EDITORIAL
Ningún aspirante político debe menospreciar la inteligencia ciudadana y menos aún el espíritu de las leyes.
Así como aquella legendaria ronda infantil de cierto número de elefantes que se columpiaban en la tela de una araña y, como vieron que resistía, fueron a llamar a otro para seguir jugando, justo así está ocurriendo con la avalancha de mensajes políticos difundidos por redes sociales y protagonizados por potenciales aspirantes a cargos de elección. Decimos potenciales, para no generalizar, pero hay algunos que ya abiertamente han declarado su intención, con lo cual queda abierta la pregunta: ¿Eso puede definirse como campaña electoral anticipada?
Eso debe decirlo, aclararlo y, por supuesto, sancionarlo, el Tribunal Supremo Electoral. Debió hacerlo desde las primeras semanas de la actual magistratura porque, como expresa el dicho, “en la tardanza está el peligro”, pero no lo ha hecho. No se sabe aún de una sola resolución respecto del centenar de denuncias de campaña anticipada que la propia institución rectora de la actividad partidaria confirmó tener. El problema es que si las sanciones ocurren hasta el momento en que se convoque a elecciones y vengan las inscripciones, es decir, después del 22 de enero, se incrementa el riesgo de que tales medidas puedan ser señaladas de sesgo o exclusión con dedicatoria, por más objetivas y justificadas que sean.
Tales narrativas no se pueden propiciar, pero para eso se necesita que el TSE resuelva las denuncias que tiene, aperciba a quienes están rayando en esa transgresión y que refiera taxativamente las directrices sobre las cuales se juzgará la gravedad o reincidencia, así como su consecuencia, ya sean multas o el veto a la inscripción. Haciendo uso de sus potestades, el TSE puede aclarar en el reglamento que puede haber un sistema de tarjeta amarilla y roja para frenar a los adelantados.
En todo caso, la ciudadanía guatemalteca, perspicaz e inteligente, ya se expresa, sobre muchas de tales publicidades subrepticias. Usuarios publican comentarios críticos a los personajes promocionados. Sin embargo, también aquellos perfiles —reales o robóticos— que elogian a ciertas figuras, que expresan su anhelo de verlos en cierto cargo y hasta les ofrecen sufragio de manera también por demás anticipada, pueden formar parte de la evaluación legal de esta propaganda que no es solo proselitista.
Pero no por mucho madrugar amanece más temprano. El mapeo de comunicación de una treintena de políticos, publicado en la edición de ayer, se complementa hoy con un análisis del tipo de conversación y temas abordados. Hay de todo: desde trivialidades cotidianas y relatos supuestamente biográficos, hasta críticas sobre la economía, infraestructura, seguridad pública, gestión estatal o municipal; hay extremos chuscos que ni siquiera vale la pena analizar, excepto para señalar que en un entorno digital hiperconectado y competido, ciertos políticos quieren montar un show de excentricidades, sainetes de “humildad” y sociodramas de “fiscalización”.
Nadie está en contra de la libertad de expresión, una garantía constitucional, que hasta los mismos políticos reclaman cuando son aspirantes, pero que suelen aborrecer cuando ya están en un cargo. Y justo allí está la diferencia que la norma electoral diferencia a través de plazos. Irónicamente, cuando más se les necesitó, en situaciones como el asedio contra la democracia en 2023 o el autoaumento abusivo de los diputados, la mayoría de politiqueros virales hicieron mutis. Ningún aspirante político debe menospreciar la inteligencia ciudadana y menos aún el espíritu de las leyes que a veces tienen líneas tan delgadas como el hilo donde se columpian los elefantes, hasta que se revienta y caen.
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