El gobierno federal desarrolló una estrategia integral para sanear los principales ríos contaminados del país, combinando infraestructura, monitoreo y participación social. Las acciones buscan transformar el manejo del agua y la relación entre comunidades y naturaleza.
La inversión pública para el periodo 2025-2026 supera los dos mil millones de pesos, con una proyección de más de veinte mil millones en el sexenio. Se prevé que los beneficios alcancen a más de veinticinco millones de personas en diez estados de la República.
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Alicia Bárcena Ibarra, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezó la presentación del modelo de restauración de ríos, acompañada de Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Felipe Zataráin Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua.
Las autoridades expusieron los alcances de un programa dirigido a revertir décadas de contaminación y degradación en los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac.
El enfoque abandona la intervención aislada del cauce y se orienta a la restauración de la cuenca completa, explicó Bárcena. Esto implica combinar infraestructura gris, como plantas de tratamiento y colectores, con soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, humedales artificiales y reforestación de riberas.
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“Restaurar un río es más que limpiar el agua. Es devolver el espacio público, prevenir inundaciones y proteger la biodiversidad”, dijo Bárcena durante la conferencia.
El modelo articula la participación de instituciones federales, estatales y municipales, así como el trabajo conjunto con la academia y la sociedad civil.
Según datos presentados por Semarnat, se han recorrido trescientos cuarenta kilómetros de ríos, muestreado trescientos veintidós sitios e involucrado a seis mil personas en tareas de diagnóstico y restauración.
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El programa identificó tres mil doscientas dos descargas industriales y cuatrocientos setenta y nueve tiraderos clandestinos en los tres ríos objetivo. Además, se detectaron cuatrocientas sesenta industrias potencialmente contaminantes y un veintidós por ciento del suelo en riesgo de deforestación.
Para mejorar la calidad del agua, el plan contempla diez nuevas plantas de tratamiento y la rehabilitación de veintitrés existentes, noventa y cuatro kilómetros de colectores y el control de más de cuatrocientas cincuenta descargas industriales.
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Se instalaron ocho estaciones automáticas de monitoreo y se retiraron cincuenta y cinco envases de agroquímicos, así como treinta y cuatro toneladas de residuos tóxicos.
El río Lerma-Santiago, con mil trescientos sesenta kilómetros de longitud, abastece de agua a más de veintiún millones de habitantes y cruza seis estados. El avance en la primera etapa de intervención es del noventa por ciento en sesenta y cinco kilómetros, con seis plantas de tratamiento ya operando y la reforestación de más de dos mil ochocientas hectáreas. Se instalaron tres estaciones de calidad del agua y se construyó un centro de monitoreo y un espacio público para las familias ribereñas.
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En el río Tula, que recorre ciento noventa y un kilómetros entre el Estado de México e Hidalgo, se lleva a cabo el desazolve y la ampliación de la planta de tratamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Se retiraron ciento diez mil metros cúbicos de lirio y se instalaron estaciones de monitoreo, además de obras para proteger seis kilómetros contra inundaciones. El proyecto contempla la recuperación de la laguna de Bojay y la declaración de nuevas áreas naturales protegidas.
El río Atoyac, que atraviesa ciento sesenta y dos kilómetros entre Tlaxcala y Puebla, presenta un avance del ochenta y cinco por ciento en la primera etapa. Se están construyendo colectores, restaurando veinte kilómetros de cauce y reforestando más de mil cien hectáreas. El modelo incluye la eliminación de tiraderos ilegales y la creación de espacios deportivos y humedales junto al río.
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Efraín Morales, de Conagua, detalló que el objetivo es dar seguimiento permanente a las condiciones del agua mediante centros de vigilancia, dotados de estaciones de monitoreo y tecnología como drones y laboratorios móviles. Estos permitirán una respuesta inmediata ante nuevas fuentes de contaminación.
“El objetivo es mejorar la calidad del agua y garantizar la permanencia de los resultados a largo plazo”, subrayó el funcionario.
Más de cuarenta mil personas han participado en jornadas de limpieza a lo largo de los ríos, lo que ha permitido recolectar cuatro mil seiscientas sesenta y siete toneladas de basura. El programa impulsa la creación de parques lineales, espacios deportivos y zonas de recreación en las riberas, con el propósito de reconectar a las comunidades con los cuerpos de agua y fomentar su cuidado.
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El presupuesto para 2025 y 2026 asciende a dos mil cuarenta y seis millones de pesos, con una meta de inversión acumulada de veinte mil millones en el sexenio. Las acciones beneficiarán a veinticinco millones de habitantes en diez estados y sesenta y un municipios, con noventa y tres proyectos en distintas etapas de ejecución.
Uno de los retos señalados por Felipe Zataráin Mendoza es atender la contaminación generada por pequeñas y medianas empresas textiles y la descarga de agroquímicos. El gobierno ha impuesto multas que suman cincuenta y seis millones de pesos y ha clausurado plantas contaminantes, especialmente en el Atoyac.
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Las autoridades coincidieron en que el éxito del modelo depende de la colaboración entre instituciones, gobiernos locales y la ciudadanía, así como de la continuidad presupuestal y el fortalecimiento de la vigilancia ambiental.