El senador socialista Juan Luis Castro defendió en El Diario de Cooperativa la decisión del Socialismo Democrático de remover a su par Pedro Araya (PPD) de la presidencia de la estratégica Comisión de Constitución del Senado, argumentando que el parlamentario dejó de representar las posiciones del sector.
"Esto tampoco es una montonera donde cada cual hace lo que quiere", afirmó el parlamentario, jefe del comité que reúne al Partido Socialista, al PPD y al Partido Liberal, al responder a los cuestionamientos de Araya, quien acusó al PS de actuar de manera autoritaria.
El socialista rechazó la interpretación de Araya, aseguró que la decisión responde a "un acumulativo de temas políticos" y a que su par del PPD terminó convirtiéndose en un "aliado del Gobierno" desde la presidencia de Constitución, "torciendo la mayoría de la comisión para favorecer al Gobierno", particularmente por la forma en que ha abordado las negociaciones legislativas en materia de seguridad, al haber impulsado acuerdos sin consultar previamente a su comité parlamentario.
"Nunca el Partido Socialista ha sido autoritario. Lo que pasa es que tampoco se deja pasar a llevar por aventuras individuales de búsqueda de ya sea acuerdos o ya sea caminos propios, cuando esta es una instancia colectiva donde los lugares que ocupa cada uno -jefe de comité, quien habla, o jefe, hasta hace poco, de la Comisión de Constitución- son todos cargos que tienen un punto de partida: un referente colectivo que decide quiénes los representan mejor", dijo Castro.
El legislador agregó que el conflicto se venía conversando desde semanas antes con las dirigencias del PPD y del PS, debido a las discrepancias sobre la agenda de seguridad y otros episodios legislativos.
"Cuando alguien deja de representar las ideas del conjunto, obviamente se empieza en un problema y eso es lo que se representó semanas atrás al presidente del PPD, al subjefe de la bancada, que es del PPD, y a la presidenta del PS. Esto se conversó tranquilamente, pero con gran preocupación", explicó.
Castro reprochó que el Ejecutivo privilegie las conversaciones con parlamentarios individuales en lugar de dialogar con las representaciones institucionales de los partidos.
"Nosotros queremos conversar y ellos no quieren; buscan el pirquineo, el voto individual, y no estamos dispuestos a eso", advirtió.
También cuestionó el contenido de las iniciativas de seguridad impulsadas por el Gobierno, particularmente aquellas que buscan incorporar disposiciones sobre el combate al crimen organizado y el narcotráfico en la Constitución.
"La agenda nueva, después que fracasó la anterior por una reforma muy mal hecha, ahora resulta que constitucionaliza los instrumentos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Yo pregunto: ¿las leyes hay que llevarlas a la Constitución para que sirvan? ¿Van a morir menos carabineros si es que en la Constitución dice que el narcotráfico y el terrorismo se combaten de la misma manera? ¿O que se cambia el estado de emergencia que se puede aplicar hoy bajo una simple sospecha y no bajo una prueba? ¿Cambia eso el destino de la lucha contra el delito? No...", aseveró.
Pese a la controversia, el senador descartó que la salida de Araya comprometa el acuerdo administrativo del Senado que contempla que el socialista Alfonso de Urresti asuma la presidencia de la corporación el próximo año.
"Los otros tres senadores del PPD, con los cuales hablo permanentemente, no están en ninguna posición rupturista", aseguró, manifestando confianza en que se respetará lo convenido.
Acciones legales por pérdidas en los fondos de pensiones
Otro de los temas abordados fue la caída de los ahorros previsionales, especialmente en los fondos E y D, y las eventuales responsabilidades de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y de los organismos fiscalizadores.
Castro confirmó que el PS trabaja junto con la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) en una estrategia que contempla acciones por distintas vías judiciales.
Según explicó, Conadecus está recopilando antecedentes de afiliados afectados para impulsar una demanda colectiva en el ámbito civil, mientras que el partido evalúa "interponer una acción legal que puede ser probablemente en el ámbito penal".
"Son simbióticas una con la otra, son de distintos rubros, pero apuntando al mismo efecto, que es resarcir a la gente que hoy día desgraciadamente fue castigada", indicó.
El senador sostuvo que las acciones buscan esclarecer si existieron responsabilidades por parte de los organismos reguladores y de los directores de las siete AFP, especialmente en relación con las decisiones de inversión y las medidas que pudieron adoptarse para evitar o mitigar las pérdidas.
Castro señaló que ya se presentó una acción ante la Superintendencia de Pensiones para conocer el alcance de la actuación de los organismos fiscalizadores durante los dos últimos gobiernos.
"Hay responsabilidades que están, primero, en el regulador; segundo, en los directores de las siete AFP, que en algún momento tendrán que responder", afirmó.
El parlamentario aseguró que el objetivo es "esclarecer el ámbito de acción o inacción del regulador, antes y ahora -no de un Gobierno u otro, (sino) de los dos Gobiernos-, respecto de hasta dónde intervinieron o no para evitarlo; no para levantar el dedito y decir, 'no, yo estimo que a lo mejor están equivocados o no debieron hacer especulación financiera', y nadie lo oyó".