La Cámara de Representantes rechazó el miércoles 23 de septiembre las objeciones del presidente Abelardo de la Espriella al proyecto del senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, para preservar el mérito como requisito de acceso a cargos públicos. Con esta determinación, el articulado pasará a revisión de la Corte Constitucional, que dará su concepto de legalidad.
Con 130 votos por el Sí, el informe que negó las observaciones del jefe de Estado al proyecto de ley de mérito recibió un nuevo respaldo. La iniciativa de Cadavid busca impedir la reducción de requisitos para ocupar cargos públicos, aunque de manera sorpresiva recibió reparos inconstitucionalidad formulados por el mandatario, aunque los mismos fueron desestimados.
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En efecto, el proyecto propone limitar cambios en los manuales de funciones de las entidades estatales que puedan flexibilizar las condiciones exigidas para ingresar a puestos directivos. La comisión accidental aceptó únicamente una objeción relacionada con el título de la iniciativa, para ajustarlo a su contenido, pero recomendó rechazar las demás observaciones por inconveniencia.
Cadavid celebró la votación en la plenaria y sostuvo que el resultado mostró un respaldo transversal a la defensa de los criterios de selección en el Estado. “Esto tiene que ser además un proyecto que trascienda el nombre de los partidos y, por el contrario, nos permita hacernos un propósito general: que en la administración pública estén siempre los mejores”, dijo el congresista.
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De esta manera, el senador agradeció a los miembros de la comisión que estudió las objeciones y a las distintas bancadas que respaldaron el informe. También se dirigió a los representantes. “A la Cámara de Representantes, a mis compañeros, a quienes extraño tanto, un agradecimiento por este gesto de confianza”, destacó el parlamentario, que salió victorioso ante el legislativo.
La aprobación de la Cámara cerró el trámite legislativo iniciado en el Senado, que el 22 de septiembre avaló el informe de objeciones con 78 votos a favor y cuatro en contra. Con ese resultado, el Congreso insistió en la aprobación del articulado central del proyecto, que quiere poner un ‘tatequieto’ a lo que se registró durante la administración de Gustavo Petro con cargos públicos.
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A la par de de esta votación, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, que se reunió con la bancada del Centro Democrático para limar asperezas, precisó que la definición sobre las objeciones fue producto de conversaciones entre el Gobierno y el autor del proyecto. De entrada calificó el encuentro como “extraordinario” y enfatizó en cómo estarían “sincronizados” para lo que viene.
Según reveló Lara, el viceministro Carlos Eduardo Gechem se reunió con Cadavid para analizar el texto y alcanzar acuerdos. “Revisaron el proyecto, encontraron que se podía básicamente llegar a consensos, se llegó a consensos y el Congreso, básicamente, en ejercicio de su soberanía, rechazó las objeciones y mandó para la Corte Constitucional la revisión de ese proyecto”, declaró.
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Con ello, el jefe de la cartera política matizó lo que parecía era una crisis al interior de la coalición del Gobierno, al afirmar que hubo un entendimiento con el partido que comandado por el expresidente Álvaro Uribe. “Estamos básicamente muy sincronizados para apoyar proyectos de ley de la bancada del CD y por parte del CD apoyar proyectos de la agenda del Ministerio del Interior”.
La Constitución establece que, cuando el legislativo insiste frente a objeciones por inconstitucionalidad, corresponde a la Corte Constitucional decidir de manera definitiva sobre los puntos cuestionados por el Ejecutivo. Y, en caso de que De la Espriella no sancione la ley, un escenario que parece improbable, será el presidente del Congreso el que le dé vida jurídica.
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La Corte Constitucional deberá revisar ahora las objeciones de inconstitucionalidad que el Congreso decidió no acoger. Si el alto tribunal avala el procedimiento y el articulado, la norma seguirá su curso para convertirse en ley, aunque a juzgar por las afirmaciones del ministro Lara este sería un hecho superado como eventual escollo en su relación con los partidos de Gobierno.