Leonor Mayor Ortega
18/08/2026 14:04 Actualizado 18/08/2026 14:31
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El 30 de julio unos 80.000 extranjeros llegaron a Ceuta. Casi 20 después entre 5.000 y 10.000 permanecen todavía en una ciudad que cuenta habitualmente con 89.000 habitantes. Los médicos, las enfermeras y los servicios sociales no dan abasto. Los jueces, tampoco. Por eso, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido refuerzos para “hacer frente a la crisis migratoria”.
Tras estudiar un informe del servicio de inspección que alerta sobre difícil la situación de la justicia en la ciudad autónoma, el órgano de gobierno de los jueces ve preciso “un refuerzo de dos magistrados para el servicio de guardia y la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer” tras haber trascendido que al menos 15 niñas han sido violadas en estos días. El CGPJ ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que “inicie los trámites para solicitar esta medida de apoyo”.
Además, el CGPJ ha puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia “la necesidad de reforzar el tribunal de manera temporal con personal experimentado, tanto de funcionarios como un letrado de la Administración de Justicia, hasta la superación de la crisis. Por último, el órgano de gobierno de los jueces ha anunciado que el vocal José Antonio Montero visitará en los próximos días los órganos judiciales de la ciudad autónoma.
La tarea de los jueces ante esta crisis es fundamental, porque la ley les otorga un papel principal a la hora de poner en marcha los expedientes de expulsión de las personas que han entrado ilegalmente en territorio español. El artículo 58.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) determina que cuando la devolución de los extranjeros que entran en España de forma irregular no puede ejecutarse dentro de 72 horas desde la llegada, se solicita de la autoridad judicial la medida de internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) prevista para los procedimientos de expulsión.
Licenciada en Derecho (UB) y en Periodismo (URL). Graduada en Estudios Literarios (UB). Máster AGT (Esade). Redactora de Cultura de La Vanguardia