El Ministerio del Agro y la Producción realizó la primera reunión de trabajo para avanzar con el proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera, una iniciativa que propone establecer un precio mínimo sostén para el kilo de hoja verde de yerba mate.
La propuesta surge en un contexto de crisis para los productores, luego de que el DNU 70/23 del Gobierno nacional modificara las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que dejó de intervenir en la regulación del precio de la materia prima.
El proyecto fue presentado por productores yerbateros al gobernador Hugo Passalacqua el jueves pasado en Casa de Gobierno, en un encuentro que también contó con la participación de tareferos. Antes de esa reunión, el sector había recibido el respaldo del obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez.
Durante la mesa de trabajo realizada este lunes participaron el ministro del Agro, Facundo Sartori; el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel; el director por la Producción en el INYM, Roberto Ferreyra; el dirigente del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), Salvador Torres; y el abogado del sector productivo, Federico Padolsky, quien presentó los fundamentos jurídicos de la iniciativa.
También estuvieron presentes diputados provinciales, entre ellos Arabela Soler, María del Carmen Méndez Asón, Juan Szychowski y Hugo Benítez, quienes participaron del análisis del proyecto en representación de la Legislatura provincial.
Según se informó, la iniciativa podría tomar estado parlamentario el próximo 13 de agosto, durante la primera sesión de la Cámara de Representantes, donde comenzaría su tratamiento y la etapa de debate en comisiones.
El eje central del proyecto es otorgar al Poder Ejecutivo provincial la facultad de establecer un precio mínimo obligatorio para la hoja verde de yerba mate, con el objetivo de garantizar que el valor cubra los costos de producción, las obligaciones laborales, previsionales y fiscales, además de contemplar un margen de rentabilidad para los productores.
La fundamentación del proyecto sostiene que la medida no busca establecer un precio único ni limitar acuerdos comerciales por encima del valor fijado, sino generar un piso que permita sostener la actividad productiva.
“El objetivo es asegurar un piso jurídico indispensable para evitar la desaparición de miles de explotaciones familiares”, señala el texto de la iniciativa.
Además, el proyecto plantea que la emergencia declarada no implica la creación de nuevas competencias para la provincia, sino el ejercicio de atribuciones vinculadas con la protección del desarrollo regional, la producción, el trabajo rural y el interés público.
Fiscalización y sanciones
La propuesta también contempla herramientas de control para garantizar el cumplimiento del precio mínimo establecido, junto con mecanismos de regularización de operaciones y sanciones administrativas ante eventuales incumplimientos.
En ese marco, el proyecto establece que los fondos provenientes de multas deberán ser destinados exclusivamente al fortalecimiento de los controles y a la asistencia técnica para el sector yerbatero.