Más de una semana después del comienzo de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, la ciudad sigue bajo presión por el volumen de menores no acompañados a los que está acogiendo. El número de niños y adolescentes identificados en la ciudad ha superado de largo las previsiones iniciales y continúa aumentando cada día, según han confirmado diferentes fuentes institucionales. A cierre de la última actualización, son más de 1.300 los menores registrados oficialmente y todavía quedan centenares por identificar y otros cuya localización resulta incierta.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha desplazado a Ceuta para conocer de cerca la situación y ha reconocido abiertamente que “la situación es muy complicada”. En sus palabras, se trata de un “desborde” que obliga a buscar soluciones más allá de los recursos ordinarios de la ciudad. Se han habilitado colegios como centros de acogida temporales, y al menos un centenar de niños han pasado ya la noche ahí.
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Rego ha asegurado que la prioridad ahora es “reforzar el sistema de acogida y avanzar en un modelo de corresponsabilidad entre comunidades autónomas”, al tiempo que admite que el calendario planteado para la coordinación con los gobiernos autonómicos y el traslado de menores no responde a las exigencias de la emergencia sobre el terreno.
El 13 de agosto, se celebrará una Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar la situación de los menores en Ceuta. Aragón, Extremadura y Castilla y León han avanzado ya que no asistirán.
A partir del 16 de agosto, según anunciaba la ministra Rego este viernes, permanecerá en Ceuta un equipo técnico que acelerará la identificación, acogida y posterior traslado de los niños y adolescentes a otras comunidades.
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La ministra ha explicado que la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades autónomas permitirá debatir el reparto de los menores, aunque la reunión no se celebrará hasta finales de agosto y varias comunidades han expresado ya su rechazo. “En esta ocasión será imposible cumplir los plazos”, ha reconocido Rego. El último precedente, en 2025, supuso la derivación de algo más de mil menores en siete meses. Ahora, la cifra se ha incrementado en al menos un 30%, pero el margen de tiempo es mucho menor. Mientras tanto, las ayudas económicas prometidas por el Ejecutivo central no se autorizarán hasta el 25 de agosto.
Sira Rego ha subrayado que el reto más urgente sigue siendo la atención a los menores no acompañados, cuya llegada mantiene los recursos de acogida de Ceuta “al límite”. En su intervención, ha destacado la labor del personal y las entidades sociales que trabajan en los centros de acogida y ha señalado que el Gobierno reforzará los recursos destinados a este ámbito. Para la ministra, la situación actual “pone de manifiesto la necesidad de consolidar un sistema de acogida con capacidad de respuesta ante episodios de elevada presión migratoria, garantizando en todo momento el interés superior del menor y el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España”.
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A pesar de que la reagrupación familiar se mantiene como objetivo, Rego ha explicado que “muchos niños nos dicen que no quieren volver con sus familias”, algunas de las cuales, según la ministra, se encuentran al otro lado de la frontera en Castillejos.
El aumento de menores ha llevado a sindicatos y comités de empresa a denunciar la saturación y las deficiencias en los centros de acogida. En Melilla, el comité del centro de menores La Purísima ha alertado de una situación de “colapso, masificación y desamparo institucional”. Según el comité, “la plantilla actual solo puede cubrir las necesidades básicas de alimentación y techo”, y las condiciones higiénicas han derivado en “una falta extrema de salubridad”, lo que supone “un riesgo alto de brotes de enfermedades infectocontagiosas, como la sarna”. Además, han denunciado que la situación en el módulo de primera acogida roza condiciones inhumanas, donde niños de apenas 11 y 12 años conviven junto a jóvenes de casi 18 años.
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En Ceuta, Comisiones Obreras ha reclamado el refuerzo “inmediato” de la plantilla de vigilancia en los centros de menores, señalando que hay un “colapso y hacinamiento” que complica la labor diaria de los vigilantes. Según sus datos, los centros Nueva Esperanza, Aljarafe y Triana presentan ocupaciones muy superiores a su capacidad: “Nueva Esperanza tiene 230 menores, Aljarafe 400 y Triana 200”. El sindicato alerta de que “es imposible pretender garantizar el orden, la integridad física y la custodia de los menores en situación de vulnerabilidad” con los actuales recursos.
Por su parte, Save the Children ha avisado en un comunicado del “grave riesgo” de que menores queden fuera del sistema de protección. La organización señala que la prioridad debe ser que “ningún niño o niña quede sin protección. Todos los menores de edad deben ser identificados cuanto antes y trasladados a un recurso seguro donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial”, afirma Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de la entidad. Save the Children también ha mostrado preocupación por la situación de las niñas migrantes, que pueden estar expuestas a “agresiones sexuales, trata y explotación”, y reclama que “la identificación de las niñas se realice de manera activa y urgente y que todas sean derivadas a espacios seguros”.
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El grupo parlamentario Más Madrid ha registrado en la Asamblea una propuesta para que se cree un Fondo Europeo Permanente destinado a la acogida, protección e inclusión de menores migrantes no acompañados. Según la formación, este instrumento debe asegurar una financiación “suficiente y estable” en aquellos territorios que afrontan situaciones de emergencia migratoria como, señalan, ha sucedido recientemente en Ceuta.
La iniciativa, presentada en forma de Proposición No de Ley, insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a trasladar esta petición al Ejecutivo central. Más Madrid reclama a la administración autonómica que garantice “siempre” el interés del menor y que las acogidas y traslados asignados se realicen “de manera inmediata, leal y efectiva”, en línea con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000.
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En el documento, el grupo solicita también al Ejecutivo regional que abandone cualquier recurso judicial que busque “impedir o retrasar” la acogida de estos menores. Además, exige la aprobación de un Plan Autonómico de Contingencia en el plazo máximo de tres meses, dotado de los recursos necesarios “para garantizar una atención digna y adecuada”.
Entre las medidas planteadas, Más Madrid propone suscribir con Ceuta un Convenio Marco de Cooperación Institucional para la Protección de la Infancia y Adolescencia Migrante, con protocolos comunes de actuación, apoyo técnico y programas de escolarización, educación e inclusión social. Asimismo, solicita la creación de una Comisión Mixta de Cooperación Comunidad de Madrid-Ciudad Autónoma de Ceuta, encargada del seguimiento, la evaluación y el desarrollo de dicho convenio.
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