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22 de agosto, 2026 - 13h23
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) solicitó al Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico (ponente), Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, que informe sobre el estado del caso Triple A y si es que ya existe una resolución del juicio en contra de los procesados por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
A través de un escrito ingresado el 18 de agosto de 2026, la institución insistió en su pedido al tribunal de esta causa para garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y el derecho de las partes a obtener una decisión judicial motivada y oportuna, evitando que la demora produzca indefensión.
En el documento, la ARCH recordó que los jueces no anunciaron de manera oral su decisión tras finalizar la audiencia de juzgamiento, el pasado 2 de agosto, y tampoco notificaron sobre su sentencia.
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Sobre una fecha estimada para contar con la sentencia en contra de los 21 procesados, la fiscal de este caso, Ruth Amoroso, dijo que podría ser los primeros días de septiembre antes de que caduque la prisión preventiva de Aquiles Alvarez.
“Con las jornadas largas, creo que tienen el tiempo suficiente para establecer la sentencia, teniendo en consideración que la única persona que está detenida dentro de esta causa es el señor Aquiles Alvarez y tiene prisión preventiva desde el 7 de marzo de 2026 y que el tipo penal establece seis meses de prisión. Me imagino que será antes de que se cumpla este plazo, los primeros días de septiembre, en el que nos darán la respuesta. Debe ser antes de este plazo, antes de que caduque la prisión preventiva”, sostuvo la representante de la Fiscalía General del Estado en entrevista con EL UNIVERSO.
En el caso Triple A están procesadas 22 personas naturales y jurídicas (empresas), entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, y su primo Fernando Viteri, quien se encuentra prófugo de la justicia con una orden de prisión preventiva.
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Según la teoría del caso de la Fiscalía General del Estado, las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero, nacional e internacional, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado que ascendería a $ 61,5 millones, correspondientes a 22,7 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina.
En la etapa de juicio, la Fiscalía General solicitó que se declare la culpabilidad de los procesados y pidió imponer la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión para las personas naturales. Además, requirió multas, la clausura definitiva de seis compañías procesadas y una reparación integral de $ 61,5 millones por el perjuicio que, según su acusación, sufrió el Estado. (I)