La reforma tributaria del alcalde Carlos Fernando Galán podría perder un bloque determinante en el Concejo de Bogotá si la administración no elimina varios artículos cuestionados por el Centro Democrático.
A través de una petición enviada al mandatario distrital, la bancada advirtió que su continuidad en el respaldo al proyecto depende de cambios durante el segundo debate en plenaria.
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La eventual salida de los siete concejales de ese partido pondría en riesgo las mayorías de la coalición de gobierno, que requiere 23 votos. Según el planteamiento de la colectividad, la falta de respaldo también profundizaría los problemas de quórum decisorio que ya afectaron sesiones anteriores.
La posición del Centro Democrático implica que la iniciativa tributaria podría archivarse si el Distrito mantiene los aumentos del Impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA, y la sobretasa al predial para financiar el alumbrado público. El partido también pidió detener las vigencias futuras excepcionales que acompañan el proyecto.
Los concejales enviaron una carta formal al alcalde Carlos Fernando Galán para solicitar la supresión parcial o total de las disposiciones que, a su juicio, elevan las cargas para hogares, comerciantes y empresas de la capital.
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“El bolsillo de los contribuyentes” y la actividad económica de Bogotá podrían verse afectados por varias de las medidas, sostuvieron por escrito los siete firmantes de la bancada, encabezados por el concejal Julián Uscátegui.
Uno de los principales reclamos se centra en la tarifa del ICA para el sector financiero. Aunque el texto aprobado en primer debate redujo la propuesta de 21 a una escala de 20x1.000 y 18x1.000, los cabildantes señalaron que el aumento seguiría por encima del 89% frente a la tarifa vigente de 11x1.000.
La bancada afirmó que ese cambio puede trasladarse a los costos de intermediación financiera y al acceso a créditos hipotecarios. En su lectura, el efecto alcanzaría a los hogares que buscan vivienda, a la construcción, a los emprendedores y al sector productivo.
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Los concejales también alertaron sobre una posible pérdida de competitividad para Bogotá frente a municipios con menores cargas tributarias. Según su argumento, algunas entidades podrían descentralizar o trasladar operaciones hacia otras jurisdicciones.
El documento incluyó reparos frente al incremento del ICA para la actividad automotriz. La propuesta mantuvo una diferenciación para los vehículos híbridos, con una tarifa de 10x1.000, y para los eléctricos, con una de 8x1.000.
La preocupación de la bancada se concentra en la comercialización de vehículos convencionales, repuestos y servicios de mantenimiento, que quedarían gravados con una tarifa de 11x1.000.
El comercio y la reparación de vehículos representaron el 34% del ICA calculado en 2025, generaron 18.758 empleos y registraron 26,4 billones en ventas en Bogotá, de acuerdo con las cifras citadas por los concejales.
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La carta añadió que los vehículos aportaron cerca de 1,5 billones al recaudo distrital durante 2025. Para los firmantes, un aumento de tarifas en ese rubro podría terminar en mayores costos para los consumidores y afectar la competencia del sector.
El Centro Democrático también cuestionó el eventual impacto sobre seguros de salud, vida y patrimonio. La bancada consideró que el mayor costo tributario para el sector financiero puede encarecer las pólizas y desestimular su contratación.
En cuanto a los bares, gastrobares y establecimientos que venden bebidas alcohólicas, la tarifa planteada bajó de 21 a 19x1.000 durante el primer debate. Aun así, los concejales sostuvieron que una parte de los ingresos de esos negocios podría quedar sujeta a una carga superior a la actual.
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“De mantenerse esta posibilidad, el incremento de la carga tributaria podría alcanzar aproximadamente el 37,7 % frente a la tarifa vigente de 13,8 por mil, afectando los costos de operación, la competitividad, la formalidad y la sostenibilidad de un sector que genera actividad económica y empleo en la ciudad”, señalaron los cabildantes del Centro Democrático.
La carta también objetó la sobretasa al impuesto predial que financiaría intervenciones de alumbrado público. Los concejales señalaron que la infraestructura del Distrito representa menos del 4% de las luminarias, mientras el plan contempla intervenir cerca del 13% de las que pertenecen a Enel Colombia.
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Los firmantes pidieron precisiones sobre la destinación de los recursos y sobre la propiedad futura de los activos que se financien. A su juicio, el proyecto no incorpora una cláusula de reversión que garantice que las luminarias adquiridas con dinero público queden en manos del Distrito.
La bancada sostuvo que los predios comerciales aportarían alrededor del 60% del recaudo de la sobretasa, una cifra equivalente a 241.000 millones. Los predios dotacionales asumirían el 7%, los industriales el 5%, los lotes el 2% y el sector financiero cerca del 1,2%.
El documento calcula que 338.766 de los 342.316 predios comerciales, industriales, financieros y dotacionales pagarían el gravamen. Para el Centro Democrático, esa distribución concentra el efecto de la medida sobre el sector productivo.
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Los concejales también plantearon que la sobretasa se calcularía sobre el avalúo catastral y no sobre los ingresos de los propietarios. La carta menciona el caso de hogares de estratos 4, 5 y 6 que pueden tener inmuebles valorizados sin contar con una capacidad económica proporcional.
Otro de los asuntos que la bancada pidió excluir del proyecto son las vigencias futuras excepcionales por 5,08 billones de pesos. Los concejales advirtieron que esa decisión comprometería el presupuesto distrital hasta 2036.
Para los firmantes, esa fórmula limitaría el margen de decisión de las próximas administraciones sin una justificación clara sobre la ejecución actual de los recursos.
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La carta fue suscrita por Julián Uscátegui, Andrés Barrios, Sandra Forero, Óscar Jaime Ramírez, Humberto Amín, Diana Diago y Andrea Hernández. Los siete solicitaron que la Administración elimine los artículos cuestionados antes de la votación en plenaria.
Si no hay modificaciones, el partido podría retirar su apoyo a la iniciativa. De acuerdo con el planteamiento de la bancada, el archivo del proyecto dejaría a la Alcaldía Mayor sin el recaudo adicional de 1,2 billones de pesos anuales que proyectaba obtener desde 2027.