Juan Jesús Vivas pidió el jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que Ceuta tenga una situación de singularidad que permita desestimar todas "las solicitudes de asilo desde el inicio del procedimiento".
Para el presidente de la ciudad autónoma, una excepcionalidad ceutí es la única forma de atajar esta crisis migratoria y potenciales efectos llamada que puedan producirse en el futuro.
"Hay que reforzar esa visión de que Ceuta es un lugar donde no hay posibilidad de regularizar, de obtener asilo o de tener un traslado a la Península; eso se hace desestimando las solicitudes de asilo desde que se presenta la instancia", propuso.
Aunque Vivas no lo explicitó en su discurso, fuentes del PP y del Gobierno ceutí sugieren a EL ESPAÑOL que la excepcionalidad planteada por el presidente ceutí debería explorarse tomando como referencia los precedentes recientes de Polonia y de Grecia.
El presidente del Senado, Pedro Rollán (d), es recibido por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
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Ambos países llegaron a suspender temporalmente el acceso al procedimiento de asilo en determinadas rutas de entrada ante situaciones migratorias consideradas extraordinarias.
"No se faltaría a ninguna ley", expresó el viernes Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, refrendando esta idea.
"No sería el primer país de la Unión Europea. Está el ejemplo de Grecia, que suspendió el derecho de asilo durante un periodo temporal concreto precisamente con los países del norte de África para preservar la seguridad de su territorio".
Efectivamente, en julio de 2025 Atenas suspendió tres meses la posibilidad de presentar solicitudes de asilo de quienes llegaran por mar de esa zona y contempló su retorno sin registrar previamente una petición de protección.
La medida quedó recogida en el artículo 79 de la Ley 5218/2025.
La decisión respondió al fuerte incremento de las llegadas desde Libia a las islas de Creta y Gavdos.
El Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis llevó al Parlamento una disposición nacional específica, aprobada el 11 de julio con 177 votos a favor y 74 en contra.
El caso de Polonia fue diferente.
Varsovia reformó primero su legislación para crear un mecanismo estable que permitiera restringir temporalmente el derecho a presentar solicitudes cuando concurrieran una instrumentalización de la inmigración, una amenaza grave y real para la seguridad y la insuficiencia de otras medidas para combatirla.
El país eslavo activó sólo la suspensión con la frontera de Bielorrusia el 27 de marzo de 2025 por periodos de 60 días prorrogables, aunque mantuvo excepciones para menores no acompañados, embarazadas y personas expuestas a un riesgo grave.
De hecho, la Guardia de Fronteras no acepta la solicitud de protección internacional de quienes no encajen en alguna de las excepciones previstas y, por tanto, el procedimiento de asilo no llega a iniciarse. Algunas organizaciones humanitarias, no obstante, lo calificaron como una "legalización de la práctica de las devoluciones en caliente".
El paralelismo es evidente: Bielorrusia-Polonia, norte de África-Grecia y Marruecos-Ceuta. Todos comparten una frontera exterior de la UE sometida a una presión migratoria extraordinaria.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), se reúne con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan José Vivas (i), en la Delegación del Gobierno de Ceuta, a 13 de agosto de 2026
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España no dispone actualmente en su Ley de Asilo de un mecanismo equivalente al polaco que permita al Gobierno suspender temporalmente la recepción de solicitudes.
Sí existe, no obstante, una singularidad territorial para Ceuta y Melilla: la Ley de Extranjería establece que las solicitudes de protección internacional "se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos".
Ese es precisamente uno de los argumentos que esgrimen desde el PP para defender que existe margen para desarrollar una legislación específica para Ceuta.
"Los países pueden restringir los lugares de petición de asilo", sostienen fuentes de Génova, que rechazan que una regulación territorial específica choque con el nuevo Reglamento europeo, aplicable desde junio de 2026.
O Europa o el Congreso
España, de hecho, tendría dos grandes mecanismos para acercarse al modelo que reclama Juan Jesús Vivas.
El primero sería recurrir al Pacto Europeo de Migración y Asilo, concretamente al Reglamento 2024/1359, concebido precisamente para situaciones de crisis e instrumentalización migratoria.
España podría acudir a este mecanismo por una crisis derivada de llegadas masivas si acreditara que, por su escala y naturaleza, han dejado inoperativo su sistema de asilo, acogida o retorno.
Sólo si alegara específicamente instrumentalización tendría que sostener, además, que un tercer país o actor hostil ha fomentado deliberadamente los movimientos migratorios para desestabilizar España o la UE.
Menores se aglomeran a las puertas de la Jefatura de Policía de Ceuta para ser registrados.
Gabriela Sardá Núñez / Europa Press
"El Reglamento establece que en situaciones de crisis y fuerza mayor, cuando un estado tercero de manera hostil y con finalidad de desestabilización hace disfuncional el sistema de asilo, el mismo sistema de asilo se puede suspender durante 12 semanas, prorrogables otras seis", explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho europeo.
"Esto es lo que debería invocar el Gobierno de España ante la Comisión Europea, porque es evidente que ha habido un intento de desestabilización. El instrumento europeo se diseñó precisamente para este tipo de guerras híbridas. Sería el camino adecuado".
El Reglamento permite endurecer considerablemente el procedimiento fronterizo, retrasar el registro de las solicitudes y ampliar los supuestos que pueden resolverse en frontera.
No obstante, no contempla como mecanismo ordinario una suspensión general del derecho a formular solicitudes como la que ha aplicado Polonia.
Por eso, existe una segunda vía, más compleja: intentar construir una excepción nacional inspirada en el modelo polaco mediante una reforma legislativa que habilitara una suspensión temporal y territorial en Ceuta ante una amenaza extraordinaria para la seguridad.
"El problema es que la suspensión polaca está en discusión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y sería discutible constitucionalmente. Además, requeriría "una reforma legislativa".
La Comisión Europea ha reconocido que ante amenazas híbridas mediante la instrumentalización de inmigrantes los Estados pueden adoptar medidas excepcionales de seguridad.
Siempre, por supuesto, que sean estrictamente necesarias y proporcionadas y respeten el principio de no devolución.
"En el Pacto Europeo de Migración y Asilo se especifica que Marruecos es un país seguro. Esa es la clave", recuerdan fuentes populares, que consideran que eso juega a su favor.
Marruecos figura desde este año en la lista común de la UE de países de origen seguros. La clasificación permite acelerar y endurecer procesalmente el examen de las solicitudes de sus nacionales y facilita su resolución en frontera.
Los populares insisten: "El Pacto permite lo que se está pidiendo".
En esta misma línea –la necesidad de establecer medidas legislativas favorables para Ceuta– se pronunció este viernes el presidente del Senado, Pedro Rollán, que reclamó, tras su reunión con Vivas, crear un nuevo marco jurídico para evitar situaciones como la vivida en la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio.
Miles de ceutíes han comenzado a concentrarse el pasado domingo en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria manifestación convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva del pasado 30 de julio.
Reduan EFE
"La legislación vigente, desde una perspectiva de ayuda humanitaria, de un fenómeno migratorio, tiene una perspectiva, tratamiento y respuesta. Pero lo que hemos vivido aquí no es una crisis migratoria: la llegada de 80.000 personas no obedece a una situación de crisis humanitaria [...] Se ha utilizado a los más desfavorecidos para generar un impacto".
Por ello, según Rollán, "es necesario acometer ese marco jurídico con garantías y con carácter urgente e inminente".
"Hace falta trabajar en un marco normativo que pueda instrumentar una respuesta inmediata para que, si vuelve a suceder algo parecido, la respuesta sea contundente y absoluta".
Por tanto, la excepcionalidad que reclama Vivas tiene precedentes legislativos en otros países de la UE.
"No obstante, habría que aprobarla", concluyen las fuentes, que aseguran que de seguir este camino habría que llevar una propuesta legislativa a la Cámara Baja.
España podría intentar recorrer ese camino mediante una reforma legal propia, aunque entraría en un terreno de compatibilidad discutida con el Derecho de la UE y sujeto, en último término, al control de las instituciones y tribunales europeos.