La informalidad laboral incluye cualquier actividad o empleo remunerado que opera al margen de las leyes, sin contratos, registro fiscal ni protección social para el trabajador. Esta situación impide que una persona, pese a trabajar, logre una pensión porque no cotiza de manera formal.
Para contrarrestarla, el Ministerio del Trabajo y la Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) presentaron una hoja de ruta con 30 propuestas para llevar a trabajadores y empresas a la formalidad. En el encuentro, la ministra Natalia López anunció una mesa de trabajo con el sector productivo, en un escenario marcado por una informalidad del 54,5% entre los ocupados y del 83,2% en las zonas rurales, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
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Aliadas propuso:
- Aportes proporcionales al ingreso real y al tiempo trabajado.
- Esquemas simplificados.
- Integración entre tributación y seguridad social.
- Herramientas digitales y medidas diferenciadas para independientes, microempresas, asalariados rurales, jóvenes, mujeres con responsabilidades de cuidado y adultos mayores.
Al respecto, López Fuentes dijo que el Gobierno analizará cuáles de esos 30 caminos pueden convertirse en acciones viables para ampliar la protección social y abrir más opciones de empleo formal.
Dicho estudio, denominado “Los caminos hacia la formalidad: una propuesta de Aliadas”, fue presentado el 8 de septiembre de 2026 con apoyo de la Universidad del Rosario, fue expuesto ante el vicepresidente José Manuel Restrepo, congresistas, empresarios, gremios y líderes de opinión.
Durante la jornada, la ministra del Trabajo planteó el alcance de la respuesta oficial al diagnóstico. “Las cifras nos muestran la dimensión del desafío y nos convocan a trabajar unidos. Desde el Ministerio del Trabajo tenemos la responsabilidad de promover la formalización y construir puentes entre trabajadores, empresarios y Estado. Recibimos estos 30 caminos como un aporte valioso para el diálogo y analizaremos cuáles pueden traducirse en acciones viables que amplíen la protección social y generen mejores oportunidades para los colombianos”, anotó.
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Añadió que la articulación entre el Estado y el sector empresarial busca pasar del diagnóstico a la acción. Según el planteamiento, la cartera seguirá promoviendo ese trabajo conjunto con el trabajador como centro de la transformación.
La propuesta se hizo en medio de una mejora en la reducción del desempleo nacional, que bajó a 8,1% en julio de 2026 frente al 8,8% registrado en 2025. Aliadas sostuvo que esa caída no resolvió los problemas de calidad del empleo, protección social y productividad que siguen afectando a una parte amplia de los trabajadores.
El gremio que preside María Claudia Lacouture puso el foco sobre el tipo de inserción laboral y no solo sobre la cantidad de ocupados. “Estas cifras confirman que crear ocupación no es suficiente. El verdadero reto es lograr que el trabajo permita construir protección, experiencia verificable, productividad y mejores oportunidades a lo largo de la vida”, anotó.
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De acuerdo con la hoja de ruta:
- 54,5% de los ocupados estaba en la informalidad en el trimestre abril-junio de 2026.
- La proporción subía a 83,2% en los centros poblados y el área rural dispersa, mientras que en las 13 principales ciudades llegaba a 40,7%.
- La desagregación por tipo de ocupación mostró brechas todavía más marcadas. La informalidad alcanzó a 82,4% de los trabajadores independientes y a 94% de los trabajadores rurales no asalariados, mientras que entre los asalariados fue de 25,4%.
- El problema está en el tamaño de las unidades productivas. La tasa llegó a 84,5% en las microempresas y cayó a 2,1% en las grandes compañías.
- A ese panorama se suman dos datos sobre permanencia y costos: 75% de quienes entran a la informalidad permanece en ella y que, para una microempresa, formalizarse puede costar hasta 45% más que operar sin registro.
María Claudia Lacouture afirmó que las respuestas no pueden ser uniformes para situaciones laborales distintas. “La informalidad no se reduce con una sola ley ni aplicando la misma obligación a realidades distintas”, adujo.
Dentro de las medidas priorizadas aparecen:
- Aportes proporcionales al ingreso real y al tiempo trabajado.
- Una hoja de vida verificable para independientes.
- Certificaciones rápidas de competencias y esquemas simplificados que integren tributación y seguridad social.
- Preservar el carácter educativo de los contratos de aprendizaje.
- Establecer bonos fiscales diferidos para pequeñas empresas.
- Acceso al crédito, la tecnología y la digitalización
- Registro de jornadas laborales en el campo.
- Ampliación de la protección frente a riesgos de trabajo.
Aliadas planteó que las acciones deben ajustarse al perfil de cada grupo afectado. Distinguió entre independientes, microempresas, asalariados rurales, jóvenes, mujeres con responsabilidades de cuidado y adultos mayores.
Entre las iniciativas institucionales, la organización propuso crear una mesa técnica con representantes del Gobierno, el Congreso y los sectores productivos. Esa instancia tendría la tarea de:
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- Priorizar medidas.
- Diseñar programas piloto.
- Identificar los instrumentos jurídicos necesarios.
- Definir indicadores para evaluar resultados.
Durante la presentación, la ministra se comprometió a convocar las mesas de trabajo la semana del 14 al 18 de septiembre. La expectativa de Aliadas es que ese espacio permita convertir las recomendaciones en decisiones aplicables y con plazos definidos.
La hoja de ruta fijó además un criterio para medir cada propuesta. Cada una debe precisar qué cambio busca, por qué vía se implementará, quién será responsable y en qué plazo podría mostrar resultados.
Según el documento, varias acciones podrían activarse en un período de tres meses. Otras de mayor alcance exigirán acuerdos políticos, recursos y cambios normativos, en un proceso que Restrepo vinculó con la reactivación económica al afirmar que “no hay una ‘patria milagro’ donde no haya caminos en materia de formalización”.
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La apuesta planteada en Bogotá parte de una idea de fondo: la formalización no avanzará al mismo ritmo ni con el mismo instrumento en todos los sectores. Gobierno y empresarios buscarán ahora traducir esa lógica en decisiones distintas para problemas también distintos.