Una vivienda social en Fontana, “piquetero” como ocupación declarada ante la Policía y, años después, “desocupado”. Del otro lado de esa fotografía aparecen un departamento de piso completo en Resistencia, camionetas de alta gama, inmuebles, dólares, viajes a Estados Unidos y otros destinos turísticos, teléfonos de última generación y fotografías exhibidas ante los jueces que mostraban un nivel de vida muy diferente. Ese contraste fue uno de los ejes más fuertes que ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF) utilizaron durante sus alegatos contra el matrimonio conformado por Fernando Ayala y María José Reinau.
Son los organismos querellantes los que sostienen que ese patrimonio no encuentra explicación en los ingresos formalmente declarados por el matrimonio y que constituiría una exteriorización de fondos provenientes de actividades ilícitas.
La UIF utilizó una expresión categórica para describir el caso de Ayala: habló de una “incongruencia escandalosa”. Según reconstruyó en el juicio, en 2021 el entonces dirigente social vivía en una vivienda social de Fontana y, durante un procedimiento policial realizado aquel año por una causa distinta, respondió “piquetero” cuando se le preguntó por su ocupación. En otra medida realizada en 2025, ya instalado en el inmueble de avenida Sarmiento, volvió a ser consultado y declaró estar “desocupado”.
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“Pasó de una vivienda social en Fontana, cuando se presentaba como piquetero y luego como desocupado”, sostuvo la representante de la UIF al reconstruir el crecimiento económico que atribuyó al acusado. La querella agregó que en ese período Ayala pasó a habitar un departamento de lujo, adquirió inmuebles, se movilizó en camionetas de alta gama y realizó viajes al exterior. Para el organismo, el contraste con su situación fiscal constituía una “brecha indefendible desde el punto de vista jurídico”.
Del domicilio de Fontana a un departamento con ascensor privado
Una de las imágenes centrales utilizadas durante los alegatos fue la vivienda que el matrimonio ocupaba en avenida Sarmiento, en Resistencia. Los testimonios incorporados al debate describieron un inmueble de piso completo, con ascensor privado, tres dormitorios, vestidor, un amplio balcón y parrilla. La acusación lo presentó como uno de los símbolos del salto patrimonial que pretende demostrar.
Durante el allanamiento realizado allí también fueron secuestrados pesos, dólares, guaraníes y reales, además de teléfonos iPhone de alta gama, Apple Watch y computadoras que fueron descriptas como equipos de alto rendimiento. La UIF vinculó esos elementos con el nivel de vida que atribuyó al matrimonio y con una capacidad económica que, según sostuvo, no aparecía respaldada por sus declaraciones fiscales.
ARCA hizo otro planteo sobre ese inmueble. Según la querella, en la documentación registral aparecía declarado por un valor marcadamente inferior al que habría tenido en el mercado. Durante el alegato se recordó el testimonio del investigador Osvaldo Verón, quien habló de un pago en efectivo muy superior al monto asentado formalmente. Por esa razón, ARCA calificó de “irrisorios” algunos de los valores declarados en las operaciones patrimoniales analizadas.
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El cambio de escenario fue utilizado por las querellas casi como una secuencia temporal: de una vivienda social en Fontana a un departamento de lujo en una de las principales avenidas de Resistencia. El propio alegato recordó que Ayala había declarado no tener empleados, depósitos ni una estructura comercial que justificara determinadas operaciones y que, según los registros expuestos por la UIF, durante 2022 había declarado facturación por cero pesos.
Disney, Orlando y la ostentación que llegó al juicio
La acusación no se limitó a registros fiscales o escrituras. Durante el alegato de la UIF fueron proyectadas ante el tribunal fotografías obtenidas de las redes sociales de María José Reinau, material que ya había sido incorporado a la causa.
Entre ellas aparecieron imágenes del matrimonio y su familia durante distintos viajes. La UIF mencionó fotografías en Disney y Magic Kingdom, en Orlando, además de un partido de básquet, el glaciar Perito Moreno, El Calafate y Ushuaia. También mostró imágenes en las que, según describió, podían observarse joyas y teléfonos de elevado valor económico. Para los investigadores, aquellas publicaciones exponían un nivel de vida que contrastaba con la capacidad económica declarada ante los organismos fiscales.
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Las redes sociales, de esta manera, terminaron convertidas en parte de la prueba que la acusación llevó al juicio. El informe sobre esas publicaciones había sido elaborado durante la investigación mediante tareas de fuentes abiertas y luego fue incorporado al expediente. La UIF habló directamente de “viajes de lujo” y de un nivel de vida “ostentoso”.
Reinau, peluquera y una facturación “ridículamente baja”
El caso de María José Reinau fue presentado por la UIF con otro contraste numérico. Formalmente, según explicó el organismo, aparecía inscripta como monotributista categoría E, vinculada al rubro de peluquería y locación.
Sin embargo, la acusación señaló que sus acreditaciones bancarias brutas fueron de aproximadamente $1,1 millón en 2020; $4,7 millones en 2021; $55,9 millones en 2022 y $123,7 millones durante 2023. Frente a esos movimientos, la UIF recordó que su facturación declarada había sido de $410.000 en 2021, $360.000 en 2022 y apenas $100.000 en 2023.
La definición utilizada ante los jueces fue contundente: la facturación de Reinau era “ridículamente baja” frente al dinero que ingresaba a sus cuentas. Según la querella, esa disparidad resultaba “ilógica” e “insostenible” con los ingresos formalmente declarados.
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ARCA amplió todavía más la fotografía y analizó al matrimonio como una unidad económica. Según sus cálculos expuestos durante el alegato, entre 2020 y 2023 Ayala habría registrado acreditaciones bancarias netas por unos $242,4 millones y Reinau por $185,6 millones, lo que arrojaría aproximadamente $428 millones entre ambos durante esos cuatro años. La querella contrapuso esos movimientos con la facturación informada y con los bienes adquiridos durante el mismo período.
Mochilas, fajos de pesos y dólares
Hubo además imágenes distintas de las publicadas voluntariamente en redes sociales. Durante el juicio se analizaron filmaciones de cámaras de seguridad en las que, según la perito que declaró durante el debate, fueron identificados Ayala y Reinau ingresando con mochilas que contenían fajos de dinero.
La UIF sostuvo que las imágenes permitían distinguir pesos argentinos y dólares estadounidenses y que las identidades habían sido cotejadas técnicamente. Para la querella, esas filmaciones constituyen otro indicio del manejo habitual de grandes cantidades de efectivo que atribuye al grupo.
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ARCA retomó esas imágenes y sostuvo que “las imágenes lo dicen todo”. Para esa querella, el efectivo posteriormente podía ser incorporado al mercado mediante la adquisición de vehículos o inmuebles, una hipótesis que forma parte de la acusación por lavado de activos y que las defensas tendrán oportunidad de controvertir durante sus alegatos.
El matrimonio bajo la lupa de las dos querellas
ARCA y la UIF coinciden en ubicar a Ayala y Reinau en el núcleo económico de las maniobras investigadas, aunque realizaron pedidos de pena diferentes. ARCA considera a Ayala uno de los jefes y coorganizadores de la asociación ilícita fiscal y pidió para él 15 años de prisión por ese delito en concurso real con lavado de activos. Para Reinau reclamó 9 años.
La UIF, que acusó específicamente por lavado de activos agravado, solicitó 12 años de prisión para cada uno. Ambos organismos también reclamaron multas y decomisos.