Publicidad
13 de julio, 2026 - 11h00
Para este miércoles, 15 de julio, fue convocada la audiencia de apelación a la prisión preventiva que solicitaron catorce de los veintiún procesados por el delito de peculado en el denominado caso Progen.
La diligencia fue anunciada por el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Julio Inga Yanza (ponente), Manuel Cabrera Esquivel y Daniella Camacho, para las 08:30 en el edificio de la CNJ, en Quito.
Los investigados que apelaron a la medida de prisión preventiva que se dictó en su contra el pasado 22 de mayo son Gabriela Toazo Caiza, Luis Flores Armas, Nelson Castro Rodríguez, Celso Sánchez Chacán, Romel Llumiquinga Llumiquinga, Marco Chicaiza Santos, Javier Lasluiza Navarrete, Gonzalo Guerrón López, Antonio Goncalves Savinovich, Juan Carlos Cornejo Segovia, Julio Montesdeoca Escobar, Daniel Suárez Quilumbango, Holguer Jaramillo Suntaxi y Marcos Vinicio Poma Jumbo.
Publicidad
Además, en su contra se ordenó la retención e inmovilización de cuentas, así como la prohibición de enajenar bienes.
En la convocatoria, el tribunal de la Corte Nacional solicitó que se notifique al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que garantice la comparecencia telemática de los investigados.
Asimismo, los jueces aclararon que no se aceptarán justificaciones por fallas telemáticas ni se permitirá el cambio de defensa a última hora sin la debida justificación.
Publicidad
Publicidad
Según la teoría de la Fiscalía General del Estado, las 21 personas procesadas habrían evadido y omitido procedimientos de contratación pública para favorecer a la empresa Progen Industries LLC mediante la adjudicación de contratos, pese a que no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual.
En esta causa se investiga el delito de peculado ocurrido en la adquisición de 50 generadores eléctricos inservibles a la empresa estadounidense Progen y en el que se habría generado un perjuicio para el Estado ecuatoriano de $ 104 millones.
Los hechos relevantes señalados por la Fiscalía tienen que ver con los contratos emergentes de El Salitral y Quevedo para la generación térmica terrestre efectuados por el Estado ecuatoriano. La acusación fiscal refiere que, dentro del peculado existente, 19 de los procesados actuaron como autores directos y dos como cómplices. (I)