Un joven de 26 años tuvo que ser socorrido por efectivos de la Policía cuando un grupo de personas intentó agredirlo en la esquina de López y Planes de la localidad de Apóstoles, acusándolo de haberlos estafado.
El conflicto se generó a partir de un supuestio trámite laboral que el sospechoso les estaba facilitaba por una propuesta laboral en Brasil. Para esto, varias personas le depositaron dinero. Sin embargo, la gestión nunca se concretó.
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Los efectivos de la Comisaría Primera misionera se toparon con la situación cuando realizaban recorridas preventivas por la zona. Alrededor de las 19.50 observaron que ocho individuos se abalanzaban sobre David R. por lo que intervinieron de inmediato, separaron al grupo y resguardaron al joven, quien posteriormente fue trasladado a la dependencia policial.
Según la información a la que pudo acceder el medio local El Territorio, dos jóvenes de 18 y 22 años lo habían denunciado formalmente por cobrarles dinero para ayudarlos con los papeles necesarios para moverse en Brasil, incluido los supuestos empleos. La suma que le habían transferido al acusado superaba los 10 mil pesos.
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Los denunciantes indicaron que el dinero estaba destinado al CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), un documento requerido para distintas gestiones en territorio brasileño. Los jóvenes sostuvieron que, tras recibir los fondos, el hombre no cumplió con lo acordado, lo que derivó primero en un reclamo y luego en un intento de agresión.
Ahora, aguardan a que David R. sea notificado de la instrucción de una causa por estafa. Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar si existen otras personas damnificadas más allá de los dos denunciantes identificados hasta el momento.
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Un hombre fue imputado en Salta por estafar a más de cien personas con falsas promesas de empleo en el Poder Judicial, según informó la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía salteña. El acusado se presentaba ante las víctimas como licenciado en Psicología y aseguraba tener vínculos con ese organismo para gestionar ingresos laborales como secretarias en la Ciudad Judicial.
La maniobra, difundida a través de redes sociales y WhatsApp, incluía el cobro de $40.000 pesos por persona para tramitar certificados de antecedentes. Además, el imputado solicitaba currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal con el pretexto de armar un supuesto legajo.
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Tras entregar el dinero y los papeles, las víctimas recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios pre-ocupacionales. La postergación sistemática fue la primera señal de alarma: al acercarse al área de recursos humanos del Poder Judicial de Salta, las denunciantes confirmaron que no existía ninguna convocatoria abierta y que el acusado no trabajaba allí.
La UDEC formalizó la imputación en audiencia a través del auxiliar fiscal Pablo Nieva. El acusado se negó a declarar y, por vía de su defensa oficial, solicitó que la causa sea derivada a mediación penal. La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas en cuatro hechos en concurso real. La investigación se inició a partir de denuncias radicadas entre mayo y junio de este año
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Entre los elementos reunidos figuran conversaciones de WhatsApp, un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y publicaciones oficiales del Poder Judicial. Ante el alcance del fraude, el organismo instó a la ciudadanía a verificar cualquier búsqueda de empleo exclusivamente a través de los canales oficiales y a desconfiar de todo pedido de dinero como condición para iniciar trámites laborales.