La decisión del juez penal actuante de denunciar a las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense por el presunto delito de “encubrimiento” —al no enviarle al juzgado la documentación requerida sobre el pago de contratos a empleados “ñoquis”— crea una delicada situación institucional en la Provincia. De profundizarse y llegar al extremo de un conflicto de poderes, esta tensión podría terminar dirimiéndose en la Suprema Corte, con eventuales y ulteriores consecuencias negativas para el sistema democrático.
Lo grave es también que mientras la Provincia no puede cumplir con eficacia las necesidades básicas de los bonaerenses, como la salud, se gasta en la Legislatura más de $370.000 millones -según el presupuesto 2026- para su funcionamiento. Sin embargo, en lo que va del año las dos cámaras han sesionado sólo entre 2 y 4 veces.
Tal como se informó en este diario, el magistrado a cargo del “Caso Chocolate”, en el que se investiga el pago de contratos a empleados falsos de la Legislatura, decidió formular la denuncia al conocerse que la Cámara de Diputados había decidido negarle a la Justicia la información requerida.
Días atrás se supo que la Cámara de Diputados había archivado esas actuaciones mediante la aprobación de un proyecto de resolución, a libro cerrado y en una votación exprés concretada en mayo pasado. A través de esa medida se decidió el archivo de casi 8.000 resoluciones administrativas, entre ellas los antecedentes del caso Rigau solicitados por una fiscalía penal.
Como se recordará, el imputado —un puntero del partido peronista en la Provincia— fue detectado cuando extraía dinero en cajeros automáticos de cuentas sueldo con unas 50 tarjetas de débito correspondientes al pago de empleados “ñoquis”. Ante las demoras y respuestas que consideró insuficientes, el juez había emitido tiempo atrás una “orden de presentación” para exigir la entrega de esos documentos y, anteayer, ordenó nuevamente a la Cámara la entrega de dichos antecedentes. Según trascendió en las últimas horas, el cuerpo legislativo brindaría mañana una “respuesta jurídica, institucional y periodística contundente sobre la denuncia”.
Cabe consignar que, en las últimas jornadas, trascendió además que diez exsenadores bonaerenses deberán declarar como testigos ante un fiscal de La Plata en una investigación paralela instruida en la causa conocida como “Chocolates del Senado” o “Chocolate II”. También allí las cámaras de seguridad de los cajeros del Banco Provincia mostraron en 2024 a una pareja realizando extracciones compulsivas con tarjetas de débito ajenas. En este caso, los plásticos no corresponden a la Cámara de Diputados bonaerense, sino a la del Senado, y los legisladores involucrados pertenecen a los bloques de la UCR, exJxC, la Coalición Cívica y Derecha Popular.
No es la primera vez que los números de la Legislatura bonaerense apabullan por su magnitud y esconden opacidades contables. Es el caso de los “módulos”: unidades de dinero que, además de las remuneraciones mensuales, se otorgan a cada legislador para nombrar personal. El sistema permite designar a un número indeterminado de personas que no desempeñan tarea alguna en la Legislatura, sin que se sepa adónde va a parar el dinero de esos sueldos.
Así aparece la oscura designación de centenares —tal vez miles— de “ñoquis”, una práctica que cobró enorme repercusión pública en la Legislatura bonaerense a partir del “caso Chocolate”.
Existen también otras partidas presupuestarias difíciles de fiscalizar, como la entrega de subsidios que, hace décadas, eran votados en el recinto por el plenario y luego pasaron a ser manejados de forma discrecional por cada legislador, sin obligación de rendir cuentas sobre el destino de los fondos otorgados.
Desde hace mucho tiempo se reclama transparencia en el manejo de los presupuestos de la Legislatura y una mayor austeridad en los gastos. Ante cada reclamo de esta índole, el absoluto mutismo mantenido por las autoridades de ambas cámaras resulta ostensible y profundamente negativo para la democracia y el sistema republicano. Un silencio que autoriza a suponer que, lamentablemente y tal como reza el aforismo, “el que calla, otorga”.
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