de interés, el gerente de Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA 2024, Rodrigo Hernández Alzate, describió la decisión como “un hito de choque en materia de política monetaria crediticia y bancaria”. Su análisis parte de una rebaja de 600 puntos básicos (pb) al pasar de un promedio cercano al 14% E. A. al 8%. Según él, ese recorte disminuye la cuota mensual de los deudores en más de 30%.
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Anotó que “para una familia en reconstrucción, este diferencial no es un descuento menor, sino la línea divisoria entre conservar la viabilidad financiera o caer en cartera vencida”. Añadió que, con una tasa nominal del 8% mantenida durante toda la vida del crédito, y según los niveles de inflación, la banca puede entregar financiación a una tasa real cercana a cero o incluso negativa. En ese marco, definió la decisión como una “buena medida para ayudar en la reconstrucción sin asfixiar a los afectados”.
Hernández Alzate señaló además que, luego de un desastre natural, el crédito suele contraerse por la pérdida de activos, el desempleo y la interrupción de ingresos. Dijo que la banca puede contrarrestar esa parálisis al ofrecer liquidez más barata a la oferta y a la demanda, lo que estimula la cadena de la construcción y la reactivación del empleo local.
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También precisó que el beneficio aplica principalmente a nuevos desembolsos destinados a la recuperación física. Para obligaciones preexistentes a la tragedia, las entidades contemplan alivios como reestructuraciones, periodos de gracia o congelamiento temporal, según la condición de vulnerabilidad.
Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA 2024 incluyó la decisión dentro de una lógica contracíclica. “Más allá de la asistencia social primaria, esta medida técnica demuestra el rol del crédito contracíclico como motor de resiliencia macroeconómica en situaciones de desastre natural”, afirmó.
Para Camacol, la rebaja de tasas debe integrarse a una estrategia más amplia. Herrera planteó que no todos los hogares afectados tienen la misma capacidad de pago ni las mismas necesidades frente a la reconstrucción de su vivienda.
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Según explicó, habrá hogares que necesiten subsidio, otros que puedan combinar subsidio y crédito, y otros con capacidad para asumir una mayor parte de la solución mediante financiación. “Hay que tener una solución para cada tipo de daño”, dijo. El gremio propone que la reconstrucción no se maneje con las reglas habituales de los programas de vivienda. “No se pueden usar los mecanismos ordinarios”, sostuvo Herrera, que pidió un régimen especial con medidas tributarias, financieras y administrativas ajustadas a la magnitud de la emergencia.
Dicha discusión tiene especial importancia en Pereira y Manizales, donde también hay hogares de clase media, incluidos sectores de estratos tres, cuatro y cinco, afectados por el terremoto. Camacol sostiene que, en esos casos, las soluciones no deben limitarse a los mecanismos tradicionales de vivienda de interés social.
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Guillermo Herrera Castaño explicó que el Gobierno avanza en un paquete de decretos ordinarios orientados a facilitar los trámites de licenciamiento y generar alivios relacionados con los servicios públicos. A eso se suma la definición de las fases de reconstrucción, determinadas por la clasificación de los daños y el registro de las personas afectadas.
El gremio también respaldó la posibilidad de eliminar temporalmente el IVA de los materiales usados en construcción y reparación de viviendas. Sobre esa propuesta, Herrera dijo: “La compartimos absolutamente”. Camacol también planteó mantener los incentivos tributarios existentes para el sector de la construcción y crear herramientas que compensen el aumento de los costos de producción que ha enfrentado la industria en los últimos años.
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Según las cifras mencionadas por Herrera, hay más de 140.000 viviendas que necesitan arreglos tras el terremoto y unas 30.000 que deben ser reemplazadas por completo. Por eso, remarcó que “la política se debe concentrar principalmente en la reparación de viviendas”.
El dirigente también alertó sobre el contexto en que el sector enfrenta esta emergencia. De acuerdo con sus datos, durante los últimos años se perdieron más de 400 empresas constructoras y la producción de vivienda cayó a sus niveles más bajos de los últimos 15 años. Para el gremio, la reconstrucción requerirá coordinación entre el Gobierno nacional, alcaldías, gobernaciones, constructores, entidades financieras y organismos internacionales. El objetivo, según la visión del sector, es restablecer las condiciones para que las familias recuperen su vivienda, su patrimonio y su proyecto de vida.