El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) negó que evalúe aplicar un impuesto a los intereses de las cuentas de ahorro, después de que el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 abriera dudas sobre la continuidad de una exoneración vinculada al impuesto a la renta. La discusión instaló inquietud entre millones de usuarios del sistema financiero peruano, ante la posibilidad de que los rendimientos de sus depósitos queden alcanzados por una tasa de 5% desde enero de 2027.
El alcance potencial explica la sensibilidad del debate. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), más de 10 millones de personas poseen cuentas de ahorro que, en conjunto, concentran más de S/243.000 millones. Un cambio tributario sobre los intereses afectaría la rentabilidad de esos depósitos y podría modificar las decisiones de ahorro de una parte de los clientes.
PUBLICIDAD
El MEF buscó cerrar la controversia con una definición pública. “No tiene previsto ni ha planteado gravar con impuesto a la renta los intereses generados por las cuentas de ahorro”, señaló el ministerio. También sostuvo que las versiones sobre una iniciativa de ese tipo “no corresponde a una medida planteada por el sector”. La aclaración no eliminó la discusión sobre la conveniencia de mantener o revisar el tratamiento tributario de los rendimientos financieros.
La hipótesis que generó alarma no contemplaba un impuesto sobre el capital acumulado en una cuenta. El eventual cobro se concentraba en los intereses que producen los depósitos en bancos, cooperativas y cajas municipales. Esa distinción resulta relevante porque el dinero ahorrado no perdería valor nominal por la aplicación del tributo, aunque sí podría disminuir el ingreso que recibe el titular por mantener sus fondos dentro de una entidad financiera.
PUBLICIDAD
El economista Iván Alonso defendió la posibilidad de aplicar un criterio uniforme a los rendimientos del ahorro. En una entrevista televisiva, sostuvo que los intereses de cuentas de ahorro deberían recibir un tratamiento similar al de las ganancias obtenidas por inversiones en acciones o bonos. “A las mismas tasas que los demás”, planteó al referirse a la necesidad de evitar diferencias entre fuentes de renta comparables.
La discusión gira alrededor del principio de neutralidad tributaria. Bajo ese criterio, el sistema impositivo no debería inducir a las personas a elegir una inversión por una ventaja fiscal específica, sino permitir que la decisión se base en la rentabilidad, el riesgo y la liquidez de cada alternativa. Alonso consideró que una exoneración para los intereses de depósitos puede alterar esa elección, al hacer más atractivo un producto financiero por razones ajenas a sus condiciones de mercado.
PUBLICIDAD
Alonso también respondió a la crítica de que una tasa sobre los intereses podría desalentar el ahorro. Señaló que todo impuesto reduce en alguna medida el incentivo para realizar la actividad gravada, al igual que ocurre con el impuesto a la renta que recae sobre los salarios. Aun así, sostuvo que el Estado requiere ingresos para financiar sus obligaciones y que las ganancias obtenidas por el ahorro constituyen una fuente de renta susceptible de tributación.
La posición contraria fue expuesta por Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, quien advirtió que retirar el beneficio podría afectar la cultura de ahorro dentro del sistema financiero. Su preocupación se centra en que algunos usuarios opten por conservar efectivo en sus hogares o recurran a mecanismos informales si perciben que el depósito bancario deja de ofrecer una ventaja suficiente frente a otras alternativas.
PUBLICIDAD
Ese cambio tendría consecuencias que exceden al ahorrista individual. Los depósitos constituyen una fuente de recursos para bancos, cooperativas y cajas municipales, que utilizan parte de esos fondos para otorgar préstamos a familias y empresas. Una menor captación de ahorros podría restringir la disponibilidad de crédito o elevar el costo de financiamiento. Para retener clientes, las entidades también podrían verse presionadas a ofrecer tasas más altas, con impacto sobre sus márgenes y sobre el precio final de los préstamos.
La controversia tributaria coincidió con otra señal de preocupación económica. El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que los precios en Lima Metropolitana aumentaron 4,4% durante los 12 meses previos a agosto. La cifra quedó por encima del rango meta de entre 1% y 3% establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), lo que reactivó el debate sobre los factores detrás del encarecimiento del costo de vida.
PUBLICIDAD
Alonso atribuyó parte de la aceleración a la evolución del petróleo tras la guerra en Medio Oriente y a factores climáticos que podrían afectar la oferta de productos marinos. Mencionó el aumento del precio del bonito, aunque remarcó que el comportamiento de los precios no es uniforme dentro de la economía. Como contrapunto, señaló que algunos productos, como el pollo, registraron reducciones en determinados períodos.
El economista sostuvo que el BCRP dispone de herramientas para regular el crédito y contener las presiones inflacionarias, pero no puede intervenir sobre todos los elementos externos que afectan los precios. La cotización internacional de los combustibles y las alteraciones en la oferta de alimentos responden a variables que exceden la política monetaria local. Esa limitación adquiere importancia cuando la inflación se ubica por encima del objetivo oficial y golpea el poder adquisitivo de los hogares.
PUBLICIDAD
La discusión también alcanzó al subsidio al diésel anunciado por el Gobierno. Alonso estimó que, si se considera un subsidio de S/4 por galón durante 90 días y el consumo diario del combustible, el costo podría superar los S/130 millones comunicados de forma oficial. Su cuestionamiento se concentró en el efecto de sostener artificialmente un precio que, según su evaluación, debería reflejar cambios persistentes en el mercado energético.
El especialista planteó que el mercado mundial enfrenta restricciones en la capacidad de refinación. Las instalaciones deben abastecer diésel, gasolina y combustible de aviación, productos que compiten por recursos limitados. Bajo esa lectura, el encarecimiento del diésel podría mantenerse durante los próximos tres o cuatro años. La definición del MEF sobre los intereses de las cuentas de ahorro alivió una preocupación inmediata, pero dejó vigente el debate sobre recaudación, ahorro formal e intermediación financiera en Perú.
PUBLICIDAD