
Más de un centenar de perfiles falsos en redes sociales, videollamadas con rostros alterados mediante inteligencia artificial y documentos fraudulentos formaban parte del sofisticado esquema con el que una organización criminal engañaba a personas interesadas en viajar a Estados Unidos. La red fue desmantelada en Ibagué tras una operación conjunta de las autoridades colombianas y las estadounidenses.
Las víctimas estaban en al menos siete países: Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú. Según la investigación, los delincuentes prometían gestionar visas y permisos de residencia a cambio de dinero, utilizando herramientas tecnológicas para convencer a quienes buscaban adelantar trámites migratorios.
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El operativo dejó cinco personas capturadas en flagrancia y tres allanamientos en inmuebles que, en apariencia, eran viviendas familiares, pero funcionaban como centros clandestinos desde donde se coordinaban las estafas. La acción fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Centro Americano Contra el Cibercrimen de Ameripol y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
Uno de los elementos que más llamó la atención de las autoridades fue el uso de la inteligencia artificial para hacer más creíble el fraude. De acuerdo con la investigación, los integrantes de la organización modificaban su apariencia y su voz durante las videollamadas para hacerse pasar por funcionarios consulares y representantes de entidades oficiales estadounidenses.
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“Mediante la modalidad de DeepFace alteraban sus rostros y acentos durante las videollamadas, logrando suplantar con alta fidelidad a funcionarios consulares y miembros de agencias gubernamentales estadounidenses. Para captar a sus víctimas, la red criminal había diseñado y administraba más de 100 perfiles falsos en distintas redes sociales”, aseguró el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

La estructura no solo recurría a esas herramientas. Las autoridades establecieron que también automatizaba mensajes, elaboraba guiones personalizados para cada posible víctima y utilizaba chatbots para responder consultas durante el primer contacto. A eso se sumaban sistemas de clonación de voz y contenidos audiovisuales manipulados con los que reforzaban la apariencia de legalidad de los supuestos trámites.
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La información obtenida por inteligencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana permitió ubicar dos call centers clandestinos instalados dentro de viviendas en Ibagué. Desde allí, los capturados realizaban llamadas y mantenían comunicación con las víctimas mediante diferentes aplicaciones de mensajería. Durante los allanamientos, expertos del Centro Cibernético Policial identificaron y neutralizaron el software de inteligencia artificial utilizado para las suplantaciones. Además, recolectaron abundante material que ahora hace parte del proceso judicial.
En total, fueron incautados 105 elementos probatorios, entre ellos más de 330.000 dólares falsos que, según las autoridades, eran utilizados para fortalecer el engaño. También encontraron 13 millones de pesos en efectivo, dos cheques falsificados del Bank of America por un valor de 430.000 dólares, 28 teléfonos celulares, cinco computadores, una tableta y una cámara de video.
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La inspección dejó al descubierto otros elementos que daban apariencia de autenticidad a la organización. Los investigadores hallaron nueve documentos gubernamentales falsos de Estados Unidos, documentación migratoria, guías con cuestionarios, cinco libretas con información, banderas, escudos oficiales, una toga con insignias del Gobierno estadounidense y un uniforme falso de la agencia HSI.
En medio de las diligencias también fueron encontrados 17 bloques de marihuana con un peso de 9.180 gramos, un hallazgo que amplió las líneas de investigación sobre las actividades desarrolladas por la organización. Los capturados fueron identificados como Diana Murillo Vásquez, Johanna Murillo Vásquez, Jhon García, Sebastián Montealegre y María Cruz, señalados de integrar la estructura criminal. Tres de ellos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas.
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La Fiscalía les imputó cargos por violación de datos personales, falsedad personal agravada por la utilización de inteligencia artificial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento privado, tráfico de moneda falsificada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En cuanto a los otros dos capturados, el ente acusador informó que fueron objeto de medidas administrativas.