Fue un acto solemne en el Museo Reina Sofía en octubre de 2023. Yolanda Díaz llevaba su vestido rojo fetiche, que, junto con uno blanco, suele reservar para las grandes ocasiones.
Aquel día, la vicepresidenta segunda y Pedro Sánchez firmaron un acuerdo de 47 páginas con el programa que PSOE y Sumar desarrollarían durante la legislatura.
La página 16 no dejaba lugar a dudas: "Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035".
Tres años después, ese compromiso queda en papel mojado después de que el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, haya decidido alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz al menos hasta 2030. Pese a que Sumar exigía que se ejecutase en 2027.
Ahora, la prórroga puede prolongar la vida útil de otras centrales como Cofrentes o Ascó. Una medida que, admiten en el ministerio, se tomó sin informar al socio minoritario y que justifican por "razones técnicas".
Pese al incumplimiento del pacto de Gobierno, la coalición de Díaz optó este viernes por publicar un comunicado en el que "exigen" mantener el calendario de cierre acordado y manifiestan su "más absoluta disconformidad" ante una decisión que supone "una profunda ruptura" del "compromiso con la ciudadanía".
Pero sólo uno de los cinco ministros de Sumar salió públicamente a hacer declaraciones. Ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ejerce de cerebro gris en asuntos económicos dentro del socio minoritario, se pronunciaron.
Fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien señaló al Gobierno de Pedro Sánchez por haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica".
Las declaraciones, sin embargo, no parecieron inquietar al PSOE, que optó por guardar silencio y confiar en que su socio terminará asumiendo la prórroga.
Ni en los ministerios de Sumar ni en el grupo parlamentario aclararon si pretenden plantear una ofensiva política contra la decisión, más allá de las declaraciones públicas.
La decisión de Aagesen supone respaldar la propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear y atender las reclamaciones que desde Extremadura, incluida su presidenta, María Guardiola, venían realizando desde hace meses.
De hecho, en las últimas elecciones autonómicas, celebradas en diciembre, el PP arrasó en Almaraz con el 46% de los votos. Vox obtuvo un 23,37%, el PSOE quedó tercero con un 17% y la coalición de Sumar, Podemos e IU se quedó en un 9,42%.
Un varapalo, por tanto, para las formaciones que defendían el cierre de la central y una victoria para quienes reclamaban su continuidad.
Pero Almaraz no es un episodio aislado. PSOE y Sumar han protagonizado durante la legislatura una decena de choques sobre asuntos centrales de la acción del Gobierno, sin que hasta ahora ninguno haya provocado la ruptura de la coalición.
El más grave se produjo cuando los ministros de Sumar se negaron a entrar en un Consejo de Ministros porque el PSOE no quería incluir el decreto de vivienda que reclamaba su socio, pese a que finalmente la medida fue tumbada en el Congreso.
En la escala de decibelios, uno de los enfrentamientos más sonados llegó con la reducción de la jornada laboral, que enfrentó a Yolanda Díaz con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que llegó a calificar de “mala persona”.
El registro horario volvió a enfrentar a ambos ministerios. También chocaron por la compra de armas a Israel y por el aumento del gasto en Defensa, donde los socialistas optaron finalmente por seguir adelante pese a las reticencias de Sumar.
Algo similar ocurrió cuando Sánchez decidió de forma unilateral cambiar la posición española sobre el Sáhara y respaldar el plan de autonomía marroquí, una decisión que Sumar nunca ha asumido como propia.
También hubo discrepancias sobre la Ley de Industria o en la Ley del Suelo, que tuvo que ser retirada por falta de apoyos pese a estar pactada con el PNV. Y persisten las diferencias sobre el IRPF del SMI, un asunto que, además, no figuraba en el pacto de Gobierno.
Diez pulsos después, Almaraz vuelve a demostrar que la coalición puede sobrevivir a casi cualquier discrepancia, pero también que cada nuevo choque demuestra la inutilidad de Sumar ya que, una vez que pasan las críticas, todas las aguas vuelven a su cauce, aunque se incumpla incluso el acuerdo de Gobierno.