La actual legislatura de Pedro Sánchez empezó con el apoyo de Carles Puigdemont a su investidura y Junts decide ahora el final del mandato, paradójicamente a pocos días de que el expresidente de la Generalitat pueda regresar a Catalunya en aplicación de la amnistía, la condición principal por la que dio sus votos al líder del PSOE. La Junts de entonces no es la de ahora.
En estos tres años el partido de Puigdemont ha abandonado el flirteo con la izquierda que mantuvo durante el procés bajo la proclama de la unidad independentista, aunque en el trasfondo pesara la necesidad de neutralizar el avance entonces fuerte de ERC. Ahora la amenaza para Junts se cierne sobre su flanco derecho con el impresionante empuje de Aliança Catalana, como revela la encuesta que hoy publica La Vanguardia. Junts también ha recuperado la buena sintonía que Convergència mantuvo con el poder económico. Este ha sido un factor determinante en la decisión sobre el decreto de la vivienda, además de la defensa de un electorado que se concentra en la clase media.
Junts ha tumbado un decreto que tiene mucho de simbólico. Si un gobierno que presume de progresista no puede aprobar medidas contra los desahucios y en favor de quienes viven de alquiler, ¿cómo justificará su razón de ser? Tampoco es creíble ya que Sánchez pueda presentar unos presupuestos y pretender aprobarlos con Junts. La mayoría que se abrió paso con el voto favorable de Puigdemont a la investidura está rota y al presidente del Gobierno solo le queda elegir el momento preciso en el calendario para llamar a las urnas.
Muchos en el PSOE creen que el desahucio de Maricarmen Abascal ha proporcionado a Sánchez la excusa perfecta para convocar los comicios y le ha dado el argumento de la campaña. Cuando el electorado está tan polarizado, el resultado depende de qué bloque moviliza más a los suyos. Para ello, se necesita que los votantes se sientan interpelados a favor o en contra de un asunto que marque la campaña. Desde agosto esa cuestión era Ceuta, es decir, la inmigración y una identidad española mancillada por Marruecos en connivencia con un presidente traidor a la patria. La carta ganadora era para la derecha. En la Moncloa sabían que había que esperar a que escampase.
Pero Maricarmen lo ha cambiado todo y el foco está ahora sobre la vivienda, que ejemplifica las dificultades de muchos para compaginar sus sueldos con el elevado coste de la vida. La duda es si la caída de unos decretos-parche planteados con prisas será un acicate suficiente para movilizar al electorado de izquierdas, dado que el gobierno progresista no ha logrado en ocho años frenar las causas del malestar social, pese a los buenos datos económicos. En todo caso, la campaña está planteada entre la bandera de la inmigración, que no deja de ser un debate identitario, y la bandera de la vivienda, que refleja las deficiencias del estado del bienestar.
Junts ha culminado su giro hacia la derecha y ha recuperado su sintonía con el poder económico
La inmigración se cita en los sondeos como algo que preocupa para la marcha del país, pero no como un problema personal. Según el CIS, casi el 20% responde que le inquieta la llegada de migrantes, pero sólo el 12% admite que le afecta en lo personal. Con la vivienda ocurre lo contrario. El 37% lo menciona como problema principal de España y el 28% reconoce que le afecta de manera directa. ¿Quiénes son los votantes más sensibilizados?
El electorado de izquierdas está más preocupado por la vivienda, pero merece la pena detenerse en el de Junts. El sondeo del Centre d’Opinió de la Generalitat (CEO) de 2025, centrado solo en esta cuestión, reflejaba que los votantes de ese partido están menos preocupados que otros por la vivienda. El 13% lo situaba como principal problema frente al 26% en el PSC, el 25% en ERC y el 39% de los comunes. Al preguntar sobre su situación personal, el resultado era revelador: el 77% de los votantes de Junts eran propietarios de una vivienda y, de ellos, el 46% ya la tenía pagada. Solo el 15% abonaba un alquiler.
Eso no significa que los seguidores de Junts sean insensibles al problema. Durante la gran recesión, los convergentes apoyaron medidas antidesahucios. Estaba en auge de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la crisis impactó de lleno también en la clase media. Catalunya fue y es un laboratorio social en muchos aspectos. Una líder de la PAH, Ada Colau, ganó al candidato de Junts la alcaldía de Barcelona. En 2017 surgía el Sindicat de Llogateres, germen del Sindicato de Inquilinas que ha plantado la acampada en Sol.
Los votantes de Junts son conscientes de la lacra que es hoy el acceso a la vivienda y, si se les insta a elegir entre libre mercado o regulación, se decantan por lo segundo, pero dentro de unos límites. En el contexto actual de bonanza económica, viven el problema con menos angustia, aunque dirigentes del partido confesaban estos días las dificultades de sus hijos para independizarse. Según el CEO, el 63% de los catalanes cree que la propiedad privada está por encima de otras consideraciones; entre los votantes de Junts es el 74%.
Respecto a la izquierda, Sumar cree haber hallado oxígeno para su reanimación. Se miran en el éxito de Die Linke en Berlín. El problema para los partidos de la coalición es que, aunque la responsabilidad en esta materia es compartida con las comunidades autónomas, los ciudadanos señalan al Gobierno. Las acampadas de estos días recuerdan al 15M, pero no son lo mismo. No solo por su número, sino porque el movimiento enfoca sus metas a cuestiones materiales muy concretas. Hace 20 años había un componente de impugnación del sistema que se ha desplazado al otro extremo, el de la ultraderecha.
Las protestas por Maricarmen pueden atraer simpatías, otra cosa es que movilicen el voto
Las protestas pueden atraer la simpatía de muchos, pero veremos si tanto como para crear un estado de opinión social mayoritario y transversal en un país que ha canalizado el ahorro en la propiedad inmobiliaria. El interrogante para Sánchez es si este resorte es suficiente para movilizar al votante de la izquierda, aunque quizá Junts ya haya decidido por él.
Licenciada en Periodismo y Políticas. Directora adjunta de La Vanguardia. Autora de la newsletter 'Política', que se publica cada jueves, y de los libros 'El naufragio' y 'El muro', sobre el conflicto catalán