El caso que conmocionó al Estado de México por la crueldad con la que fue asesinado un niño de 5 años llegó a su fin ante la justicia. Un juez con sede en Toluca condenó a 78 años y 9 meses de prisión a Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y a Carlos Morales Cruz por su participación en los delitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) probara la responsabilidad de los tres en el crimen contra Fernandito, ocurrido en el municipio de La Paz.
Junto con la pena privativa de libertad, la autoridad judicial fijó multas por un millón 258 mil 682 pesos para cada sentenciado, además de una reparación por daño moral de 618 mil 712 pesos y otra por daño material de 39 mil pesos. También se les suspendieron los derechos políticos y civiles.
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Las investigaciones de la FGJEM reconstruyeron que los tres sentenciados sostuvieron que la madre del niño mantenía con ellos una deuda económica pendiente. Con ese argumento, el 28 de julio de 2025 privaron de la libertad al pequeño como forma de presionar a la mujer para que liquidara los mil pesos que les debía.
Durante los días posteriores, entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la madre del niño se presentó en repetidas ocasiones en el domicilio de los agresores, situado en La Paz, con la intención de recuperar a su hijo. En cada visita, Lilia, Ana Lilia y Carlos mantuvieron oculto al menor y le negaron el acceso.
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La mujer formalizó la denuncia por los hechos el 4 de agosto de 2025. Ese mismo día, un operativo policial ingresó a la vivienda de los sospechosos y localizó al niño sin vida, con un traumatismo craneoencefálico como causa de muerte.
Al margen del proceso penal contra los tres homicidas, la FGJEM abrió una carpeta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para determinar la posible responsabilidad de servidores públicos por abuso de autoridad, luego de que la institución negara un servicio oportuno a la madre de Fernandito.
Según esa indagatoria, la mujer se presentó el domingo 3 de agosto en el Centro de Justicia de La Paz para reportar que había confiado a su hijo al cuidado de una conocida y que esta se negaba a devolvérselo. Un prestador de servicio social que atendía en ese momento las instalaciones trasladó la queja al agente del Ministerio Público en turno.
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La respuesta del funcionario, de acuerdo con el expediente, fue que había que aguardar a que llegara “la licenciada Brenda”, pues él ya se retiraba, y sugirió que la mujer podía dirigirse a la agencia del Ministerio Público de Género si prefería no esperar. Ante esa negativa, la madre decidió irse sin presentar la denuncia formal ese día.
La mujer volvió a las instalaciones al día siguiente, el 4 de agosto, y ahí sí formuló la denuncia ante el Centro de Justicia para la Mujer en La Paz. La demora de un día entre el primer intento y la denuncia efectiva quedó documentada como parte de la investigación por abuso de autoridad.
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Con la denuncia ya presentada, agentes de la Fiscalía se trasladaron junto con la Policía Municipal de Género al domicilio señalado por la madre. Durante la revisión del inmueble, el personal detectó un olor fétido proveniente de unas bolsas colocadas en el patio de la vecindad.
Dentro de esas bolsas se encontró el cuerpo del menor, ya en estado de descomposición. Los exámenes forenses posteriores documentaron fracturas en clavícula y costilla, junto con distintas lesiones contusas en el cuerpo de la víctima.
Los peritos determinaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico y calcularon que el deceso ocurrió entre tres y cinco días antes del hallazgo, es decir, en algún momento entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Ese cálculo coincidió con la versión que la madre había dado al Ministerio Público, según la cual la privación de la libertad de su hijo comenzó el lunes 28 de julio.
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Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez dictó finalmente la sentencia de 78 años y 9 meses de prisión para cada uno de los tres implicados. Lilia Delgado Pérez, Carlos Morales Cruz y Ana Lilia Morales Delgado -padres e hija- quedaron internados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.
Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México habilitó canales para que la ciudadanía denuncie a los sentenciados en caso de identificarlos como probables responsables de otros delitos: el correo electrónico [email protected] y el teléfono 800 7028770.