Todd Blanche estaba sentado junto a Donald Trump cuando un jurado de Nueva York lo declaró culpable de 34 delitos. Dos años después, se encuentra a un voto de dirigir a los fiscales federales que antes investigaban a su antiguo cliente.
Para despejarse el camino ha enterrado un fondo de 1.800 millones de dólares públicos que pretendía indemnizar a los aliados del presidente y a los condenados por el asalto al Capitolio.
El sacrificio le ha permitido superar el filtro de una comisión del Senado, pero no ha borrado sus conflictos.
La orden que blindó fiscalmente a Trump no ha sido revocada, aunque continúa litigándose; las víctimas de Jeffrey Epstein piden que Blanche sea rechazado y Nuevo México ha demandado a su departamento.
Está cerca de convertirse en fiscal general, pero aún debe demostrar que ha dejado de ser el abogado de un solo hombre.
El acuerdo de Trump con su propio Gobierno
La historia comenzó con un delito real. Un antiguo contratista de la Hacienda estadounidense robó y filtró las declaraciones fiscales de Trump y fue condenado a cinco años de cárcel. De regreso en la Casa Blanca, el presidente reclamó 10.000 millones a dos organismos de su propia Administración.
Los abogados del Estado ni siquiera habían comparecido cuando, cuatro meses después, se alcanzó un acuerdo. Blanche lo firmó en nombre del Gobierno pese a haber sido abogado personal de Trump.
El pacto cerraba además dos reclamaciones de Trump por 230 millones relacionadas con investigaciones del FBI, incluido el registro de Mar-a-Lago que originó la causa de los documentos clasificados en la que Blanche lo había defendido.
Trump obtuvo dos concesiones. La primera era un fondo de 1.776 millones —un guiño al año de la independencia— para quienes alegaran persecución política.
Su familia no podía cobrar, pero sí sus aliados. Cinco administradores nombrados por el fiscal general decidirían los pagos con escasa transparencia. Blanche se negó a excluir a condenados por agredir a policías en el Capitolio.
La segunda sí beneficiaba directamente a Trump: Hacienda debía cerrar inspecciones abiertas y no revisar declaraciones ya presentadas por él, sus dos hijos mayores y su empresa.
Blanche ha precisado que no cubre ejercicios futuros. Aun así, podría evitarle una factura superior a 100 millones. Expertos fiscales cuestionan que la justicia pueda detener inspecciones de Hacienda.
Dos juezas han puesto en duda la operación. Una congeló el fondo. Otra tachó de "impropio" el pacto entre Trump y su propia Administración y prohibió invocarlo en otros procesos.
La decisión, recurrida por el presidente, podría anular también el blindaje fiscal. El sindicato de Hacienda acaba de pedirlo ante los tribunales.
El pacto casi hundió la candidatura de Blanche.
Dos senadores republicanos le exigieron que enterrara el fondo por escrito. Él ha revocado la orden y certificado que no se nombraron administradores ni se movió dinero.
La comisión que examina su nombramiento lo ha elevado al pleno por 12 votos republicanos frente a diez demócratas.
Los críticos sostienen que la retirada puede deshacerse: el acuerdo original exigía el consentimiento de todas las partes para modificarlo y la nueva orden solo lleva la firma de Blanche.
Trump ya ha amenazado con resucitar el fondo. El Departamento de Justicia tampoco lo necesita para indemnizar a sus aliados: ya ha pagado al menos 8,5 millones mediante acuerdos ordinarios.
Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en la serie de conciertos de Wall Street en 2005 (Nueva York).
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Con una republicana en contra y otro senador ausente, Blanche necesita que al menos uno de los dos republicanos que aún dudan lo apoye, siempre que no aparezcan más deserciones. El Senado ya ha iniciado el procedimiento para votar. Si fracasa, Trump ha prometido mantenerlo como fiscal general en funciones.
Ghislaine Maxwell y las víctimas que quieren frenarlo
El segundo obstáculo nació cuando Blanche quedó encargado de los archivos de Epstein. Viajó a una prisión de Florida para interrogar durante más de nueve horas a Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años por captar menores para el pederasta.
Maxwell aseguró que nunca había visto a Trump comportarse de manera inapropiada. Una semana después fue trasladada de una cárcel de baja seguridad a otra de mínima seguridad.
Blanche lo atribuyó a amenazas contra su vida y ha prometido que no recomendará su indulto, pero entre sus críticos la sucesión alimentó la sospecha de un premio por exculpar al presidente.
Después, el Departamento de Justicia publicó tres millones de páginas, 180.000 fotografías y 2.000 vídeos. Debía proteger a las víctimas, pero expuso nombres, correos, datos bancarios e imágenes íntimas.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Reuters
Los abogados de casi un centenar de supervivientes denunciaron miles de errores. Blanche ha admitido que el departamento falló y afirma que cada problema comunicado fue corregido.
Las afectadas no lo consideran suficiente. Solo se reunió con ellas cuando un senador republicano condicionó su voto. Denunciaron interrupciones y evasivas, y han pedido que sea rechazado.
Nuevo México también ha demandado a la Justicia para obtener los archivos sin tachaduras de la finca de Epstein. Una comisión estatal ha documentado allí al menos cinco víctimas y otras 30 personas que podrían ser víctimas, testigos o facilitadoras.
El departamento alega que debe proteger su intimidad; las supervivientes replican que publicó sus datos.
Del banquillo de Trump al despacho que lo perseguía
Blanche fue fiscal federal en Nueva York antes de pasar a la defensa privada. En 2023 comenzó a representar a Trump: dirigió su defensa en el juicio por el pago para silenciar a una actriz porno y trabajó en las causas por los documentos clasificados y el intento de alterar las elecciones.
No evitó la condena neoyorquina, pero las causas federales quedaron archivadas tras la victoria de Trump.
Poco después se convirtió en el número dos de Justicia.
En abril asumió interinamente la dirección del departamento después de que Trump destituyera a su antecesora, descontento con la gestión de los archivos Epstein y el fracaso de las causas contra sus adversarios. Blanche ha defendido que el presidente tiene el "derecho" y el "deber" de orientar las investigaciones.
Bajo su mando, el Departamento de Justicia ha imputado al antiguo director del FBI por publicar una fotografía de conchas que formaban "86 47", interpretada como una amenaza contra el 47.º presidente.
Hasta un senador republicano favorable a Blanche ha calificado el caso de "absurdo". También ha autorizado investigaciones contra una antigua asesora de Trump que lo implicó en el asalto al Capitolio, el exdirector de la CIA que participó en la evaluación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la principal plataforma de donaciones demócratas.
En plena deliberación del Senado, la fiscal federal de Washington ha enfurecido a Trump al retirar una acusación por daños en el monumento a Lincoln y denunciar que otro miembro del Gobierno había engañado al presidente.
Blanche la ha elogiado, pero ha recordado que Trump puede despedirla cuando quiera. Su respaldo termina donde comienza la autoridad presidencial.
También se han debilitado los controles. La oficina que investiga a los abogados del Departamento de Justicia ha pasado de 29 a 16 empleados y abrió solo siete expedientes en 2025, el mínimo en dos décadas, pese a recibir 1.666 denuncias.
La Inspección General ha perdido casi otros cien trabajadores. Justicia sostiene que ambas unidades continúan funcionando, pero más de 1.200 antiguos empleados han pedido al Senado que rechace a Blanche por considerar que su lealtad a Trump lo incapacita para dirigirlo.
La votación decidirá algo más que quién ocupa un despacho. El Senado debe resolver si el hombre que defendió al acusado puede convertirse, sin dejar de defenderlo, en el fiscal de todo el país.