El magistrado Juan Carlos Peinado ha mantenido el guion marcado y, tras volver de unos días de vacaciones, ha comunicado que ha decidido enviar al banquillo a Begoña Gómez y a su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez. Tras conseguir el pasado julio el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para procesar a la esposa de Pedro Sánchez por delitos de tráfico de influencias y malversación, el juez instructor ha firmado este septiembre la resolución de apertura de juicio oral con jurado contra la pareja del presidente del Gobierno y su ayudante. El sumario pasará ahora al tribunal superior para que pueda fijar fecha para celebrar la vista. La Fiscalía y las defensas reclaman la absolución. La acusación popular liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír exige 13 años de prisión para Gómez.
Peinado pone así punto final a una cuestionada instrucción de más de dos años. En abril de 2024, aceptó una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y emprendió entonces una expansiva investigación. Decenas de testigos (incluido el propio Sánchez y Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) han declarado en este tiempo ante el juez, que llegó a atribuir hasta cinco delitos a la esposa del líder socialista. De hecho, en junio de este año, el magistrado abrió juicio oral a Gómez por cuatro de ellos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida); pero la Audiencia invalidó ese paso al anular en julio esos dos últimos delitos.
Esa rectificación obligó a Peinado a rehacer la fase final de su instrucción y ha tenido que volver a convocar la audiencia preliminar prevista en la ley como paso previo necesario para poder abrir juicio oral con jurado. En ese acto, celebrado el 8 de septiembre, las partes quedaron a la espera de conocer la decisión comunicada este lunes por el juez, al que reiteraron de nuevo sus posiciones: las defensas y la Fiscalía reclamaron el archivo del sumario; y la acusación popular, que se abriera juicio oral. Además, el nuevo abogado de Gómez, Jaime Campaner, expuso que el escrito de acusación de Hazte Oír contenía “graves defectos” técnicos, incompatibles con la ley e “insubsanables” a estas alturas del procedimiento; por lo que, según añadió, no podía aceptarse y, como no existe otra acusación, debía darse carpetazo definitivo al sumario.
Sin embargo, el magistrado no acepta la pretensión del letrado: “Se desestima la alegación de ineficacia del escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular”, escribe Peinado, que se jubila esta misma semana —cumple 72 años el próximo domingo 27 de septiembre, la edad máxima prevista en la ley para ejercer—. En esa línea, desde el verano, las defensas daban por hecho que Peinado pisaría el acelerador para enviar al banquillo a Gómez antes de dejar la carrera.
La tesis que el magistrado lleva a juicio es que Begoña Gómez se aprovechó de su condición de esposa del presidente para extender una red de influencias para proyectar su carrera profesional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió una cátedra extraordinaria —en cuyo seno se desarrolló un software gracias al apoyo de empresas como Google e Indra—. Además, según el magistrado, la pareja de Sánchez se valió del apoyo de su asistente en La Moncloa, que la ayudó con sus trabajos privados: “Cristina Álvarez no actuaba como mera acompañante ocasional, sino como asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica de Gómez, pese a tratarse de actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”.
A lo largo de su resolución, de 67 páginas y fechada este lunes, Peinado expone su teoría y repite frases calcadas de dictámenes anteriores. Entre ellas, la que asegura que no se puede encontrar una supuesta trama de corrupción como esta desde “el reinado de Fernando VII”. “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, asevera el magistrado. E incide: “Tras la investidura de Pedro Sánchez se produce un cambio radical en la trayectoria de Begoña Gómez”.
“Una instrucción arbitraria”
Tras conocerse este último paso de Peinado —que las partes ya esperaban—, el Gobierno ha cargado de nuevo contra el magistrado. Fuentes de La Moncloa han “condenado” la decisión de abrir juicio oral a Gómez. “Durante toda la instrucción, ha quedado clara y demostrada su inocencia y estamos seguros de que así quedará también demostrado en el juicio. Mantenemos nuestra plena confianza en que el jurado será ecuánime e impartirá justicia”, han expuesto estas fuentes, que remachan: “Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta, que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”.
Por su parte, el PP ha arremetido contra la pareja del líder socialista. “La hora de las responsabilidades se acerca”, ha comentado Alicia García, portavoz de los populares en el Senado. Miguel Tellado, secretario general de los conservadores, ha apuntado en la misma dirección: “Señores socialistas, los jueces no son fachas ni persiguen al Gobierno. Hacen su trabajo y aplican la ley. Y sí, la mujer del presidente puede trabajar; lo que no puede es aprovecharse de su condición para medrar y conseguir lo que nunca obtendría por méritos propios”.
Contra la decisión de Peinado de este lunes no cabe recurso y, de no producirse un sorpresivo giro de última hora, Begoña Gómez se convertirá en la primera esposa de un presidente del Gobierno en sentarse en el banquillo de los acusados. En su escrito de defensa, su abogado sostiene que ella no se aprovechó de su condición de pareja del jefe del Ejecutivo; ni influyó en los cargos de la universidad, en autoridad o funcionario alguno para conseguir la creación de la cátedra bajo sospecha; ni obtuvo ningún beneficio económico.
Pero el propio Peinado utiliza este nuevo dictamen para responder a las explicaciones de la imputada. “En esta fase del procedimiento no puede darse verosimilitud a las tesis de la defensa de la acusada”, argumenta el instructor, que parafrasea a la Audiencia de Madrid: “Está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó: prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios másteres insertos en la cátedra, lo que disparó sus ingresos por ese concepto de forma exponencial”. Aunque el propio tribunal provincial admitió en julio que, como máximo, Gómez cobró 14.900 euros en un curso académico (el 2021/2022) por su labor docente en los másteres, y en alguno no llegó ni a los 800. Y la Fiscalía apostilló que percibió “cero euros” por la cátedra.
Fianza descartada
Paralelamente, Juan Carlos Peinado ha rechazado imponer una fianza a Gómez y Álvarez antes de la futura vista oral con jurado, como así solicitó Hazte Oír. En cambio, el magistrado sí acepta que se recaben las “cinco últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” (IRPF) de la esposa del presidente, con el objetivo de “averiguar” su “capacidad económica” de cara al cálculo de posibles sanciones económicas que le pueda imponer el tribunal que la enjuicie —de considerarla culpable—.
La Universidad Complutense de Madrid, que está personada como perjudicada, reclama 113.000 euros.