El inicio del mandato de Abelardo de la Espriella en la presidencia de Colombia marca un giro sustancial en la política de seguridad y cooperación internacional del país, y en especial por la lucha contra el narcotráfico.
La nueva administración, que asumirá el cargo el viernes 7 de agosto de 2026, ha acordado con el gobierno de Estados Unidos una aceleración de la cooperación militar, alineando a Colombia con las prioridades de la administración de Donald Trump para la región.
De la Espriella, un político conservador sin experiencia previa en cargos públicos, centró su campaña en la promesa de enfrentar con firmeza a los grupos narcotraficantes.
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Su triunfo electoral abre la puerta a una nueva etapa de colaboración, en la que Colombia se perfila como pieza clave en la estrategia estadounidense de militarización regional contra el narcotráfico, según funcionarios de alto rango de ambos gobiernos. Así lo destacó un informe del diario estadounidense The New York Times.
El reciente viaje de delegados del nuevo gobierno colombiano a Washington resultó en el anuncio de un nuevo plan de cooperación militar, que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, llevará la histórica alianza “a nuevos niveles”.
Como parte de esta línea de acción, Medellín se convertirá en la sede regional del programa Escudo de las Américas, impulsado por Trump como una coalición de 18 países para enfrentar a los cárteles y organizaciones clasificadas como terroristas por Estados Unidos.
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Dicha estrategia, que incluye el uso de fuerza letal y la autorización para realizar operaciones conjuntas en territorio latinoamericano, ha sido comparada con las campañas militares contra Al Qaeda y el Estado Islámico.
El Plan Patriota 2.0, anunciado por el nuevo ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, representa el componente central de la renovada alianza militar. Este plan contempla el fortalecimiento de la inteligencia, el apoyo directo de Estados Unidos a operaciones militares en Colombia, la reanudación de la fumigación aérea de cultivos de coca —prohibida desde 2015 por razones de salud pública— y la extradición ágil de narcotraficantes capturados.
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De la Espriella ha elogiado en público la política de Trump y ha respaldado las acciones militares estadounidenses en la región, incluyendo ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas, que han resultado en al menos 221 muertes en operaciones recientes.
Como parte de la nueva relación bilateral, el gobierno de Trump ha designado a dos decenas de organizaciones latinoamericanas como terroristas, incrementando así la presión para que los gobiernos de la región permitan la intervención militar estadounidense en sus territorios.
De un lado, el presidente saliente, Gustavo Petro, mantuvo una postura crítica hacia la política antidrogas de Trump, calificando de asesinatos los ataques militares estadounidenses y denunciando la falta de pruebas sobre la vinculación directa de las embarcaciones atacadas con el narcotráfico.
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Durante el mandato de Petro, Colombia fue descertificada como socio antinarcóticos por Washington y enfrentó sanciones y amenazas de recorte de ayuda.
El escenario actual responde, en parte, al crecimiento del narcotráfico y la expansión de los grupos armados en Colombia.
Así lo señalan investigadores del conflicto al precisar que el número de combatientes en organizaciones ilegales casi se duplicó, pasando de 13.000 en 2022 a cerca de 27.000 en 2025.
La inactividad militar durante el gobierno de Petro, marcada por intentos de diálogo de paz, permitió la propagación de estos grupos a nuevas regiones y la multiplicación de sus estructuras, recoge el informe del medio norteamericano, y que, a juicio de expertos y exfuncionarios estadounidenses, las Fuerzas Armadas colombianas perdieron capacidades operativas debido a recortes presupuestales y la depuración de decenas de generales.
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El relanzamiento de la cooperación militar contempla el refuerzo de la flota de helicópteros, la dotación de tecnología antidrones y el incremento de operaciones conjuntas.
No obstante, la reanudación de la fumigación aérea con glifosato enfrenta objeciones de organizaciones de salud y derechos humanos, que recuerdan la prohibición vigente desde 2015 por los riesgos para la población.
La ofensiva militar también ha recibido críticas en el ámbito político colombiano, uno de ellos, el excandidato presidencial de izquierda y senador Iván Cepeda (que perdió las elecciones con De la Espriella), advirtió que la estrategia puede poner en riesgo la soberanía nacional y convertir a Colombia en un “protectorado” de Washington.
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La sede de la toma de posesión de De la Espriella, que inicialmente iba a realizarse en una base militar, fue finalmente trasladada a Cali tras la oposición de legisladores.
La seguridad en la ciudad se reforzó luego de que la policía interceptara un autobús cargado con 420 kilogramos de explosivos, destinados a atacar instalaciones militares y policiales durante la ceremonia, en un operativo atribuido a disidencias de las Farc.
El flujo de ayuda estadounidense hacia Colombia, que en el pasado alcanzó los 400 millones de dólares anuales, se redujo a 187 millones en el primer año del segundo mandato de Trump. Se espera que con la nueva administración colombiana, los recursos vuelvan a incrementarse para financiar la ofensiva militar.
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Los grupos armados se han adaptado, ampliando sus operaciones a países vecinos como Venezuela y Ecuador, y reclutando menores para dificultar las acciones militares en su contra.
Funcionarios estadounidenses y colombianos señalaron al mismo medio norteamericano que la coordinación y la planificación serán determinantes para el éxito de la nueva estrategia.
Mientras tanto, desde Washington se presiona para obtener resultados visibles en la lucha contra los cárteles, una prioridad que podría intensificarse de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos.
El gobierno de De la Espriella, al alinearse con la administración Trump, apuesta a una respuesta militar robusta contra el narcotráfico, pero enfrenta el reto de equilibrar la cooperación internacional con la protección de la soberanía y los derechos de la población civil en un contexto de creciente violencia y complejidad regional.
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