La iniciativa se da después de que la Cámara en lo Penal y Contravencional de la Ciudad revocara la resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación de la ley a un adolescente de 14 años investigado por una tentativa de robo en Palermo.
09 de octubre 2026, 21:04hs
Régimen Penal Juvenil: la Defensoría Oficial busca que la Justicia porteña revise la baja de la edad de imputabilidad. (Foto ilustrativa generada con IA)
La Defensoría Oficial presentó un recurso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revise la cuestión vinculada con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. La presentación fue impulsada por el defensor Emilio Capuccio ante la Cámara de Apelaciones, con el objetivo de que la discusión llegue al máximo tribunal porteño.
La iniciativa se conoce después de que la Cámara en lo Penal y Contravencional de la Ciudad revocara la resolución de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación de la ley a un adolescente de 14 años investigado por una tentativa de robo en Palermo. La magistrada también había dispuesto el sobreseimiento del joven.
El expediente se originó por un episodio ocurrido el 10 de septiembre. Según la reconstrucción judicial, un hombre de 47 años pidió ayuda a un policía luego de advertir que un grupo de adolescentes lo seguía. La intervención de los efectivos impidió que se concretara el robo.
La jueza porteña, Laura de Marinis, declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseyó a un menor de 14 años. (Foto: ijudicial)
Al fundamentar su decisión, De Marinis sostuvo que su planteo se limitaba a las circunstancias particulares del adolescente y no implicaba cuestionar la validez general del régimen. Entre los aspectos que consideró mencionó que el joven estaba fuera del sistema educativo y atravesaba dificultades para alimentarse. A su criterio, someterlo a un proceso penal podía tener efectos regresivos y estigmatizantes.
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La Fiscalía apeló esa resolución y el caso llegó a la Sala III de la Cámara de Apelaciones, integrada por Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza. Los tres jueces coincidieron en revocar el fallo, aunque expusieron fundamentos propios.
Mahiques sostuvo que la jueza no había demostrado que el artículo 1 de la Ley 27.801 fuera incompatible con la Constitución o los tratados internacionales. Consideró que sus argumentos expresaban, en cambio, una valoración crítica de la política criminal elegida por el Congreso. En la misma línea, señaló que los jueces no pueden reemplazar una decisión legislativa por otra solo porque la consideren más conveniente.
"Si quieren legislar, vayan al Congreso", señaló JorgeMacri con ironía respecto de la decisión de la jueza De Marinis que suspendía la Ley Penal Juvenil. (Foto: captura X @jorgemacri)
Por su parte, Franza cuestionó el procedimiento utilizado y advirtió que la resolución había afectado el debido proceso. La Cámara también apartó a De Marinis del expediente al considerar que su pronunciamiento anticipaba una posición sobre la relevancia penal de la conducta investigada.
Qué puede pasar ahora
Con el nuevo recurso, la Defensoría busca que el máximo tribunal porteño examine los cuestionamientos constitucionales vinculados con la norma. La presentación abre una nueva instancia en una controversia judicial que comenzó poco después de la entrada en vigencia del régimen, el 5 de septiembre.
Mientras se tramita el planteo, la ley continúa vigente. La decisión de la Cámara dejó sin efecto el sobreseimiento dictado por De Marinis y dispuso que otro juez quedara a cargo de la causa, que podrá continuar con la investigación de la tentativa de robo.
La discusión de fondo gira en torno al alcance de la intervención penal del Estado sobre adolescentes de 14 años y los límites del control judicial sobre las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo. La eventual intervención del Tribunal Superior porteño podría sumar una nueva definición judicial sobre los cuestionamientos planteados contra la aplicación de la normativa.