La deuda del Gobierno Central llegó al 61.1% del PIB y el Banco Central de Costa Rica recortó el jueves su proyección de crecimiento para 2026 de 3.5% a 3.4%. La revisión también alcanzó a 2027, cuya estimación bajó a 3.5%, en un contexto de desaceleración vinculado al freno de las zonas francas.
La entidad atribuyó el ajuste a “la persistencia de la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales de Estados Unidos y la fragmentación geoeconómica”, factores que, según el emisor, tendrán un impacto negativo sobre el ingreso nacional disponible.
La economía de Costa Rica enfrenta además un freno interno: el motor de las zonas francas, que había crecido 17.2% interanual en julio de 2025, avanzó apenas 3.7% en abril de este año, afectado por la salida de Intel y Qorvo y por la caída en exportaciones de dispositivos médicos hacia Estados Unidos.
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El recorte de una décima se suma a una trayectoria descendente más marcada. La proyección de enero de este año era de 3.8%, por lo que la cifra oficial acumuló una baja de cuatro décimas en pocos meses.
El dato del primer trimestre refuerza esa tendencia: el Banco Central de Costa Rica había estimado un crecimiento de 4,5% y luego lo corrigió a 4.1%, lo que mostró que la desaceleración ya estaba en marcha antes de la publicación de las nuevas proyecciones.
La comparación con 2025 amplía la diferencia. Ese año la economía cerró con un crecimiento de 4.6%, por lo que la proyección actual para 2026 implica una caída de 1.2 puntos porcentuales.
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La cifra también quedó por debajo de lo previsto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que en su informe de perspectivas de mitad de año proyectó 3.5% para el país.
La desaceleración no responde solo a factores externos. El Banco Central de Costa Rica identificó en sesiones técnicas previas que el principal factor interno es el enfriamiento del régimen especial de zonas francas, que había impulsado el crecimiento costarricense durante el ciclo pospandemia.
Las exportaciones de dispositivos médicos, principal producto de ese sector, pasaron de crecer 35.1% en abril de 2025 a 5,6% en el mismo mes de este año. Las ventas hacia Estados Unidos, principal destino comercial del país, cayeron 1,1% en los primeros cuatro meses de 2026.
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El cierre de las plantas de Intel y Qorvo en 2025 dejó un hueco que el régimen definitivo, el resto de la economía, no logró compensar, aunque ese sector sí mejoró su ritmo de 2.3% a 3.3%.
El panorama de inflación mostró señales mixtas. El indicador se mantendrá en torno al 2% en lo que resta del año, por debajo de la meta del 3% fijada por el banco emisor. La moderación en los precios internacionales del petróleo y los granos explicó parte de ese comportamiento.
La tasa de política monetaria ya reflejó ese contexto: el BCCR la recortó a 3.00% el 18 de julio, su primer ajuste a la baja en siete meses, en respuesta a una inflación interanual que llegó a terreno negativo (-0.22%) al cierre del primer semestre.
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En el mercado laboral, la tasa de desempleo se mantuvo en torno al 6%, pero bajaron las tasas de participación y de ocupación, mientras aumentó el subempleo. El banco emisor advirtió además que la recaudación fiscal acumuló hasta mayo una caída cercana a ₡62 mil millones, equivalente a una reducción del 2% frente al mismo período de 2025.
El deterioro fiscal fue otro de los puntos del informe. La deuda del Gobierno Central alcanzó el 61.1% del PIB al cierre de mayo, por encima del 60,5% registrado por el Ministerio de Hacienda en su reporte de ese mes.
El superávit primario se redujo y el déficit financiero creció, en parte porque el pago de intereses de la deuda consume alrededor del 1,8% del PIB.
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Para contener ese deterioro, el Gobierno de la presidenta Laura Fernández anunció medidas contra el contrabando y la evasión fiscal. La propuesta que abrió más debate fue la posibilidad de eliminar la exoneración parcial del IVA sobre la canasta básica.
Hoy, los más de 230 productos que integran esa canasta, entre ellos alimentos, artículos de higiene y escolares, pagan una tasa del 1%, frente al 13% general.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó que el Gobierno estudia eliminar esa diferencia, aunque aclaró que los recursos recaudados se devolverían a los hogares de menores ingresos mediante subsidios focalizados.
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La reforma requeriría aprobación de la Asamblea Legislativa, donde el oficialista Partido Pueblo Soberano cuenta con 31 votos.
El Gobierno no explicó aún el mecanismo concreto de esa devolución.