Una vez que entre enero y febrero de 2027 cumplan el periodo para el que fueron designados seis jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el Consejo de la Judicatura (CJ) corre contra el tiempo para llevar adelante un concurso de méritos y oposición que evite que el más alto órgano de justicia ordinaria del Ecuador quede con solo cuatro jueces y un conjuez titulares.
De los 21 magistrados titulares que debe tener el más alto órgano de justicia ordinaria del país, al momento solo cuenta con diez y en los primeros meses de 2027 solo se quedará con cuatro. En enero del año que viene, por completar su periodo como magistrados nacionales, dejan el organismo el actual presidente encargado de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, y los jueces Daniella Camacho, Katherine Muñoz y Consuelo Heredia. Felipe Córdoba y el también expresidente de la CNJ José Suing se van en febrero próximo.
De concretarse estas salidas, para febrero de 2027 en la Corte Nacional solo quedarían como jueces titulares Alejandro Arteaga, actual presidente subrogante del organismo, Enma Tapia, Milton Velásquez y Rossana Morales.
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La tarea de llevar adelante un concurso para llenar las vacantes en la CNJ no se ha podido cumplir por problemas internos en un CJ que en más de seis años ha tenido seis presidentes, entre titulares y encargados.
El 3 de julio pasado, el pleno de la Judicatura aprobó el reglamento del concurso público para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. El objetivo de este proceso de selección es designar a 17 jueces y 20 conjueces titulares nacionales, lo cual permitirá cubrir las vacantes generadas en las seis salas especializadas de la CNJ hasta 2027.
Partiendo de que hay jueces de la Corte Nacional que cumplen su periodo en enero y febrero de 2027, la presidenta del CJ, Mercedes Caicedo, espera que los cronogramas que se mantienen en el organismo para el concurso les permitan llegar hasta ese momento.
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“Tenemos cronogramas bastante alentadores. Sin embargo, recordemos que en los procesos de selección, generalmente, postulantes que se ven excluidos en alguna etapa lo que hacen es presentar acciones de protección que paran los concursos. Esto impide que tengamos un cronograma fijo, sino que ese cronograma pueda ser quizás un poco movible en relación con aquellas acciones que puedan presentarse y que tengan resoluciones que impliquen medidas de cautela. Esperamos que finalmente no existan estas demandas y que no se lo pare; sin embargo, es una posibilidad. Lo que queremos es que las vacantes se cubran en los tiempos adecuados y que finalmente la CNJ no quede en acefalía”, explicó Caicedo.
En el documento aprobado para el proceso por la presidenta Caicedo y los vocales Magaly Ruiz, Fabián Fabara, Damián Larco y Alfredo Cuadros se establecen ocho fases: convocatoria, postulación, méritos, examen de confianza, prueba psicológica, impugnación ciudadana, oposición y audiencia pública. Esta estructura buscaría consolidar la participación ciudadana y la transparencia del proceso, se ha dicho desde la Judicatura.
La titular del Consejo de Judicatura ha recordado que la selección de jueces para cubrir vacantes y, con ello, hacer la renovación parcial en la Corte Nacional es un proceso que se ha caído en dos ocasiones al haberse declarado la nulidad total y la última convocatoria que logró finalmente poner jueces en este organismo fue en 2021. Esas nulidades, sostuvo Caicedo, se han dado por un punto en particular: la prueba de confianza.
“Es por ello que cuando yo ingresé como presidente del Consejo de la Judicatura requerí un pronunciamiento a la Corte Nacional de Justicia respecto de la prueba de confianza con la finalidad de mantener un candado, pero también dar garantías sobre cómo se iba a realizar esa prueba de confianza que permita que aquellos postulantes que no fueran confiables sean excluidos y finalmente los postulantes que cumplan con los requisitos sean los que avancen”, refirió.
Según Caicedo, se estaría buscando que las personas jurídicas que van a brindar este servicio (pruebas de confianza) para el CJ en este concurso sean empresas que tengan renombre, sean personas jurídicas legalmente constituidas y no sean personas jurídicas de papel, que tengan un lugar en específico en el que se puedan realizar reclamos, pero que, sobre todo, bajo ningún concepto nadie pueda intervenir en los resultados que esa prueba de confianza proporcione.
Aclaró la presidenta Caicedo que son el CJ, el pleno del organismo, las direcciones General y de Talento Humano los involucrados en el proceso de selección, aunque, dijo, en ciertos momentos, como, por ejemplo, la prueba de confianza, existirán empresas externas que brinden el servicio y entreguen la información. Todo esto con la finalidad de que no se realice una prueba de confianza de manera empírica, sino que quien la haga tenga la experiencia necesaria y que finalmente los resultados sean confiables.
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“Es importante destacar que en todos los momentos, es decir, en cada etapa del proceso de selección de jueces nacionales, va a garantizarse la transparencia”, ha resaltado Mercedes Caicedo. (I)