El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido durante la noche del viernes y trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde comenzará a cumplir la condena de ocho años de prisión que recibió por delitos contra la administración pública. La medida se concretó después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso presentado por su defensa y dejara firme la sentencia.
La orden de detención también alcanzó a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y Pedro Báez, quien fue ministro de Cultura y Comunicación durante su gestión. Ambos fueron condenados en la misma causa a seis años y medio de prisión.
Según informó Infobae, efectivos policiales fueron a buscar a Urribarri a su domicilio en Concordia y emprendieron el traslado hacia Paraná. Las dos ciudades están separadas por unos 280 kilómetros y el viaje demoró casi cuatro horas debido al estado de la Ruta Nacional 18. Por ese motivo, el exmandatario ingresó a la unidad penitenciaria durante la madrugada.
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La decisión de avanzar con la detención se produjo luego de que el máximo tribunal rechazara el recurso que todavía mantenía abierta la posibilidad de revisar la condena. La sentencia había sido dictada originalmente en abril de 2022 y estableció para Urribarri una pena de ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
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El pedido de prisión domiciliaria que rechazó la Justicia
Antes de que se concretara la detención, la defensa de Urribarri había intentado evitar su ingreso a una cárcel. Su abogado, Leopoldo Cappa, solicitó que el exgobernador pudiera cumplir la pena en su domicilio, con monitoreo electrónico, y argumentó que su estado de salud mental podía verse afectado por el alojamiento en un establecimiento penitenciario común.
En la presentación judicial, la defensa sostuvo que Urribarri se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde diciembre de 2025 y presentó una certificación médica en la que se consignó un cuadro de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización. Según el planteo, el encarcelamiento podía provocar un agravamiento de su estado y poner en riesgo su integridad psicofísica.
Sin embargo, la Fiscalía se opuso al pedido. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano señalaron, entre otros argumentos, que una vez que la condena queda firme la prisión domiciliaria deja de ser una cuestión cautelar y pasa a ser una modalidad de cumplimiento de la pena.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná consideró improcedente el planteo presentado por la defensa y sostuvo que la decisión sobre una eventual prisión domiciliaria debe quedar en manos del juez de Ejecución de Penas. De esta manera, el rechazo del pedido no implica necesariamente que la discusión sobre la modalidad de cumplimiento haya quedado cerrada, sino que será la Justicia de Ejecución la que deberá analizar, en caso de que la defensa vuelva a plantearlo, si corresponde otorgar ese beneficio.
Los jueces Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara también dispusieron que el Servicio Penitenciario realice un examen médico exhaustivo a los condenados al momento de su ingreso. Además, ordenaron garantizar la continuidad de los tratamientos y la provisión de la medicación indicada, así como los traslados a centros hospitalarios si fueran necesarios.
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La causa por la que Urribarri fue condenado
La condena contra Urribarri se originó en una investigación sobre el manejo de fondos públicos durante sus dos períodos como gobernador de Entre Ríos, entre 2007 y 2015.
El expediente puso el foco, entre otros hechos, en contrataciones de publicidad oficial realizadas entre 2010 y 2015 y en empresas vinculadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. La Justicia provincial determinó que existió un esquema irregular en el uso de recursos estatales y que se realizaron operaciones que beneficiaron a personas vinculadas al entorno del exgobernador.
La investigación también incluyó gastos relacionados con la organización de la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Urribarri el 7 de abril de 2022. La pena fue de ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En la misma causa fueron condenados Aguilera y Báez, entre otros involucrados.
Durante el proceso, Urribarri ya había pasado por una situación de detención. En noviembre de 2024 fue enviado a prisión después de que la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenara su captura ante el riesgo de que pudiera frustrar el proceso. Permaneció 50 días detenido, hasta que en enero de 2025 el Superior Tribunal de Justicia provincial revocó esa medida mientras continuaba el trámite de los recursos.
La situación cambió definitivamente con la decisión de la Corte Suprema de septiembre de 2026. El máximo tribunal rechazó los planteos que todavía estaban pendientes y dejó firme la condena, lo que habilitó la ejecución de la pena.
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De gobernador a prisión efectiva
Urribarri gobernó Entre Ríos durante dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2015, y fue uno de los dirigentes del peronismo más vinculados al kirchnerismo durante esos años. Después de dejar la gobernación, continuó su carrera política y entre 2020 y 2022 se desempeñó como embajador argentino en Israel, cargo del que finalmente se alejó en medio de cuestionamientos políticos y judiciales.
Ahora, con la condena firme y la orden de detención ejecutada, el exgobernador deberá comenzar a cumplir la pena de ocho años de prisión. Su defensa todavía podrá recurrir a la Justicia de Ejecución para solicitar una modalidad alternativa de cumplimiento, entre ellas la prisión domiciliaria, si considera que existen razones vinculadas con su estado de salud que la justifiquen.
Por el momento, la decisión judicial es que Urribarri cumpla su condena en la Unidad Penal N°1 de Paraná, al igual que Aguilera y Báez, quienes también quedaron alcanzados por las órdenes de detención dictadas tras la firmeza de las condenas.