A casi 14 años de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos de 15 niñas y niños víctimas de violencia sexual en el Jardín de Niños “Maestro Andrés Oscoy Rodríguez”, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) cuestionó el cierre de la Recomendación 76/2012 al considerar que no se verificó si las medidas ordenadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) son efectivas para evitar la repetición de estos casos.
La organización recordó en un comunicado que entre 2010 y 2011 diversos servidores públicos del plantel, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, cometieron actos de violencia sexual contra menores en edad preescolar.
Por estos hechos, la CNDH emitió en noviembre de 2012 la Recomendación 76/2012 dirigida a la SEP, en la que determinó violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad sexual, educación y sano desarrollo de 15 niñas y niños.
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La recomendación incluyó medidas de reparación para las víctimas y acciones institucionales orientadas a prevenir hechos similares. Entre ellas, impartir capacitación obligatoria al personal docente, administrativo, de intendencia y seguridad sobre prevención e identificación del abuso sexual infantil; revisar instalaciones escolares para detectar zonas de riesgo; establecer criterios de contratación adecuados para el trabajo con menores de edad, e instruir investigaciones especializadas en materia de maltrato y abuso sexual infantil.
Sin embargo, la ODI señaló que en abril de 2026 la CNDH emitió un acuerdo de conclusión de la recomendación al considerar que la SEP había cumplido con las medidas ordenadas.
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De acuerdo con la organización, aunque la dependencia presentó documentación para acreditar acciones relacionadas con el cumplimiento, la CNDH no verificó si estas alcanzaron el objetivo de prevenir la repetición de actos de violencia sexual en entornos escolares.
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“La CNDH no centró su análisis en el objetivo de garantizar que dichas medidas fueran efectivas y duraderas”, indicó la ODI.
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Según la organización, actualmente los cursos sobre violencia sexual no son obligatorios para el ingreso o permanencia en puestos educativos; los criterios de contratación y evaluación psicológica para prevenir agresiones sexuales no son considerados de manera generalizada en esos procesos, y la revisión de espacios escolares para identificar riesgos no constituye una obligación permanente para las autoridades educativas.
Asimismo, sostuvo que la CNDH no verificó que las acciones implementadas tuvieran un alcance nacional ni que permanecieran vigentes en el tiempo, ya que algunas medidas se aplicaron únicamente en Iztapalapa o durante periodos específicos.
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La ODI señaló que, desde 2002, la CNDH ha emitido otras recomendaciones relacionadas con violencia sexual en escuelas sin que, a su juicio, hayan logrado eliminar la repetición de estos hechos.
Como ejemplo, citó el caso reciente del Colegio Carrusel Magone A.C., en Puebla, donde se denunció la existencia de un espacio oculto vinculado a un salón de clases y conectado con una vivienda particular donde presuntamente se agredía a menores.
También recordó que el 26 de mayo de 2026 la Fiscalía General de la República informó que obtuvo sentencia condenatoria contra dos servidores públicos del sector educativo por violencia sexual cometida en un jardín de niños de la alcaldía Iztapalapa.
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Para la ODI, ambos casos reflejan deficiencias en los mecanismos de contratación y supervisión del personal educativo, así como en la capacitación para actuar frente a situaciones de violencia sexual.
Ante ello, la organización pidió a la CNDH reconsiderar el cierre de la Recomendación 76/2012 y realizar una evaluación sustantiva de las medidas implementadas, basada en sus resultados e impacto real.
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Asimismo, exhortó a la SEP a cumplir las obligaciones de reparación del daño aún pendientes, así como los compromisos adquiridos para fortalecer las garantías de no repetición y prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en las escuelas.
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aov/rmlgv
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