Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsan reformas constitucionales que ampliarían los mandatos presidenciales, postergarían los próximos comicios hasta finales de 2028 y excluirían a la oposición, en un escenario donde el régimen lleva 19 años concentrando el poder y restringiendo las vías electorales en Nicaragua.
La presión sobre el sistema democrático se intensificó después de que, en julio, Ortega declarara que no habría “más elecciones” en el país. El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó por unanimidad un paquete de cambios constitucionales tramitado en secreto.
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Las modificaciones llegaron menos de dos años después de que el Parlamento aprobara una nueva Constitución, en enero de 2025. Esa norma permitió que Ortega y Murillo, su esposa, gobernaran como “copresidentes” y subordinó los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo.
“Tras 19 años en el poder, sus máximos dirigentes han aplastado la independencia de las instituciones gubernamentales, se han apoderado de la economía, han cerrado el espacio cívico en el país y han perseguido a los disidentes en el extranjero”, sostuvo Jessica Ludwig, investigadora de política global del Bush Institute.
Ortega participó como líder guerrillero en el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979. Fue presidente desde 1984 hasta 1990, cuando perdió las elecciones, y volvió al cargo tras imponerse en los comicios de 2007.
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Desde ese regreso, el gobierno modificó las instituciones democráticas y recurrió a la represión para conservar el poder. La ofensiva contra manifestantes pacíficos iniciada en abril de 2018 derivó en una nueva etapa de persecución política.
Más de 800,000 nicaragüenses huyeron de la represión desde entonces y muchos buscaron refugio en Costa Rica, España y Estados Unidos. Cientos de ellos perdieron de manera arbitraria sus pasaportes, propiedades y ciudadanía mientras se encontraban fuera del país, por lo que quedaron en condición de apatridia.
La represión volvió a agravarse en 2021, antes y después de las elecciones nacionales. Decenas de aspirantes opositores fueron encarcelados y las condiciones electorales fueron manipuladas para asegurar una victoria sandinista.
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El Ejecutivo también canceló la personería jurídica y confiscó los bienes de más de 5,000 organizaciones sin fines de lucro. Entre las entidades afectadas hubo iglesias, agrupaciones religiosas, universidades, centros educativos y organizaciones humanitarias internacionales.
Los medios independientes fueron obligados a cerrar o trasladar sus operaciones fuera de Nicaragua. El país también encarceló a decenas de dirigentes eclesiásticos y miembros del clero, prohibió las procesiones religiosas públicas y restringió el ingreso de biblias u otros materiales religiosos a viajeros extranjeros, incluso cuando fueran para uso personal.
La estructura de control político se extendió fuera de las fronteras nicaragüenses mediante intimidación, vigilancia y violencia contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas exiliados. Esa persecución transnacional alcanzó a personas radicadas en países de Centroamérica, Europa y Estados Unidos, y vulneró la soberanía de los Estados donde fueron perseguidas.
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Ludwig afirmó que el régimen financia esa estructura mediante corrupción y busca profundizar sus vínculos con gobiernos autoritarios de Pekín, Moscú y Teherán. El aislamiento de la comunidad internacional de democracias coincidió con esa aproximación a países que pretenden ampliar su influencia en el hemisferio occidental.
Durante varios años, Managua facilitó la migración irregular de personas procedentes de distintas regiones del mundo hacia la frontera sur estadounidense. El gobierno autorizó vuelos chárter y permitió que los viajeros atravesaran sus aeropuertos sin exigirles visa ni registro.
Estados Unidos sancionó a más de 80 personas y entidades por corrupción y violencia estatal, según el Departamento del Tesoro. El Departamento de Estado, por su parte, revocó visas o prohibió el ingreso a más de 2.350 funcionarios del régimen por violaciones de derechos humanos.
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió a la Organización de los Estados Americanos que adopte nuevas medidas contra los dirigentes nicaragüenses tras las últimas reformas constitucionales. La OEA acordó convocar para el 2 de octubre a los ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio para debatir la situación del país.