La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud presentada por la representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, que permanece privada de la libertad por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para ser trasladada temporalmente al Capitolio Nacional el 20 de julio con el propósito de tomar posesión nuevamente de su cargo.
La decisión fue adoptada mediante un documento fechado el 16 de julio de 2026, en el que la corporación analizó la petición elevada por la congresista el pasado 2 de julio. La solicitud buscaba que se autorizara un traslado bajo custodia militar hasta las instalaciones del Congreso de la República para asistir al acto de posesión correspondiente al inicio de un nuevo periodo legislativo.
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La Corte señaló que las normas penitenciarias establecen circunstancias específicas para autorizar traslados o permisos excepcionales de salida de personas privadas de la libertad, ya sean procesadas o condenadas.
Tras revisar los argumentos presentados por Manrique, el alto tribunal concluyó que el motivo expuesto para acudir al Congreso no se ajustaba a las causales previstas por la legislación. “Encuentra la Sala mayoritaria que no se corresponden con alguna de las hipótesis fijadas por el legislador, que habilitan el traslado del interno o la concesión de un permiso excepcional de salida de su sitio de reclusión”, indicó la Corte en la providencia.
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En la decisión, la Sala Especial de Primera Instancia explicó que, aunque existen situaciones en las que las causales legales pueden ser analizadas de manera excepcional para proteger derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en este caso no encontró razones jurídicas que permitieran autorizar la salida temporal del centro de reclusión.
El alto tribunal recordó que las personas privadas de la libertad conservan aquellos derechos que no han sido restringidos por la medida impuesta; sin embargo, precisó que en este caso la función congresional de Manrique se encuentra relacionada con su situación jurídica actual.
“Como en este caso, tal y como se constató la función congresional está aparejada a la privación de la libertad, cuyos fines constitucionales no cuestiona la Congresista, resulta improcedente jurídicamente acceder al pedimento elevado”, señaló la Corte.
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La corporación ordenó comunicar la decisión a la interesada y dejó constancia de que la resolución fue adoptada por los magistrados Blanca Nélida Barreto Ardila y Jorge Emilio Caldas Vera, mientras que el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas se encontraba en permiso.
La solicitud de traslado ocurrió mientras la congresista enfrenta un proceso judicial por hechos relacionados con el escándalo de corrupción en la Ungrd. A finales de mayo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia había negado un recurso presentado por Manrique con el que buscaba sustituir la detención preventiva intramural por una medida domiciliaria.
En esa oportunidad, el alto tribunal determinó mantener la medida de privación de la libertad mientras avanzan las investigaciones en su contra. La decisión fue tomada después de una sesión extraordinaria en la que la mayoría de los magistrados resolvió mantener vigente la medida preventiva.
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La Corte Suprema también informó previamente que quedó en firme el llamado a juicio contra Manrique y otros congresistas investigados por su presunta participación en hechos relacionados con la aceptación de dádivas a cambio de comprometer sus funciones como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso.
Dentro del proceso también aparecen los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y el exrepresentante Juan Diego Muñoz Cabrera. A todos se les investiga por el delito de cohecho impropio.
Manrique ha negado su participación en los hechos investigados y ha señalado que sus acercamientos con entidades estatales estuvieron relacionados con su labor.
“Quiero precisar que mis únicos acercamientos con las entidades del Estado han sido en mi ejercicio como congresista e interlocutora de las comunidades que en el Congreso de la República represento, en mi calidad de víctima del conflicto armado”, afirmó la representante.
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