Rossi García Avila/Josep Fusté Llorca
Barcelona, 16 jul (EFE).- El aval de la justicia europea a la amnistía despeja el camino de regreso a Cataluña de Carles Puigdemont, pendiente de un Tribunal Constitucional de mayoría progresista que el próximo otoño debe decidir si rectifica al Supremo y aplica la ley al expresidente catalán, dos años después de su aprobación.
PUBLICIDAD
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desbloquea además la aplicación de la amnistía a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por la responsabilidad contable del procés -entre ellos el propio Puigdemont, el líder de ERC Oriol Junqueras y el expresidente catalán Artur Mas-, así como a los doce miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo.
Con su resolución, la justicia europea marca el terreno juego a los tribunales españoles que deben resolver sobre las amnistías pendientes:
Puigdemont, en manos del Constitucional
La sentencia del TJUE no tiene aplicación directa sobre el caso de Puigdemont, huido de la justicia española desde hace nueve años y al que el Supremo denegó la amnistía por el delito de malversación en julio de 2024, poco después de aprobarse la ley, mientras mantenía vigente la orden nacional de detención contra él.
PUBLICIDAD
El argumento del Supremo para no amnistiar la malversación -lo que también afecta a la inhabilitación de Oriol Junqueras- fue doble: los gastos del 'procés' no pueden perdonarse porque los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal con ellos -al ahorrarse los costes de una iniciativa que no respondía al interés general- y menoscabaron los intereses financieros de la UE.
El espaldarazo de la justicia europea al perdón de la malversación abona el terreno para la decisión del Constitucional, que entre septiembre y octubre próximos tiene previsto resolver el recurso de amparo de Puigdemont contra la denegación de la amnistía, tras lo que corresponderá al Supremo aplicar la resolución.
PUBLICIDAD
El independentismo, sin embargo, se resiste a echar campanas al vuelo y no oculta su desconfianza ante un Supremo que creen podría recurrir a un enésimo argumento legal para bloquear de nuevo la amnistía de Puigdemont y Junqueras, incluso llevando otra vez la ley ante la justicia europea.
Tras hacerse pública la sentencia, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha dado a entender que descarta pedir al Constitucional que levante cautelarmente la orden de detención de Puigdemont -como ya hizo, sin éxito, cuando el pasado mes de enero presentó el recurso de amparo-. "La pelota no está en nuestro tejado", ha dicho.
PUBLICIDAD
De la decisión del Constitucional depende también el futuro de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, ambos huidos de la justicia española y con órdenes de detención pendientes, así como las inhabilitaciones de los exconsellers Jordi Turull -secretario general de Junts-, Raül Romeva y Dolors Bassa.
Mas y Junqueras, la amnistía de los gastos del 'procés'
La sentencia del Tribunal Europeo sí da respuesta directa a las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas, el primero que movió ficha para llevar la amnistía a la justicia europea en la causa por la responsabilidad contable del 1-O y la promoción exterior del 'procés', entre los años 2011 y 2017.
PUBLICIDAD
El proceso afecta a una treintena de excargos del Govern, incluidos varios exconsellers, a quienes la Fiscalía reclama 3,4 millones de euros por los gastos del 'procés': el caso quedó en suspenso, cuando ya estaba visto para sentencia y con fianzas millonarias depositadas por los afectados.
El pronunciamiento de la justicia europa desencalla ahora la amnistía para los encausados en el Tribunal de Cuentas, al descartar los recelos de la consejera Elena Hernáez de que la ley contradice las directivas europeas que obligan a los Estados miembros a perseguir el fraude y a proteger sus intereses económicos.
PUBLICIDAD
Tras el respaldo de la justicia europea a la amnistía, los doce miembros de los autodemoninados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo han exigido que no se "dilate ni un día" más la aplicación de la ley.
Los CDR, que afrontan penas de hasta 27 años de cárcel, no llegaron a ser juzgados: la Audiencia Nacional congeló el proceso en septiembre de 2024 ante las dudas que le generaba la amnistía de los delitos de terrorismo, pese a que la ley excluye expresamente aquellas acciones violentas que supongan una vulneración de derechos humanos.
PUBLICIDAD
Según la justicia europea, la ley de amnistía "no menoscaba" la directiva comunitaria sobre terrorismo, con lo que abre la puerta a que la Audiencia Nacional amnistíe los actos de sabotaje que planificaban los CDR.
También aguardaban la resolución del TJUE los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, exaltos cargos en la consellería de Oriol Junqueras durante el 'procés', a la espera de juicio por los preparativos del 1-O, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió para preguntar a la justicia europea.
PUBLICIDAD
El TJUE no resuelve directamente las cuestiones prejudiciales de su caso, que forman parte de un procedimiento distinto, pero sus argumentos son extrapolables. De hecho, fuentes de ERC esperan que el TJSC retire su propia cuestión prejudicial o la dé por respondida. EFE