El Tribunal de Garantías Penales se retiró a deliberar la tarde de este lunes, 3 de agosto, luego de concluir los alegatos finales dentro del juicio, que se instaló el pasado miércoles 29 de julio, contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, procesado por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
La Fiscalía General del Estado solicitó que Alvarez sea condenado a la pena máxima prevista para este delito, es decir, tres años de prisión, conforme al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El organismo sostuvo que durante el allanamiento realizado el 10 de febrero de 2026 el alcalde no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica que le había sido impuesto como medida cautelar dentro del caso Triple A.
En su alegato de clausura, la fiscal Lisset Barragán argumentó que durante el juicio quedó acreditado que Alvarez conocía la orden judicial de portar permanentemente el grillete electrónico y que incumplió esa disposición. Además, sostuvo que las pericias y testimonios practicados demostraron que el dispositivo presentaba la ausencia de un tornillo, lo que, según la acusación, impedía que se activara únicamente la alerta de “pulsera quitada”, aunque el resto del sistema continuaba registrando ubicación y otras alertas.
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La Fiscalía también defendió la legalidad de los videos, pericias y demás elementos incorporados durante el proceso y pidió que el Tribunal dicte una sentencia condenatoria como autor directo del delito.
A esa solicitud se adhirió el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que interviene como acusador particular. Su representante sostuvo que la defensa centró el debate en supuestos problemas de conectividad del dispositivo cuando, a criterio de la institución, el punto central era el incumplimiento de la orden judicial de portar el grillete y la alteración física del equipo.
Aquiles Alvarez rindió testimonio
Antes de los alegatos finales, la defensa desistió de tres pruebas documentales anunciadas inicialmente y Aquiles Alvarez compareció para rendir su testimonio ante el Tribunal.
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Durante su intervención, el alcalde negó haber manipulado o retirado el dispositivo de vigilancia electrónica. Sostuvo que el grillete presentó problemas de funcionamiento y cobertura desde su instalación, por lo que, según dijo, fue sometido a varias revisiones técnicas y posteriormente reemplazado. Además, afirmó que siempre cumplió con las disposiciones judiciales y rechazó haber intentado evadir a la justicia ya que siempre cumplió con presentaciones ante la Ley y su agenda era pública.
En su alegato de clausura, el abogado Julio César Cueva solicitó la absolución de su defendido. Argumentó que la Fiscalía no logró demostrar que Alvarez hubiera retirado deliberadamente el dispositivo y cuestionó la cadena de custodia del grillete, la incorporación de pruebas digitales y la validez de varios elementos documentales presentados durante el juicio.
Tres días de prueba
La fase probatoria del juicio se desarrolló durante tres jornadas, en las que comparecieron policías, peritos, funcionarios y exfuncionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), además del propio Aquiles Alvarez.
Durante los dos primeros días, la Fiscalía presentó a los agentes policiales que participaron en el allanamiento del 10 de febrero de 2026, quienes sostuvieron que encontraron al alcalde sin portar el dispositivo de vigilancia electrónica y que posteriormente observaron cómo volvió a colocárselo.
También declararon peritos de Criminalística y funcionarios del SNAI que participaron en la desinstalación del grillete y en las pericias practicadas al dispositivo, quienes expusieron los resultados de los análisis incorporados por la acusación.
En la tercera jornada, la defensa presentó como testigos a siete funcionarios y exfuncionarios del SNAI: Édgar Luzardo, Boris Robalino, Ana Avilés, Miguel Valdés, Roberto Martel, José Luis Egasi, José Antonio Salavarría y Daniel Terán. Desde distintas funciones —como técnicos instaladores, operadores y supervisores del centro de monitoreo— coincidieron en señalar que el dispositivo registraba problemas de cobertura cuando Alvarez ingresaba a su domicilio y que durante la madrugada del 10 de febrero no se generó una alerta de “pulsera quitada”. Además, describieron revisiones técnicas realizadas al equipo durante los meses en que permaneció instalado y el procedimiento aplicado para atender las alertas generadas por el sistema.
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La defensa también desistió de tres pruebas documentales previstas inicialmente y, antes de los alegatos finales, Aquiles Alvarez rindió su testimonio ante el Tribunal, en el que negó haber manipulado o retirado el dispositivo de vigilancia electrónica y sostuvo que siempre cumplió las medidas judiciales impuestas.
Concluidos los alegatos de la Fiscalía, el SNAI y la defensa, pasadas las 17:20 de este lunes el Tribunal de Garantías Penales anunció que se retiraba a deliberar antes de emitir su decisión sobre el caso. (I)