Energía
En la crisis de Ucrania, Moncloa cargó a los Presupuestos Generales el tope de la tarifa regulada (TUR). Esta vez, los beneficiarios contraerán una deuda que tendrán que pagar tarde o temprano
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la sesión de control del pleno del Senado este martes.EFE
Actualizado Jueves, 1 octubre 2026 - 01:50
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En 2022, en el contexto de la crisis de Ucrania, el Gobierno llegó a cargar a los Presupuestos Generales unos 600 millones de euros para contener la subida de la tarifa regulada de gas natural, la TUR (tarifa de último recurso). La entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, animaba a los españoles a pasarse del mercado libre al regulado para pagar menos. El martes pasado, el Ejecutivo volvió a topar la TUR en su tercer real decreto por la crisis de Oriente Medio. Pero esta vez la fórmula ha cambiado: el alivio no lo asumirá el Estado, sino que se convertirá en una deuda que tendrán que saldar los propios beneficiarios, más de 3,1 millones de hogares.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentó la medida como una de las novedades del paquete. Explicó que la TUR habría subido más de un 45% sin intervención. Gracias al tope, no podrá encarecerse más de un 15%. Cuerpo, que cifró el desembolso estatal desde el inicio de la guerra en Irán en más de 12.000 millones, no explicó que el alivio al gas habrá que devolverlo, y con intereses.
«Más que una ayuda, lo que ha hecho esta vez el Gobierno es prorratear la subida», explican fuentes del mercado. Así lo evidencia la letra pequeña del decreto publicado ayer en el BOE. El tope se aplica sobre uno de los componentes del recibo, el que refleja el coste del gas comprado en los mercados internacionales y que pesa en torno a un 30% de la factura. La diferencia entre lo que debería haber subido de forma natural y el importe topado la adelantarán las propias empresas comercializadoras. Si en 2022, era el Estado el que las compensaba, esta vez lo harán los clientes.
Según fuentes del mercado, la diferencia ronda entre 80 y 120 millones solo de octubre a diciembre. Las empresas la recuperarán en las siguientes revisiones de la TUR, más intereses y «sin sujeción a plazo». La realidad es que, mientras quede deuda pendiente, ese componente de la tarifa, en la práctica, no podrá bajar: aunque el gas se abarate, el cliente no lo notará en su factura hasta saldar por completo su deuda.
La nueva fórmula para frenar la subida de la TUR evidencia el escaso margen presupuestario que le queda al Gobierno, que ha vuelto a incumplir el plazo legal para presentar las cuentas públicas por cuarto año consecutivo. Algunas voces ya equiparan la fórmula ideada por Moncloa con el polémico déficit de tarifa, la deuda que se acumuló durante años en el sistema eléctrico y que acabó convirtiéndose en una bola de nieve de 30.000 millones. Es difícil que en el caso del gas se llegue a dicho extremo.
Pero, ¿qué pasa si el gas se abarata en primavera y el consumidor decide cambiar la TUR por un contrato en el mercado libre? Lo que dicta el real decreto es que no hay salida gratis. Quien abandone la TUR antes de amortizar todo el importe a deber tendrá que abonar a su comercializadora la deuda media de su tramo de consumo.
Para garantizar un control, cada comercializadora tendrá que elevar un informe mensualmente, "antes del día 20 del mes siguiente", al Ministerio de Transición Ecológica, concretamente a la Dirección General de Política Energética y Minas. En detalle, las empresas tendrán que informar de cuántos clientes se marchan y cuánto se les factura por ello, lo cobren o no. Además, el Gobierno ha abierto la puerta a aplicar, en última instancia, el régimen de impagos a aquellos consumidores que no cumplan. Es decir, a cortar el suministro a los hogares que no devuelvan la deuda del escudo anticrisis.