EDITORIAL
Sea en el oriente o en la capital, la interrupción total o parcial de tránsito impacta en todos.
Dos puentes, distantes a unos 125 kilómetros entre sí, reflejan cómo los altos costos de la vulnerabilidad vial siguen golpeando a Guatemala: uno, el Güijó, en el kilómetro 111 de la carretera al Atlántico, derrumbado tras una mortal tragedia de tránsito; el otro, en el cruce del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres, presenta graves grietas que ameritaron un refuerzo temporal en tanto se evalúa su estatus estructural. Los dos pasos inciertos ocasionan alteración de rutas, de cálculos logísticos y gastos de transporte, personal, de pasajeros o de carga.
El sábado 22, un tráiler fuera de control colisionó contra dos vehículos; perecieron cuatro personas y derrumbó el puente Güijó, en Usumatlán. Se cortó de tajo una ruta estratégica para el comercio, el abasto de combustibles y la exportación. Pero no solo afecta el tránsito desde o hacia Puerto Barrios, Izabal, sino también desde o hacia Zacapa, Chiquimula y frontera con Honduras. Ya hay maquinaria trabajando en un paso alterno. El cauce seco puede facilitar las labores, pero cualquier lluvia podría reactivar el afluente, lo cual debe ser previsto en tal acondicionamiento. La ruta “alterna” pasa por El Rancho y El Jícaro, pero no está hecha para soportar el intenso tráfico diario. Vecinos bloquearon temporalmente la vía por temor a un deterioro que después nadie arregla: también tal extremo debe preverse y planificarse en los trabajos de recuperación.
Esto demuestra cómo un daño vial tiene impacto sistémico en comunidades, municipalidades y sectores productivos, con poco margen de maniobra debido a los rezagos en la construcción de vías por más de tres décadas. En este momento se necesitan respuestas con eficacia técnica y celeridad, no experimentos ni improvisaciones y peor aún pretextos burocráticos; existen precedentes nada halagüeños.
Resulta llamativa, predecible, y bastante ociosa la súbita aparición de diputados distritales que “fiscalizan” la respuesta del Ejecutivo, tratando de ganar protagonismo a sus alicaídos perfiles y rescatar rédito electorero, cuando en realidad no han hecho nada para atajar las causas de los percances y las vulnerabilidades.
El otro cruce de preocupaciones es el puente sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, que tuvo cierres temporales el fin de semana para instalar apuntalamientos provisionales. La revisión de la estructura y el dictamen de acciones deben efectuarse con agilidad, para que no se convierta en un tema relegado que solo vuelva a aparecer cuando ocurra un desastre. El paso de transporte pesado por la estructura quedó vedado, y esto traerá dificultades logísticas, tiempos y costos adicionales, así como recarga de parque vehicular en vías “alternas”. El entrecomillado obedece a que no las hay realmente, solo arterias próximas que no están hechas para camiones, con anchos, curvas y giros difíciles. En todo caso, es imperativo que las autoridades del CIV y la comuna capitalina aclaren cuáles son esos tramos provisionales y que se utilicen herramientas tecnológicas digitales para transmitirlas, no solo anodinos mapas en 2D.
Sea en el oriente o en la capital, la interrupción total o parcial de tránsito impacta en todos y obliga a acelerar las fases del anillo regional interdepartamental, con continuidad entre gobiernos y sin escamoteos de recursos presupuestarios. Pero no solo eso: el siniestro de Usumatlán vuelve a exponer los riesgos del transporte pesado sin control de velocidad. No solo cobró la vida de tripulantes, sino de terceros, lo cual sigue enlutando hogares. Es allí en donde diputados distritales y nacionales deben trabajar, no en anodinos monólogos oportunistas.
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