Una inspección de rutina en el aeropuerto Golosón de La Ceiba terminó con la captura de una mujer de 61 años que llevaba consigo US$11,629, aproximadamente L312,176.
La viajera es originaria de Catacamas, Olancho, y reside actualmente en las Islas Caimán, según informó la Policía Nacional.
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Durante el control fronterizo, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos encontraron US$11,610 en moneda estadounidense y 19 dólares de las Islas Caimán.
El caso fue remitido a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, que deberá determinar la procedencia del dinero y establecer si existe alguna conducta penalmente relevante.
La legislación hondureña establece que toda persona que entre o salga del país transportando US$10,000 o más, o su equivalente en otras monedas, debe presentar una declaración jurada sobre esos fondos.
La propia Aduana de Honduras advierte que transportar dinero en efectivo es legal independientemente de la cantidad, pero cuando el monto alcanza o supera ese umbral debe ser reportado.
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Por eso, el problema jurídico no radica únicamente en portar US$11,629.
Las autoridades deberán establecer si el dinero fue declarado correctamente, si existe coherencia entre lo declarado y lo encontrado y si la viajera puede acreditar su origen y destino.
El artículo 34 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos obliga a reportar el transporte transfronterizo de efectivo igual o superior a US$10,000.
La normativa contempla sanciones cuando una persona omite esa declaración o proporciona información falsa, además de permitir que las autoridades investiguen si detrás del dinero existe algún delito adicional.
Eso tampoco significa que superar el límite permita concluir automáticamente que existe lavado de activos.
Para sostener una acusación de esa naturaleza, el Ministerio Público tendrá que investigar de dónde salió el dinero, para qué iba a utilizarse y si guarda relación con alguna actividad ilícita.
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En casos como este suele producirse una confusión.
Que una persona no pueda justificar inmediatamente una cantidad de efectivo durante una inspección puede provocar su retención y una investigación financiera.
Pero la procedencia ilícita del dinero debe probarse. La Fiscalía puede revisar movimientos bancarios, actividad económica, viajes, documentación, declaraciones aduaneras y cualquier otro elemento que permita reconstruir el origen de los fondos.
Hasta que ese proceso avance, la mujer debe ser considerada presunta responsable y no puede darse por establecido que el dinero provenga de lavado de activos.
Los aeropuertos forman parte de los principales filtros contra el traslado de dinero no declarado.
La Declaración Jurada Regional del Viajero pregunta expresamente si una persona transporta US$10,000 o más y solicita información sobre el origen y destino de los fondos.
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En este caso, la cantidad encontrada supera el umbral legal en US$1,629.
La cifra puede parecer relativamente cercana al límite, pero jurídicamente el punto decisivo no es cuánto lo supera.
La pregunta que deberá responder la investigación es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más importante: ¿el dinero fue declarado y puede demostrarse de dónde provino?