«Todavía tenemos solo 14 ordenadores para filiar a los inmigrantes, que es tarea fundamental para iniciar los retornos y expulsiones», resume a EL MUNDO la consejera de Hacienda del Gobierno ceutí, Kissy Chandiramani. Si hay 7.000 inmigrantes aún en la ciudad -es el número de comidas que se calcula que se reparten- salen a 500 extranjeros por ordenador, lo que hace imposible el retorno rápido que reclama la ciudad y la propia Comisión Europea. Éste es un ejemplo gráfico de lo que la consejera ceutí denominó el viernes «racaneo» del Gobierno a puerta cerrada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ante los ministros de Hacienda, Arcadi España, y el mando único gubernamental, Ángel Víctor Torres.
A los estragos políticos y sociales provocados por la inacción del Gobierno español antes y después de la entrada de más de 70.000 inmigrantes hay que unir la factura económica. Sólo para los contribuyentes -españoles y europeos- se acerca ya a los 500 millones de euros sin perspectiva de que sea suficiente. «Ceuta se encuentra en riesgo real de bancarrota y asfixia financiera», resume Chandiramani, licenciada en Derecho en Madrid y París y española de origen indio que empezó a llevar la Hacienda de Ceuta en 2017.
El contribuyente está pagando esta crisis por varias vías. Por un lado, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, anunció el pasado martes tras el Consejo de Ministros «un plan de choque» de 309 millones de euros. «Son importantes, pero no son suficientes ni equivalen a 309 millones para Ceuta. De esa cifra, 208 millones corresponden a seguridad y acogida, que son ámbitos fundamentalmente estatales», replica Chandiramani, que matiza que se trata además de ayudas «hasta diciembre», cuando los efectos son ya demasiado estructurales.
Cuerpo, economista y técnico comercial del Estado de perfil moderado y dialogante, no está acostumbrado como Óscar Puente u otros ministros a insultos y abucheos, pero ha empezado a vivir en primera persona lo que supone la impopularidad de unirse al actual Gobierno. El pasado 25 de agosto, un grupo de manifestantes intentó entrar en el hotel Ulises de Ceuta donde se encontraba.
Al coste de su plan de choque hay que añadir que la Comisión Europea ultima un paquete de más de 100 millones de fondos de emergencia que, según la propia Bruselas, no ha aprobado antes por no haber llegado antes en tiempo y forma la solicitud del Gobierno. El contribuyente europeo asume también por tanto los costes de, lo que Pedro Sánchez llama ahora, «hechos acaecidos» o «crisis migratoria» del pasado 30 de julio.
A estas cifras hay que añadir el esfuerzo de las arcas públicas ceutíes. «La Ciudad de Ceuta está afrontando más de 10 millones de euros mensuales en el escenario de máxima presión: menores, atención humanitaria, limpieza, seguridad y servicios extraordinarios. Es un gasto que Ceuta no puede ni debe asumir sola», asegura la consejera a este diario.
En su opinión, «el Estado debe compensar íntegramente todos los gastos extraordinarios de esta crisis. Y, además, necesitamos financiación estructural: hemos cuantificado inicialmente hasta el mes de diciembre en 62,2 millones de necesidades en menores, educación, agua, residuos y recuperación económica y turística». Y recalca que las cifras finales son aún imprevisibles: «Todavía no sabemos el alcance real de la crisis».
Ceuta dispone de un presupuesto de 400 millones, superior al de muchos ayuntamientos, pero también cuenta con competencias distintas y una situación particularmente débil. Al drama que sufren los ciudadanos ceutíes hay que añadir su baja prosperidad crónica. El INE sitúa la renta per cápita de Ceuta como la más baja de España junto a Melilla: apenas 23.200 euros, la mitad que Madrid o el País Vasco y un 60% menos que Cataluña.
Gibraltar, mejor que Ceuta
Es fundamental que el Gobierno genere confianza inversora en que Ceuta volverá a la normalidad y eso pasa por relanzar su españolidad y europeidad.
Se da el despropósito de que el reciente acuerdo con Gibraltar alcanzado por José Manuel Albares coloca al Peñón en mejor posición aduanera con la UE que Ceuta, según critica la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos. "Si se es capaz de inventar mecanismos inteligentes para Gibraltar, también se debería poder hacerlo para una ciudad española", reprocha la empresaria ceutí.
Pedro Sánchez ha dado un nuevo giro y propone ahora integrar a Ceuta en la Unión Aduanera con estatus de región ultraperiférica. Pero para eso necesita la unanimidad de los 27 socios, de los que, al menos, 22 critican la actuación del Gobierno en Ceuta. Bruselas presiona a Moncloa para que no lleve a inmigrantes, ni siquiera a los menores, a la Península, y agilice el retorno de los que quedan. Pero ni eso será ya suficiente ante el daño causado. Y la factura, al alza.
A los 15 meses de su nombramiento como gobernador de Baja Sajonia, el socialdemócrata alemán Olaf Lies, ha topado con una crisis y ha alcanzado un difícil pacto con Volkswagen. Su papel es relevante, porque su estado es gran accionista de VW con el 20% del voto. Ha evitado el cierre inmediato de cuatro plantas alemanas y, como él mismo reivindica, ahora «la mitad» de las 50.000 salidas de trabajadores que el grupo considera inevitables serán «fuera de Alemania». Es evidente que la prioridad de Lies no es preservar la marca Seat ni el futuro de sus trabajadores en España, así que el Gobierno español debe reaccionar y crear un entorno industrial y regulatorio diferente si quiere retener aVW, porque el riesgo no es sólo el futuro de la marca. El comité de Seat ve blindado el empleo «hasta 2030», pero ése no es un horizonte lejano.
Una muestra de lo que supone enviar cargos del Ministerio a instituciones presuntamente independientes se vio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del viernes. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, es la autora técnica del nuevo modelo de financiación por su anterior cargo en el Ministerio y debe en su puesto actual calibrar si el Estado se puede permitir un sistema que rechazan el 90% de las CCAA y que cuesta 21.000 millones más al Estado. A asistentes consultados les costó entender la posición de Olóndriz, porque intentó un equilibrio entre no desautorizar a sus servicios -que ven riesgos- y evitar atacar al ministro. Solución, ganar tiempo. «Aún no resulta posible realizar una valoración cerrada de sus efectos sobre la sostenibilidad de las cuentas», dijo.
El Banco Central Europeo prepara elevar los tipos de interés al 2,5% el próximo jueves tras los malos datos de inflación que está registrando la Eurozona. En agosto llegó al 3,3% de media y con España, peor: en el grupo de cabeza con una estimación del 4,5% en acelerada pérdida de competitividad con respecto al grueso de socios europeos. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, debe medir futuros pasos, porque un endurecimiento excesivo para frenar precios puede dañar el crecimiento que sigue siendo anémico. El ritmo es de apenas el 1% en la Eurozona con excepciones, en este caso para bien, como España. Pero incluso la economía española apunta a ralentización al perder fuelle en la creación de empleo y chocar con la inflación y el creciente coste de la deuda y encarecimiento de hipotecas. Otoño complejo.