Un juez de control impuso prisión preventiva a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador del estado de Guerrero, acusado de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de la justicia, vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala de haber ordenado desaparecer las grabaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia Estatal en Iguala que captaron el momento en que estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014, material que habría sido determinante para conocer su paradero.
PUBLICIDAD
La medida cautelar se emitió este viernes durante la audiencia inicial celebrada en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, donde el juzgador validó la legalidad de la detención del exmilitante del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), ocurrida el pasado jueves 6 de agosto en el Estado de México.
La defensa del exmandatario solicitó la duplicidad del término constitucional. Por esa razón, el martes 11 de agosto a las 10:00 horas se retomará la audiencia para determinar si se vincula a proceso a Aguirre Rivero por los dos delitos señalados.
PUBLICIDAD
Según datos revelados en un video informativo sobre el caso Ayotzinapa, publicado por la FGR este 7 de agosto, la noche del 26 de septiembre de 2014 el autobús de la empresa Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del estado en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales.
La FGR señaló que ese material habría captado el momento en que los jóvenes fueron atacados, lo que lo convierte en una evidencia que habría sido determinante para el esclarecimiento de los hechos. Las primeras versiones oficiales sostuvieron que no existía por presuntas fallas técnicas del sistema.
PUBLICIDAD
En su mensaje del 6 de agosto, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos detalló que en enero de 2026 una persona colaboradora aportó un testimonio que confirmó la existencia de las grabaciones. Esa persona señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Aguirre Rivero y refirió amenazas que explicaban su silencio previo.
En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció ese testimonio. Señaló que Aguirre Rivero habría ordenado, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
PUBLICIDAD
El arresto de Ángel Aguirre Rivero no es el primero vinculado al ocultamiento de las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala. El 14 de mayo de 2025, la FGR detuvo a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, acusada de haber ordenado destruir ese mismo material. Ella ocupaba la presidencia del TSJ en septiembre de 2014, cuando ocurrieron los ataques y desapariciones contra los normalistas.
En el mismo mensaje, la fiscal sostuvo que la FGR cuenta con elementos de prueba que acreditan que la instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
PUBLICIDAD
Godoy Ramos afirmó que el ocultamiento de las grabaciones no fue un acto aislado ni una omisión técnica: “Fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”.
Tanto el video de la FGR de este día como el mensaje de Godoy Ramos precisaron que el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra Aguirre Rivero por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
PUBLICIDAD
La orden fue cumplimentada el jueves 6 de agosto en el Estado de México. La fiscal Godoy Ramos se comprometió a mantener informadas a las familias de los 43 normalistas y al pueblo de México sobre nuevos avances, conforme lo permita el debido proceso.
El 3 de marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que en colaboración con la FGR, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Guerrero a Mauro Antonio Mosso Benítez, exdirector de Tránsito municipal de Iguala. Las autoridades lo acusan de delincuencia organizada y le atribuyen el uso de un celular perteneciente a uno de los 43 normalistas el 27 de septiembre de 2014.
PUBLICIDAD
El 5 de junio de 2026, autoridades estadounidenses notificaron a la FGR la detención de Enrique Martínez Chávez, exmilitar mexicano asegurado en Hawthorne, California, por no acreditar su estancia legal. Contaba con orden de aprehensión vigente en México por desaparición forzada. Es señalado como integrante de un grupo de 12 soldados que patrullaron Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, por lo que se le vincula con la desaparición. La Fiscalía inició el procedimiento migratorio correspondiente para su repatriación a México.