El 4 de octubre elegiremos 13,148 autoridades. El 1 de enero todas asumen: los 25 gobiernos regionales y las 1,892 municipalidades del país estrenan titular el mismo día. Cuatro semanas antes de esa fecha –según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (ENFEN)–, en la costa norte ya habrá empezado a llover.
Ese es el problema. El ENFEN le asigna hoy 41% de probabilidad a un FEN costero extraordinario y 43% a uno fuerte. Sumados, más de ocho de cada diez escenarios. El verano del 2027 sería el más difícil desde el 2017, y coincidirá exactamente con la primera semana de gestión de cada autoridad subnacional.
Sabemos lo que viene porque ya lo vimos. El economista Juan Carlos Odar lo resumió hace algunos días: el golpe directo va al agro y a la pesca, y detrás llegan las carreteras cortadas, los puentes bloqueados, el transporte, el comercio, los restaurantes. A eso se suman dos incentivos que se cruzan mal: la autoridad saliente no tiene razón para ejecutar prevención que capitalizará otro. El entrante todavía no sabe dónde está el expediente.
Se suman dos incentivos que se cruzan mal: la autoridad saliente no tiene razón para ejecutar prevención que capitalizará otro. El entrante todavía no sabe dónde está el expediente". (Foto: Presidencia)
Y no es una intuición porque tenemos pruebas. En el 2019, primer año de las autoridades electas en el 2018, la inversión de los gobiernos locales cayó 14.8% y cerró en S/ 12,416 millones. En el 2023, primer año del ciclo actual, volvió a caer: 10.7%, de S/ 20,218 millones a S/ 18,059 millones. Contextos distintos, gobiernos distintos, el mismo resultado. La diferencia es que esta vez la caída llegaría con el agua encima.
El debate de siempre es si los electos estarán preparados. Casi nunca lo están, y no hay forma razonable de exigir que lo estén: son autoridades políticas, no ingenieros de defensas ribereñas. La pregunta que importa es otra. ¿Por qué el Estado peruano depende de que lo estén?
En un país con carrera pública, el 1 de enero cambia el gobernador y sigue el gerente de infraestructura. Cambia el alcalde y sigue quien conoce el sistema de drenaje, el estado de los puentes, la quebrada que se activa cada verano, el expediente técnico que quedó a medio camino. La autoridad electa fija el rumbo. El servidor de carrera garantiza que el barco no se detenga mientras tanto. Nosotros hacemos lo contrario. Cada cambio de gestión trae una purga: se van los que saben, entran los que llegan con la campaña y la memoria institucional termina en un archivador que nadie abre.
Vale precisar de qué carrera hablamos, porque hay una objeción previsible (y además, válida): hay países con servicio civil consolidado que también fallan en emergencias, y la estabilidad laboral sin exigencia no produce capacidad, produce inamovilidad. No se trata de eso. Se trata de la carrera meritocrática: ingreso por concurso público, evaluación periódica de desempeño, ascenso ligado a resultados y salida del que no cumple. Estabilidad frente al cambio político, no frente a la evaluación. Lo que tenemos hoy es lo peor de los dos mundos, porque no exigimos mérito para entrar ni ofrecemos continuidad para quedarse.
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Tampoco es un problema de personas sino de diseño. Hay 1.6 millones de trabajadores públicos repartidos en regímenes distintos, buena parte de ellos con vínculos temporales que se renuevan, o no, al ritmo de la política local. La Ley del Servicio Civil cumple trece años y el tránsito sigue incompleto, sobre todo en municipalidades, que es justamente donde se ejecuta la obra que ahora hace falta.
El BID describe la transición de gobierno en tres etapas: el cierre ordenado del saliente, el empalme entre la elección y la asunción, y los primeros cien días. En el Perú la primera casi no existe, la segunda es un trámite y la tercera se consume repartiendo cargos. Este año no hay margen para eso. Entre el 4 de octubre y el 1 de enero hay ochenta y ocho días, y son los mismos días en que empiezan las lluvias.
Se puede hacer algo ahora y tomar algunas medidas. Por ejemplo, un empalme obligatorio y estandarizado, con formato único: cartera de proyectos en ejecución, puntos críticos identificados, quebradas y defensas ribereñas, presupuesto comprometido, contratos vigentes. También podría haber protección contractual hasta abril para los equipos técnicos de prevención que ya están trabajando, de modo que la transferencia política no afecte la respuesta operativa. Y se requiere una decisión clara sobre qué intervenciones asume directamente el gobierno nacional, porque no podemos esperar a que alguien aprenda el cargo.
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Pero la verdad de las cosas, esto solo es un parche, y conviene decirlo con todas sus letras. Lo haremos otra vez en el 2030, y en el 2034, mientras el Estado se siga desmontando cada cuatro años en cada una de las 1,892 jurisdicciones del país. Completar el tránsito al servicio civil, empezando por las municipalidades y por los cargos técnicos que sostienen la inversión, no es una tarea administrativa que pueda seguir postergándose una década más. La carrera pública suena a debate de especialistas. En la práctica, es una forma de defensa civil.
Nuria Esparch es experta en gestión pública