La construcción de un nuevo penal en Sinaloa, con capacidad para 2 mil 640 personas, será la primera de seis obras penitenciarias anunciadas por el gobierno federal, luego de las riñas en el Centro Penitenciario de Mazatlán, conocido como El Castillo, que dejaron varios internos muertos, además de un niño que visitaba a un familiar.
Durante ‘La Mañanera’ de este martes, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el proyecto forma parte de un nuevo modelo de gestión penitenciaria que contempla modernizar la infraestructura, reforzar los protocolos de seguridad, profesionalizar al personal y actualizar los procedimientos de administración, vigilancia y control.
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Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal coordinará con las administraciones estatales la construcción de seis centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios.
Los nuevos penales contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de vigilancia y monitoreo, sistemas de inspección y bloqueo de señales, así como módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.
“Estamos trabajando en un nuevo modelo de gestión penitenciaria nacional que no se limita a ampliar la infraestructura, sino que también contempla mejoras en los protocolos de seguridad, profesionalizar al personal y modernizar los procedimientos de administración, vigilancia y control de los centros penitenciarios”, explicó García Harfuch.
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El modelo también contempla espacios para educación, trabajo, capacitación laboral, servicios de salud y actividades deportivas, como parte de los procesos de reinserción social.
El centro penitenciario de Sinaloa será el primero en construirse tras los hechos violentos registrados en El Castillo. De acuerdo con Harfuch, la obra contará con recursos federales, infraestructura moderna y mejores sistemas de vigilancia, además de la capacidad necesaria para albergar a 2 mil 640 personas.
Mientras se concreta la construcción de esas instalaciones, García Harfuch reiteró que el penal de Mazatlán permanece reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana adscrito al órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Reinserción Social.
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Harfuch señaló que la obra forma parte de las acciones para fortalecer la seguridad en Sinaloa, donde también se refuerza la Policía Estatal con personal del Ejército Mexicano comisionado a la corporación, mientras se fortalecen tanto la policía como la Fiscalía estatal.
Además de construir nuevas instalaciones, el gobierno federal impulsa proyectos de modernización tecnológica y mejoramiento de infraestructura en los centros federales y de reinserción social de El Altiplano, Veracruz, Durango y Sinaloa.
El nuevo modelo de gestión penitenciaria busca ampliar la capacidad de los centros y mejorar su operación mediante la profesionalización del personal y la actualización de los procedimientos administrativos y de seguridad.
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El objetivo, expuso el secretario, es mantener el control penitenciario y ofrecer condiciones adecuadas para la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
García Harfuch señaló que, aunque la construcción de los seis centros permitirá atender el problema de la sobrepoblación penitenciaria, todavía habrá estados que mantengan esta situación.
En ese sentido, Jacobo Olaf Rodríguez, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), explicó que la estrategia instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum busca gestionar el crecimiento de la población penitenciaria y no depender únicamente de la construcción de más espacios.
“Nos ha ordenado constituir una estrategia que nos permita gestionar de manera adecuada el crecimiento de la población penitenciaria, que no se resuelve únicamente con la construcción de más espacios, ese es uno de los pilares para gestionar de manera adecuada este crecimiento poblacional”, señaló.
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Rodríguez indicó que las obras de los seis centros penitenciarios se proyectan para concluir en 2028, aunque el calendario dependerá de las condiciones de los predios, las ubicaciones y la elaboración de los proyectos ejecutivos.
La violencia dentro del Centro Penitenciario El Castillo comenzó el jueves 8 de octubre. Ese día, una riña dejó nueve internos y un menor de edad sin vida, además de 17 personas lesionadas.
El menor de dos años se encontraba de visita en las instalaciones al momento del enfrentamiento. El director del penal confirmó el saldo fatal y calificó el hecho como lamentable.
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La fiscal general del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, detalló el viernes 9 de octubre que en el hecho del día anterior se utilizaron armas cortas. La funcionaria precisó que también se hallaron indicios balísticos de arma larga, lo que confirmó el uso de ambos calibres.
Un día después, el viernes 9 de octubre, se registró una segunda riña dentro del mismo penal. En ese episodio murieron dos internos más, y la fiscal señaló que se empleó un arma punzocortante.
Entre los dos episodios, el penal acumuló un total de doce personas sin vida: once Personas Privadas de la Libertad y el menor de edad. El número de heridos entre ambos hechos llegó a 17 internos.
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Sánchez Kondo informó —el viernes 9 de octubre— que, de los 17 lesionados del jueves, nueve ya habían sido dados de alta y reingresados al centro penitenciario. Los ocho restantes continuaban bajo atención médica en hospitales al momento del reporte.
El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, confirmó que las autoridades retomaron el control del penal tras los enfrentamientos. El funcionario señaló que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes sobre ambos episodios.
El Gobierno del Estado de Sinaloa reiteró que cuenta con el respaldo absoluto del Gobierno de México para enfrentar la situación del sistema penitenciario. La construcción del nuevo centro en la entidad se mantiene como parte de la respuesta oficial ante los hechos de violencia registrados en El Castillo.
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