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El Gobierno porteño puso en marcha el proceso para cambiar el sistema de recolección de residuos a partir de 2028 con una licitación internacional que introducirá modificaciones en la forma de pagarles a las empresas, incorporará controles tecnológicos y reorganizará la prestación en los barrios. El rediseño, que busca atar una parte de la remuneración de las contratistas a la calidad efectiva del servicio, abrió al mismo tiempo una fuerte pulseada con el Sindicato de Camioneros por un beneficio que el gremio estima en u$s 200 millones.
La discusión comenzó a tomar temperatura con el arranque de la audiencia pública convocada para analizar los proyectos de pliegos que regirán durante el período 2028-2038. Allí, la administración de Jorge Macri presentó los principales lineamientos de un esquema que apunta a modificar la lógica vigente: las empresas ya no cobrarían únicamente por cumplir con las prestaciones contratadas, sino que una parte de sus ingresos dependería de indicadores de desempeño y de la evaluación que hagan los propios vecinos sobre la limpieza de cada zona.
Pero la discusión técnica, que se extenderá a lo largo de la semana con cerca de 1500 inscriptos para participar, quedó atravesada por un conflicto laboral de alto voltaje. Camioneros exige que los nuevos contratos mantengan el mecanismo de indemnizaciones que funciona al finalizar las concesiones actuales y que permite a los trabajadores cobrar una compensación pese a conservar sus puestos bajo las nuevas adjudicatarias. El Gobierno porteño, según el proyecto en discusión, no prevé reproducir esa cláusula.
Ese punto llevó a Pablo Moyano y a la conducción gremial a convocar una movilización a la Legislatura y anunciar asambleas en las empresas que operan el servicio. El sindicato sostiene que hay más de 7000 trabajadores alcanzados y busca presionar para que la compensación quede incorporada antes de que se aprueben los pliegos definitivos.
Licitación: Cómo son los nuevos contratos para la recolección de basura en la Ciudad
El objetivo oficial es reemplazar los contratos adjudicados en 2013, que comenzaron a regir en octubre de 2014 y fueron prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2028. El nuevo esquema tendrá una duración prevista de diez años y, según el anteproyecto presentado por la Secretaría de Higiene, reorganizará la Ciudad en ocho zonas de prestación, frente a las siete actuales. Hoy seis se encuentran concesionadas a empresas privadas y la Zona 5, que comprende Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, permanece bajo administración directa del Ente de Higiene Urbana.
Uno de los principales cambios estará en el sistema de remuneración. La Ciudad plantea dividir el pago a las contratistas entre un componente fijo y otro variable, sujeto a la calidad de la prestación. Para calcularlo se combinarán indicadores técnicos de cumplimiento con encuestas a vecinos y los reclamos de limpieza registrados en cada barrio.
La lógica es introducir un incentivo económico directo: si una empresa queda por debajo de los estándares previstos, cobrará menos. Las adjudicatarias también deberán presentar propuestas para mejorar la limpieza de sus zonas y ofrecer soluciones frente a problemas específicos que aparezcan durante la vigencia del contrato.
El esquema de fiscalización incorporará además más tecnología. El proyecto prevé seguimiento satelital de los camiones, sensores para medir el nivel de llenado de los contenedores y procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial. La combinación de esas herramientas permitiría controlar recorridos y frecuencias, detectar incumplimientos horarios e identificar puntos de acumulación de residuos para enviar cuadrillas de intervención inmediata.
También cambiará el mantenimiento de contenedores y cestos. En lugar de dejar esa tarea repartida entre los distintos operadores, la propuesta contempla concentrar la provisión, reparación y reposición en un prestador especializado, con la intención de reducir demoras y unificar estándares en toda la Ciudad.
La planificación de recorridos tampoco sería uniforme. Las frecuencias se adaptarían al volumen de residuos y a las características de cada barrio, mientras que el barrido manual y mecánico tomaría en cuenta variables como el flujo de peatones, la conformación de las cuadras y factores estacionales, entre ellos la caída de hojas. Esas tareas también quedarían sometidas a seguimiento por GPS.
El anteproyecto incorpora, además, la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables, con participación de recuperadores urbanos y cooperativas, y un circuito específico para residuos orgánicos que comenzaría por grandes generadores y determinadas zonas. A más largo plazo, contempla estudios de ingeniería y factibilidad para evaluar una eventual planta de tratamiento y valorización energética de residuos, aunque cualquier decisión sobre su construcción quedaría sujeta a los resultados técnicos, ambientales, sociales y económicos de esos análisis.
La audiencia pública es todavía una instancia consultiva y lo que se ponga sobre la mesa no es necesariamente vinculante. Pero desde la Ciudad indican que las observaciones recibidas podrán incorporarse antes de que se definan las condiciones finales y se realice el llamado formal a licitación.
La pulseada con Camioneros y la “Ley Moyano”: qué demanda el gremio a la Ciudad
El punto de mayor tensión no pasa, sin embargo, por la tecnología ni por la nueva fórmula de pagos. Camioneros reclama que el próximo contrato conserve las llamadas “Indemnizaciones Finales”, contempladas en los pliegos vigentes.
Actualmente, cuando termina una concesión, la empresa calcula la indemnización de sus trabajadores y, una vez auditada, la Ciudad entrega los fondos para que se efectúe el pago. Los empleados reciben esa suma y continúan trabajando bajo el nuevo esquema, ya sea con la misma compañía o con otra adjudicataria.
Es lo que dentro del sector se conoce como “Ley Moyano”, aunque no se trata de una norma jurídica. Es una práctica que Hugo Moyano consolidó desde fines de los años 90 y que combina indemnización y continuidad laboral. Tuvo uno de sus antecedentes en 1998, al finalizar el contrato de Manliba, y volvió a aplicarse en 2012, cuando la Legislatura porteña aprobó un bono de $ 220 millones para indemnizar recolectores ante un cambio de concesionarias.
La conducción de Camioneros sostiene que ese mecanismo constituye un “derecho adquirido”. Pablo Moyano prometió una “lucha durísima” y fijó como objetivo reunir a más de 20.000 manifestantes alrededor de la discusión legislativa. “Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando”, afirmó ante los trabajadores.
Por ahora, el sindicato no anunció un paro de recolección. La estrategia incluye estado de alerta, asambleas en las empresas y movilizaciones para presionar tanto al Ejecutivo como a los legisladores porteños. Las versiones sobre una eventual paralización del servicio durante la próxima visita del papa León XIV fueron desmentidas por el propio gremio.
La discusión promete acompañar todo el proceso licitatorio. Para la Ciudad, el desafío es avanzar hacia un servicio con mayor control sobre las empresas, más tecnología y pagos vinculados con resultados. Para Camioneros, el objetivo es que esa transformación no implique perder un mecanismo económico que el gremio considera una conquista histórica.