El brigadier general Federico Mejía fue imputado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por cuatro delitos relacionados con la liberación de un hombre detenido con más de cuatro kilos de pasta base de cocaína en El Plateado, Cauca, el 31 de enero de 2024.
En la misma diligencia, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación solicitaron intervenir como víctimas, una condición que deberá definirse formalmente si el proceso alcanza la etapa de acusación.
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“Se va a permitir la participación en calidad de víctimas del Ministerio de Defensa, que ha hecho esa solicitud, y también la Fiscalía General de la Nación. Pero el reconocimiento formal se llevará a cabo ante el respectivo juez de conocimiento en la audiencia de formulación de acusación, en la eventualidad de que se llegue a esa etapa”, dijo el magistrado que lleva el caso.
La investigación se originó durante la Operación Perseo, el plan militar dirigido contra las economías ilícitas del cañón del Micay, una zona del Cauca con presencia de grupos armados ilegales.
El entonces comandante del Comando Específico/Especial Conjunto del Cauca, conocido como Cecau, habría ordenado que el capturado y la sustancia incautada regresaran al lugar donde había sido detenido.
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El magistrado que preside la audiencia autorizó la participación inicial de ambas entidades, aunque aclaró que el reconocimiento formal como víctimas corresponde al juez de conocimiento durante la audiencia de formulación de acusación. Un delegado de la Fiscalía se presentó para representar al ente acusador en ese componente del proceso.
Durante la audiencia del caso, el general Francisco Mejía rechazó los cargos que le fueron imputados y negó cualquier responsabilidad en el proceso.
El magistrado le explicó que el reconocimiento de sus derechos y garantías implicaba que aceptar la imputación conllevaría automáticamente una condena. Luego le preguntó al imputado Federico Alberto Mejía Torres si aceptaba los cargos. “Honorable magistrado, no, no acepto ninguno de los cargos que se me han imputado”, respondió Mejía.
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Sin embargo, a pesar de las declaraciones del oficial, la Fiscalía dio a conocer que el general Federico Mejía podría ser condenado a una pena de hasta 18 años de cárcel por haber dispuesto la libertad de un supuesto narcotraficante en el departamento del Cauca en 2024.
El procedimiento comenzó a las 8:30 a. m. del 31 de enero de 2024, cuando el soldado Jonathan Caicedo Gómez detuvo a un hombre que conducía una motocicleta verde sin placas en El Diamante, área rural de El Plateado. El detenido se identificó como Melsiades Guaca Armero y llevaba un bolso negro con una sustancia marrón.
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Guaca Armero manifestó a los militares que transportaba pasta base de cocaína en una cantidad superior a cuatro kilos, de acuerdo con la imputación expuesta por la fiscal Claudia Maritza Vega Merchán. Los uniformados informaron el hallazgo al coronel Iván Darío Castillo, quien había instalado el retén tras una orden de controles impartida por Mejía.
El sargento de inteligencia José David Díaz comunicó lo sucedido al agente del Cuerpo Técnico de Investigación Fernando Mera. El funcionario pidió que se le informaran al detenido sus derechos, mientras la novedad ascendía por la cadena de mando militar.
La Fiscalía General de la Nación sostuvo que el coronel Asdrúbal Herrera Cepeda, comandante de la brigada contra el narcotráfico, informó a Mejía sobre la captura. La fiscal indicó que el general respondió que no disponía de horas de vuelo para trasladar al hombre a Popayán.
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Pese a ello, Herrera adelantó gestiones para cumplir con la obligación de poner al detenido a disposición de las autoridades judiciales. La Brigada de Aviación 33 del Ejército aportó el apoyo aéreo necesario y el capturado fue llevado a la capital del Cauca.
La fiscal relató que, una vez concretado ese traslado, Mejía ordenó telefónicamente el retorno inmediato del hombre y de la sustancia incautada: “El general impartió de manera directa y vía telefónica una orden al coronel Herrera para que el capturado y la sustancia estupefaciente fueran retornados inmediatamente al lugar donde se había producido la captura”.
La orden se ejecutó durante la tarde con el apoyo de dos aeronaves que se encontraban en Cali. El capturado fue devuelto a El Plateado y entregado a su esposa y a una concejal de Argelia, Cauca.
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El ente acusador considera que la detención ocurrió en flagrancia y que, por esa razón, no correspondía ordenar su retorno al municipio. También cuestiona que inicialmente se hubiera alegado la falta de aeronaves para trasladarlo a Popayán, pero luego se hubiera conseguido apoyo aéreo para devolverlo al sitio de la captura.
La hipótesis judicial atribuye a Mejía los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Para la Fiscalía, la decisión de liberar al detenido no tuvo respaldo legal y lo habría beneficiado.
Las actuaciones posteriores también forman parte de la investigación. Cuando comenzaron verificaciones administrativas y disciplinarias dentro de las Fuerzas Militares, el oficial habría incorporado en documentos públicos información que no se ajustaba a los hechos examinados, una conducta que sustenta los cargos por falsedad ideológica y fraude procesal.
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La defensa del general podrá controvertir los elementos probatorios y presentar sus argumentos durante las siguientes etapas. La imputación no equivale a una condena: la justicia deberá establecer si las decisiones atribuidas al oficial constituyeron delitos y si existe responsabilidad penal.
Por su rango, el expediente se tramita bajo el fuero aplicable a los generales de la República. La Fiscalía presentó el caso ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá determinar el curso procesal de la causa.
Mejía sostuvo que la devolución se produjo en un escenario de tensión, ante el riesgo de una posible reacción de la comunidad en El Plateado. Esa explicación será contrastada con las pruebas reunidas, las circunstancias del operativo, el despliegue militar empleado y la cantidad de uniformados que participaron.
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El Ejército anunció posteriormente la salida del general del Centro de Educación y Doctrina para asumir un cargo administrativo en el Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares, sin funciones directas de comando o dirección. La fiscal Vega señaló, durante la imputación, que Mejía era comandante del Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército.
El 19 de octubre de 2025, un año y nueve meses después del operativo, Federico Mejía explicó al entonces comandante del Ejército los motivos que, según su versión, lo llevaron a ordenar el retorno de Melsiades Guaca Armero.