La reciente aprobación de una reunión consultiva de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), respaldada por 29 países miembros, marca un punto de inflexión en la postura de la región frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, según el análisis de especialistas consultados por el medio Artículo 66. Esta convocatoria, que todavía no cuenta con una fecha ni agenda definida, se interpreta como una clara señal de cambio y posicionamiento regional, superando incluso la presión internacional generada durante las protestas cívicas de 2018.
El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields Yescas, declaró a Artículo 66 que “se puede esperar una presión como nunca antes la ha visto el régimen”, haciendo referencia tanto a posibles decisiones colectivas como a medidas unilaterales que podrían ser adoptadas por los cancilleres. McFields enfatizó que el contexto político latinoamericano actual, con una mayor presencia de gobiernos de derecha y la influencia de Donald Trump en Estados Unidos, confiere un carácter determinante a cualquier resolución que emane de esta reunión.
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En el proceso de votación, Brasil fue el único país que se opuso a la reunión mientras que México optó por la abstención. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, justificó la postura de su gobierno afirmando que la decisión está fundamentada en los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Sheinbaum explicó que, independientemente de la opinión del representante ante la OEA, Alejandro Encinas, su gobierno debía actuar conforme a la Constitución, lo que llevó a la abstención.
Sin embargo, McFields Yescas criticó esta postura desde su cuenta de X (antes Twitter), señalando que México en años anteriores sí intervino activamente en asuntos de otros países, como la defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en 2017, el asilo a Evo Morales en 2019 y en 2024 al desconocer el resultado electoral en Venezuela.
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El diplomático recordó también decisiones históricas del consejo de cancilleres de la OEA, como la expulsión de Cuba en 1962 y la solicitud de renuncia a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Según McFields, los 29 votos a favor de la consulta (emitidos el 19 de agosto de 2026) representan apenas el inicio de una serie de acciones que podrían cambiar el rumbo político de Nicaragua. “Cuando venga la historia más adelante va a ser parte del recuerdo de cómo cayó la dictadura, van a ser partes pivotales, lo que vimos ayer nunca se había visto antes con el régimen de Ortega, ni siquiera con las protestas de 2018, lo mejor está por venir”, afirmó.
Por su parte, Félix Maradiaga, presidente de la Ruta del Cambio y ex preso político, manifestó a Artículo 66 que la activación de los artículos 61 a 63 de la Carta de la OEA implica un reconocimiento formal de que la situación en Nicaragua constituye un problema urgente y de interés para todo el hemisferio. “Esa determinación es, en sí misma, significativa. Ahora corresponde elevar el nivel de exigencia”, explicó Maradiaga.
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El opositor subrayó que la oposición en el exilio continúa solicitando medidas de presión diplomática contra la dictadura, la cual busca modificar la Constitución Política para eliminar las elecciones libres y prolongar los mandatos presidenciales a siete años. Sin embargo, Maradiaga aclaró que no están llamando a la intervención militar ni al uso de la fuerza, diferenciándose de la acción unilateral que Estados Unidos realizó en enero pasado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un bombardeo en Caracas y ciudades cercanas.
“No pedimos intervención ni uso de la fuerza. Pedimos que el hemisferio ejerza la diplomacia en su sentido más noble: proteger el derecho del pueblo nicaragüense a decidir por sí mismo y evitar que una familia sustituya a la soberanía popular”, expresó Maradiaga a Artículo 66.
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El dirigente también destacó que han presentado a las cancillerías una propuesta de transición democrática ordenada, pacífica y temporal, que incluye una junta de transición, un proceso constituyente y elecciones en un plazo definido. Señaló que no se trata de un plan cerrado ni exclusivo de un grupo, sino de un punto de partida abierto al diálogo. Maradiaga enfatizó que la OEA, al no ser un estado supranacional, depende de la voluntad de los gobiernos miembros para actuar.
Finalmente, insistió en que la reunión de cancilleres ofrece una oportunidad única para que la crisis nicaragüense sea abordada con un nivel excepcional de responsabilidad hemisférica. “Confiamos en que los cancilleres estarán a la altura de esa responsabilidad histórica”, concluyó Maradiaga ante el mismo medio.
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