El Estado de Emergencia Nacional por la sequía meteorológica y agrícola entró en vigencia en El Salvador tras la publicación del decreto en el Diario Oficial del 7 de octubre de 2026 (penúltima edición disponible).
El decreto abarca todo el territorio salvadoreño y tendrá una duración inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga si el presidente de la República la solicita ante la Asamblea Legislativa.
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La norma establece que la medida responde al riesgo generado por la sequía meteorológica y agrícola, vinculada al fenómeno climático El Niño. Las altas temperaturas y otros fenómenos hidrometeorológicos extremos han tenido efectos irregulares en distintas zonas del país y han afectado los medios de vida de la población.
El decreto de emergencia tenía prevista su entrada en vigencia desde dicha publicación.
El decreto ordena proteger la seguridad alimentaria y nutricional de la población, con atención especial para los sectores afectados por la situación climática.
También dispone acciones para prevenir daños en la producción nacional, en particular en la agricultura, la agroindustria y la ganadería. El Estado deberá activar las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil y los mecanismos de coordinación departamental y municipal para atender las consecuencias de la sequía.
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Entre las disposiciones figura la adopción de medidas destinadas a mitigar los impactos sobre la población, sus bienes, los servicios públicos y los ecosistemas.
La normativa faculta a las instituciones gubernamentales a administrar y trasladar recursos con el objetivo de prevenir y reducir los efectos de la emergencia, de acuerdo con la legislación vigente.
El presidente de la República deberá coordinar con la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres la ejecución del Plan Nacional de Protección Civil. Además, tendrá a su cargo la coordinación de la cooperación internacional, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) asumirá las tareas vinculadas con el resguardo de la seguridad alimentaria y nutricional, así como con el almacenamiento de alimentos. La logística para la distribución de asistencia humanitaria quedará bajo responsabilidad del Ministerio de la Defensa Nacional.
El decreto también establece que la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y los cuerpos de socorro deberán prestar apoyo en las actividades relacionadas con la emergencia.
La declaratoria de emergencia nacional en todo El Salvador por la sequía fue aprobada el 7 de octubre, aunque diputados salvadoreños consideraron que llegó tarde.
La diputada de la fracción de Vamos, Claudia Ortiz, sostuvo, para entonces, que el país conocía desde abril el riesgo asociado al fenómeno del Súper Niño: “Ya sabíamos, la comunidad científica, las instituciones que monitorean el clima a nivel internacional ya habían alertado que íbamos a tener graves sequías en El Salvador”.
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El diputado Francisco Lira, de ARENA, recordó que en agosto presentó una propuesta para que el MAG elaborara un diagnóstico sobre el déficit hídrico en los cultivos de granos básicos y la ganadería. También planteó un plan de abastecimiento y reserva estratégica, además de créditos, seguros y reestructuración de deudas para los agricultores, pero solo obtuvo dos votos. Lira pidió elevar el bono agrícola de USD $75 a USD $200, una iniciativa que recibió tres votos de un pleno conformado por 60 legisladores.