Un grupo de legisladores nacionales de Entre Ríos, del Partido Justicialista, presentó este martes un pedido formal de audiencia al gobernador Rogelio Frigerio. Desde la oposición reclamaron una reunión con el mandatario del PRO para que explique la «grave crisis económica y productiva» que atraviesa la provincia. En ese sentido, el peronismo apuntó al cierre de empresas y a la pérdida de puestos de trabajo como las principales consecuencias de la situación.
La carta lleva las firmas del senador Adán Bahl y de los diputados Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Guillermo Michel y Marianela Marclay. Los legisladores afirman que los registros oficiales muestran la desaparición de más de 1.074 empresas en Entre Ríos desde fines de 2023.
Cifras que preocupan: «10 nuevos desocupados por día»
El diputado nacional Guillermo Michel fue uno de los más críticos en redes sociales, donde difundió datos sobre el impacto de la crisis en la provincia. Según afirmó, desde diciembre de 2023 Entre Ríos perdió 8.821 puestos de trabajo, un promedio de «10 nuevos desocupados por día».

En ese mismo mensaje, el legislador cuestionó al gobernador y recordó una de sus promesas de campaña. «Frigerio, que en la campaña dijo estar ‘obsesionado’ con crear empleo privado, tiene que dejar de inventarse viajecitos en el verano europeo y ponerse a trabajar en los verdaderos problemas de los entrerrianos», escribió.
Pedimos por escrito una reunión al gobernador Frigerio por el cierre de empresas y los despidos masivos en la provincia.
Desde diciembre de 2023, Entre Ríos acumuló la destrucción de 8.821 puestos de trabajo. Esto implica 10 desocupados nuevos por día.
Frigerio, que en la… pic.twitter.com/zKTwKf4rTX
— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) July 28, 2026
Empresas emblemáticas en crisis
En la nota enviada a la Gobernación, los legisladores enumeraron distintos conflictos laborales que afectan a la provincia:
- Granja Tres Arroyos (Concepción del Uruguay): paralizó su operación y dejó en mayo de 2026 a unos 930 trabajadores sin empleo y sin cobrar los salarios adeudados.
- Buses Paraná: dejó a 237 trabajadores en una situación de incertidumbre.
- Metalúrgica Futura (Gualeguaychú): cerró sus puertas y afectó a 22 familias.
- Diarco (Concordia): registró 38 despidos.
- La Serenísima (Paraná): el cierre de su centro de distribución representa, según los firmantes, un «retroceso industrial» para la provincia.
- Fademi (Larrouque): atraviesa un conflicto que supera los 500 días de acampe.
Reclamo por una mayor intervención del Estado
Los firmantes sostuvieron que «esta realidad excede ampliamente el marco de conflictos particulares entre partes privadas», ya que el impacto alcanza al entramado social, económico y productivo de ciudades donde estas empresas constituyen los principales empleadores.
Por ese motivo, reclamaron que el Estado provincial asuma un rol más activo mediante mesas de diálogo, líneas de financiamiento específicas y políticas destinadas a sostener el empleo y la producción.
«Entendemos indispensable fortalecer los canales de diálogo institucional que permitan contribuir a una pronta solución del conflicto estructural», señalaron en el documento. Además, afirmaron que el diálogo representa el camino para superar la crisis y brindar previsibilidad a las familias entrerrianas.